El Gobierno central aprueba la ley que prevé suprimir hasta 151 paradas de bus estatal en Aragón

El Consejo de Ministros dio este martes luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria con el objetivo de entrar en vigor el próximo año. La nueva regulación, que busca crear un marco normativo que fomente un transporte respetuoso con el medio ambiente, incluye una revisión de las rutas de autobús estatales que reducirá notablemente el número de paradas en todo el país, lo que ha suscitado el rechazo de los gobiernos autonómicos. En Aragón, la medida dejaría sin servicio a 151 municipios.

«El objetivo es que el autobús pueda atender a más personas, con mejores precios, servicios y tiempos de viaje más competitivos», defendió desde la Moncloa la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que no obstante, reconoció que el planteamiento inicial se está «trabajando» con las comunidades, tras las críticas recibidas.

Desde el Pignatelli explicaron que la DGA ha trasladado su «negativa» a que se supriman las paradas de las líneas estatales «con una nula respuesta y sensibilidad». «Está hecho con una visión centralista olvidando por completo las necesidades del medio rural», añadieron.

Además, fuentes de la Consejería de Vertebración denunciaron que la medida supone «una imposición de una serie de criterios sin presentar un plan de financiación adicional». El dinero es uno de los puntos calientes de la negociación, ya que la DGA va a incluir en el nuevo mapa concesional autonómico que está en licitación algunos de los servicios suprimidos, por lo que reclama ayuda económica al Estado. Otras paradas, lamentan desde al DGA, «se perderán definitivamente».

En concreto, el documento trasladado por el Gobierno central a la DGA tan solo mantiene el paso de rutas de bus estatales por las tres capitales de provincia y otras 16 localidades aragonesas. Por contra, los vecinos de hasta 151 municipios verían suprimida su parada y estarían obligados a hacer algún tipo de transbordo. Sánchez, en cambio, reiteró que su plan «garantizará una mejora del servicio en todos los territorios», y que busca acabar con algunas «ineficiencias» en el transporte estatal de viajeros en autobús.

Sin fondo extra para la capital

No es el único frente abierto entre el Ministerio y el Gobierno de Aragón a cuenta de la nueva ley, que renuncia a financiar el transporte metropolitano. «El Consorcio de Zaragoza, junto con el de Sevilla somos los grandes damnificados ya que Madrid, Barcelona y Valencia se siguen beneficiando de aportaciones nominativas arbitrarias y no reguladas en la ley», advierten en el Pignatelli.

Por contra, la Moncloa insiste en que la ley ofrecerá soluciones tanto a los grandes núcleos urbanos como a las zonas rurales, para lo cual se creará un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible en el que participarán todas las administraciones. Sánchez ofreció «soluciones innovadoras» a las áreas despobladas, como el transporte a demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo.

En este sentido, el Ministerio creará un espacio de pruebas en el que la autoridad supervisora participará junto al promotor en testar proyectos innovadores de manera controlada. Además, se fomentará la digitalización y los datos abiertos, información que ayudará a crear oportunidades de negocio. Por ello, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reclamó aprovechar esta ley para «revisar la regulación vigente y reducir obstáculos innecesarios o desproporcionados al acceso y ejercicio de las actividades de transporte».

Huesca y Zaragoza podrán cobrar por circular por el centro

La Ley de Movilidad Sostenible que llegará al Congreso en los próximos días busca, entre otros objetivos, descarbonizar todo lo posible el transporte, causante del 27% de los gases de efecto invernadero en España. Por ello, entre otras medidas, el Gobierno no solo impulsa la creación de zonas de bajas emisiones restringidas al tráfico más contaminante, sino que a través esta nueva regulación las ciudades afectadas podrán cobrar a los conductores por circular por estas áreas de exclusión.

Las zonas de bajas emisiones serán obligatorias a partir de enero por la Ley de Cambio Climático para las ciudades de más de 50.000 habitantes o aquellas de más de 20.000 con peores índices de calidad del aire. En Aragón, la medida afecta a Zaragoza y Huesca, aunque como la mayoría de las grandes urbes del país no llegarán a tiempo.

En cualquier caso, según fuentes del Gobierno central, ha habido ayuntamientos interesados en aplicar tasas de acceso al centro de las ciudades para desincentivar el vehículo privado, algo que ya ocurre en capitales europeas como Londres. «Para crear esta tasa es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si la implementa o no», detallaron desde el Ministerio de Transportes.

Por otro lado, la normativa también incorpora obligaciones para las empresas. Aquellas de más de 500 trabajadores por centro, o 250 por turno, deberán aprobar planes de movilidad sostenible al trabajo, con la intención de establecer opciones verdes de desplazamiento al trabajo. «Las empresas pueden optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo», destacan desde la Moncloa.

De igual modo, las empresas del sector del transporte deberán calcular su huella de carbono y comunicarla a los usuarios finales, así como impulsar sistemas de gestión ambiental y energética.