El etiquetado, la clave para desmontar los fraudes alimentarios

A menudo, los ciudadanos no son conscientes de los derechos que tienen como consumidores. Una circunstancia que, en ocasiones, favorece que estos sufran abusos por parte de empresas de diversos ámbitos. Uno de ellos es el de alimentación donde, además de los casos de alimentos en mal estado –carne mechada contaminada con listeria, vacas locas, gripe aviar...–, existen otros tipos de fraudes que tienen que ver con aspectos como los precios de los productos, el etiquetado de los mismos o los tipos de alimentos que se consumen, y que se producen habitualmente tanto en los comercios como en los establecimientos de restauración.

Uno de los últimos casos más llamativos del país se descubrió en febrero de 2018. En el conocido como fraude del pescado, el Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales, tras analizar las muestras de 53 restaurantes madrileños puso de manifiesto que pedir un pescado en un establecimiento y recibir otro no es una práctica aislada. Así, el 28,12% de estas resultaron no corresponder al pescado que figuraba en el menú. Una práctica que conlleva riesgos a varios niveles pues, además del fraude económico –al cobrarse el plato por encima de su precio–, puede causar problemas de salud para los consumidores –como en casos de alergias– e incluso para la conservación de las especies implicadas. Sin embargo, recibir en un restaurante un pescado que no coincida con el que se ha pedido no siempre es culpa del establecimiento, pues a sus responsables se lo puede haber vendido fraudulentamente el distribuidor que, a su vez, lo ha podido adquirir mal etiquetado por parte del fabricante o incluso del pescador.

Una situación que lleva a otro de los grandes problemas en este sentido: el etiquetado de los productos. Confuso, ambiguo, engañoso o, directamente, imposible de entender son algunos de los calificativos que se le suelen dedicar. Buena parte de la ciudadanía no comprende con claridad qué es lo que pone en las etiquetas de los alimentos que se lleva a la boca. Una cuestión cada vez más criticada por las asociaciones de consumidores y sobre la que Alberto Garzón, responsable del ministerio de Consumo –que por primera vez tiene a esta área como única protagonista de su nomenclatura– declaró recientemente que se marca como uno de los principales retos del departamento una mejora en el etiquetado para permitir al consumidor "saber si lo que consume perjudicará gravemente la salud", para lo que se coordinará con los ministerios de Sanidad y Transición Ecológica.

El camino de las reclamaciones

Cuando se detecta un engaño de este tipo, la víctima puede acudir a las oficinas de consumo que las instituciones habilitan para ese fin. Además, las asociaciones de consumidores ocupan un lugar destacado en este sentido, asesorando a estos con el fin de que puedan ejercer plenamente sus derechos en este ámbito y denunciando abusos, fraudes, incumplimientos de la legislación y todas aquellas situaciones que supongan una vulneración de estos derechos.

"Como ha demostrado el reciente caso de la listeriosis, el control de las administraciones es manifiestamente insuficiente. En muchos casos se basa en simples declaraciones responsables de las empresas sin que se estas se completen con inspecciones de los productos", sostiene José Ángel Oliván, secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón). "No es nuestra labor llevar a cabo este control, pero sí reclamarlo cuando no existe y hacer públicas sus deficiencias para conseguir que mejore. Además, somos imprescindibles para acompañar a los consumidores en un trayecto de reclamación que, aunque simple, no es bien conocido", añade Oliván.

El responsable de la entidad destaca que el 41% de las quejas que recibieron en 2019 en esta materia fueron acerca del etiquetado, seguidas de las del peso y el volumen de los productos y de las prestaciones de los servicios. Tras recibir una queja, en Ucaragón se actúa dependiendo de su tipología. No obstante, el protocolo marca que, en primer lugar, sus trabajadores se la han de comunicar a la empresa junto a la reclamación solicitada. Si no es satisfecha, presentan a la dirección general de Protección de Consumidores y Usuarios de la DGA una reclamación vía hoja de reclamaciones, en la que se solicita la intervención de la Junta de Arbitraje de Consumo. El Ejecutivo autonómico puede abrir un expediente sancionador y, si su gestión no es conforme a los deseos del usuario, se abre la vía judicial.

"Si la queja evidencia algún problema sanitario, lo ponemos inmediatamente en conocimiento de la dirección general de Calidad y Seguridad Alimentaria y, en casos de extrema urgencia, requerimos a las fuerzas de orden público", indica Oliván.

En cuanto a las principales deficiencias que la plataforma detecta en materia de consumo alimentario en Aragón, Oliván incide en el etiquetado: "Sigue siendo la asignatura pendiente. Sería necesaria una mayor vigilancia por parte de las inspecciones de Consumo y debería haber más coordinación en estas labores entre las distintas administraciones competentes e incluso entre los departamentos implicados".

Desde Ucaragón apuntan que el mayor problema en este sentido es que a menudo no se conocen los mecanismos de reclamación ni se siguen las actuaciones necesarias para proteger estos derechos. "Todavía es frecuente que no se conserven los tickets o que incluso no se pidan", comenta Oliván. Por ello y para las ocasiones en las que se den estos casos, en la entidad –que mantiene convenios con el Gobierno de Aragón y varios ayuntamientos de la Comunidad– recomiendan acordarse de acumular los medios de prueba necesarios para la reclamación –presupuestos, publicidad, correos, mensajes de móvil y, principalmente, los tickets o facturas del pago. También sirven como pruebas muestras de los alimentos, fotografías, testimonios y partes médicos.

Posteriormente, es conveniente acudir a una Oficina Municipal de Información al Consumidor, a la dirección provincial de Consumo que corresponda o a una organización de consumidores para asesorarse sobre los pasos a seguir.

El papel institucional

En el último año solo el 0,4% de las reclamaciones y consultas realizadas a la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón fueron en esta materia. Esto se traduce en que de las 31.900 llamadas realizadas en 2019 solo 127 fueron derivadas de alimentos, tanto en comercios como en restauración, y la mayoría eran consultas relativas a problemas o dudas con los precios, tal y como informan desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA.

El teléfono gratuito del Gobierno de Aragón al que pueden llamar los consumidores desde el año 2000 es el 900 121 314. Además de este servicio, la labor más importante, y a la que dedican más recursos, es la de formación y divulgación.

Pablo Martínez, director general de Protección de Consumidores y Usuarios, explica que se llevan a cabo programas de formación continua dirigidos a colectivos de consumidores bajo demanda y, además, se realizan talleres de educación del consumidor para jóvenes en institutos de las tres provincias aragonesas. El pasado año se realizaron un total de 30 talleres de etiquetado de alimentación dirigidos a alumnos de la ESO. "El objetivo es concienciar sobre la necesidad de una alimentación saludable ayudando a diferenciar las características del etiquetado y las formas de acceso a la información alimentaria", señala Martínez.

Además de estos programas, en 2019 se llevaron a cabo también 86 talleres de consumo saludable y autoestima para ESO, Bachillerato y Formación Profesional, a los que asistieron un total de 2.234 alumnos, con el objetivo de prevenir trastornos alimentarios y reflexionar sobre estereotipos de belleza poco saludables.

Por otra parte, en la Unión Europea se instauró en 2003 el sistema de trazabilidad que permite hacer un seguimiento del producto durante toda la vida útil de este, dentro de un mercado globalizado. Las normas abarcan el etiquetado, el seguimiento de los riesgos para el medioambiente y la salud. Además de la capacidad, en caso necesario, de retirar los productos.

Uno de los problemas de un mundo tan globalizado como el actual es que el consumidor no llega a conocer las procedencias y procesos que ha seguido un producto, por lo que el etiquetado debe contener la máxima información posible para poder tomar decisiones conscientes en relación a la salud, la ética o el presupuesto. Según el último estudio monográfico realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 70% de los consumidores españoles consulta el etiquetado de los productos de alimentación siempre o casi siempre. Este informe señala que el etiquetado de los alimentos es un aspecto que interesa a los consumidores que, sobre todo, buscan información relativa a la fecha de caducidad, la lista de ingredientes, así como las condiciones de conservación y utilización del producto.

En el caso de Aragón, en una encuesta realizada a escolares de 1º y 2º de ESO en el curso 2018-2019 tras el taller ‘Conocer los alimentos a través del etiquetado’, el 75% de los alumnos aseguraba mirar las etiquetas en las tiendas antes de comprar.

Otra información que quieren conocer los consumidores es el origen de los alimentos. De hecho, el 70% de los alumnos aragoneses encuestados reconoce que se fija en este aspecto y los alimentos en los que más buscan que el origen sea nacional son los productos frescos como pescados, frutas, verduras y carnes. "Enseñamos también a los alumnos cómo discriminar positivamente a los artículos de una Denominación de Origen Protegida de Aragón o productos de kilómetro cero", señala Pablo Martínez.

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