El abrupto final de la legislatura por el adelanto electoral del 23-J ha dejado en suspenso un buen número de obras y proyectos comprometidos por el Gobierno central en Aragón. La puesta en marcha del tren directo Madrid-Teruel, el plan piloto de viviendas públicas de alquiler en zonas rurales de esta provincia, la ampliación del Museo de Zaragoza o la posible llegada de una agencia estatal quedan ahora a la espera del dictado de las urnas.

El adelanto electoral ha cogido a contrapié a todos los ministerios, que confiaban en esta recta final del mandato para cerrar actuaciones a medias antes de diciembre, fecha prevista inicialmente para las generales. Con el cierre en falso del mandato, Aragón mira con incertidumbre promesas como la ampliación del Museo de Zaragoza o la restauración de la iglesia de la mantería de la capital, en materia de cultura. Hace ahora tres meses, el ministro Miquel Iceta visitó la ciudad para firmar un convenio de colaboración con el presidente Javier Lambán, en el que se anunciaban las obras a partir de 2024, eso sí, sin plazos concretos ni dotación económica.

De igual modo, el Ejecutivo central y el autonómico dejan sin concretar el traslado del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, que desde hace décadas ocupa de forma provisional el Palacio de Huarte, propiedad de Ibercaja. Ahora toca dejar las instalaciones y, pese al compromiso estatal de construir un nuevo inmueble, el ministro reconoció que aún no se ha encontrado emplazamiento.

Tampoco hay garantías para un buen puñado de iniciativas pactadas con Teruel Existe, como parte de su acuerdo con Pedro Sánchez, para la provincia. La conexión directa por tren con Madrid sigue bloqueada por el retraso de la compañía Talgo en la entrega de los convoyes de alta velocidad que sustituirán a los S-730, ahora en Galicia, que se utilizarán para la nueva conexión. Y tampoco se ha concretado la recuperación de las frecuencias de la línea ferroviaria con Valencia.

«Hemos trasladado al Gobierno que sigue ejerciendo en funciones y que lo intente acelerar», señala Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe. De igual modo, la promesa de implantar un proyecto piloto para crear parques de vivienda pública de alquiler en pequeños municipios de la provincia, como parte de la nueva ley, queda ahora en papel mojado.

En cuanto a las infraestructuras en marcha, corren menos peligro por contar con licitaciones lanzadas, y dependerán más del impulso político del gobierno que arroje las urnas. Algunos tramos viarios más verdes, eso sí, debían acelerar estos meses la redacción de los estudios informativos, como los de la A-25 o la A-40.

Otra iniciativa de sello socialista que se verá afectada será el proceso de descentralización de sedes estatales. Tras el polémico emplazamiento de la Agencia Espacial en Sevilla y de la de Inteligencia Artificial en La Coruña, la Moncloa anunció que la Agencia de Salud Pública sería la siguiente ‘subasta’. La DGA volvió a optar, esta vez con el pabellón de Aragón de la Expo de Zaragoza, aunque desde el Ejecutivo central deslizaron que podría quedarse finalmente en Madrid.

Sin salir del recinto de Ranillas, la DGA solicitó la cesión del pabellón de España para el futuro Centro de Talento, otro proyecto inconcluso para este icono arquitectónico en desuso.

Y más allá de las inversiones, la Moncloa ha tenido que paralizar iniciativas que de una u otra forma afectaban a la Comunidad. Así ocurre, en materia medioambiental, con la regulación de los parques fotovoltaicos flotantes sobre embalses, que debía pasar por el Consejo de Ministros, o con la promesa de compensar a los territorios que, como Aragón, son punteros en la producción de energía renovable.

La Comunidad esquiva el recorte de paradas de bus

Con el adelanto electoral, Aragón no solo puede perder proyectos e inversiones comprometidas por Madrid. También puede esquivar alguna flecha envenenada que había puesto en pie de guerra a la DGA. Es el caso del nuevo mapa concesional de líneas estatales de bus, que al abrigo de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, contemplaba la supresión de un centenar de paradas en municipios de la Comunidad. El Gobierno de Aragón mostró su rechazo a la medida, que si bien se veía amortiguada por el nuevo mapa concesional autonómico, ponía en jaque la movilidad de un buen número de municipios.

Por otro lado, el cambio de gobierno –conlleve o no un cambio de siglas–, podría servir para retomar el debate de la reforma de la financiación autonómica. Tanto PSOE como PP reconocían en esta recta final del mandato que abrir esa caja de pandora, que desatará una guerra territorial, no era posible en la recta final de un mandato. Tras la cita con las urnas, los partidos deberían abordar una cuestión en la que Aragón reivindica que se tenga en cuenta la despoblación.