La okupación ha movilizado este verano a los vecinos en varios municipios de Zaragoza

Este verano se han repetido en varios municipios de Zaragoza las protestas de los vecinos de viviendas ocupadas de forma ilegal que pedían soluciones más ágiles. Cadrete, María de Huerva, Utebo, La Muela y Nuez de Ebro han sido algunas de las poblaciones en las que ha crecido la indignación de los vecinos. Todos son municipios cercanos a Zaragoza, bien comunicados y en los que hay viviendas vacías bien por estar en manos de bancos que las embargaron en su día a promotores o particulares o por contar con segundas residencias. También los vecinos del barrio zaragozano de El Gancho han salido a la calle.

La provincia de Zaragoza concentró 77 de los 94 casos de ocupación ilegal registrados en Aragón; en Huesca hubo 16 y en Teruel, solo uno, según los datos hasta junio del Ministerio del Interior. Pese a la mayor alarma social, los casos bajaron en Zaragoza respecto al mismo periodo del año pasado (de 96 a 77), aunque se duplicaron en Huesca. Durante el estado de alarma, se produjo una detención en Sabiñánigo por la ocupación de varias segundas viviendas durante el confinamiento por la pandemia de covid.

Allanamiento y usurpación

"Antes la ocupación estaba más localizada porque o venía de gente de primera necesidad o era una cuestión ideológica. Lo que ha distorsionado todo es la entrada de las mafias", explica Pilar Arnas, desde el Colegio de Abogados de Zaragoza. Distingue entre los delitos de "allanamiento de morada", si afecta a la vivienda habitual en la que se reside o de "usurpación", si no había personas viviendo.

El allanamiento se produce cuando se entra en la morada o vivienda ajena contra la voluntad de su particular, que vive en ella, según el artículo 202 del Código Penal. Castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, que puede llegar a cuatro años si existe violencia o intimidación y multa de seis a doce meses.

Si no es la vivienda habitual se trata de un delito de usurpación. Se da en los casos en que el inmueble que no constituye morada y supone una pena de multa de tres a seis meses, según el artículo 245 del Código Penal. Si con violencia o intimidación en las personas se usurpa un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, la pena prevista es de prisión de uno a dos años.

Problemas de convivencia

La abogada reconoce que a su despacho "ha venido mucha gente por el llamado derecho preventivo, para saber qué podían hacer si alguien ocupaba su vivienda. Esto no pasaba antes". Pese a la preocupación de sus clientes, no ha tenido más asuntos de este tipo este año. Los casos que más preocupan son aquellos que "generan muchos problemas de convivencia, enganchan luces, no tienen el cuidado con los elementos comunes", señala. Aconseja acudir a la vía civil para presentar una demanda por el denominado "desahucio exprés", aunque de media se puede tardar dos meses y medio en liberar la vivienda.

La Fiscalía ha anunciado que prepara modificaciones para agilizar estos procesos. Desde la delegación del Gobierno en Aragón explican que "se han mantenido contactos con el fiscal superior en Aragón para estudiar medidas, y desde Fiscalía también se está tratando este asunto con una especial sensibilidad".

El malestar entre los vecinos con ocupaciones ilegales ha seguido creciendo. En los municipios afectados, "preocupación hay mucha porque es una situación que no es fácil de gestionar", reconoce José Manuel González, presidente de la Comarca Central de Zaragoza, en la que se han registrado los últimos casos. "Hay algunos ayuntamientos que tienen policías locales pero otros, no. Siempre andamos demandando la presencia más continuada de Guardia civil porque hay carencia de medios", señala. "No es un problema sencillo de solucionar", reconoce, además de señalar que tiene "muchas aristas". Considera que ahora no es que haya más casos sino que "hay una percepción más palpable del problema, que se agrava con la aparición de bandas organizadas".

No hay más casos, pero sí una percepción más palpable del problema, que se agrava con la aparición de bandas organizadas

En Utebo, la capital de la comarca, se ha vivido el enfrentamiento entre vecinos y okupas, con momentos de tensión por la ocupación de siete pisos de dos bloques, que requirieron la intervención de la Guardia civil. Ahora la situación está más calmada. Se detuvieron a tres personas, que vuelven a estar en otros de los pisos vacíos, pero que tienen que abandonar el municipio "este fin de semana", espera la alcaldesa socialista, Gemma Gutiérrez.

Desde Sareb, propietaria del inmueble, "se tardó un poco en denunciar pero creo que luego han sido bastante ágiles. Hay denuncias de los siete pisos ocupados en su momento y van a poner puertas antiokupación en los pisos vacíos", señala. Pero en el municipio confiesa que continúa la sensación de "disgusto y malestar" porque "no ha acabado del todo". Todavía quedan cuatro pisos ocupados ilegalmente pero "con personas que no han generado conflicto y entre las que hay menores", indica la alcaldesa.

Cadrete fue una de las primeras poblaciones en movilizarse. En agosto los vecinos salieron a la calle contra la ocupación de un chalet desde hacía mes y medio y varios pisos de un bloque de viviendas. La situación también está "un poco más tranquila porque alguno de los que estaban okupados se ha ido y otro tiene una orden en el juzgado para salir en una semana", señala María Ángeles Campillo, alcaldesa del municipio por el PP. Han detectado también un caso de ocupación por necesidad que han puesto "en manos de los servicios sociales para que la reconduzcan", dice. Cree que hay suficientes ayudas sociales y al alquiler para evitar que terminen en ocupaciones ilegales. "No se puede primar el derecho a la vivienda sobre el derecho de la propiedad".

El municipio estudia colocar cámaras de vigilancia, aunque la alcaldesa espera "que no vayamos a más". Alerta de que el problema no es solo por la vivienda, sino que a veces "crean problemas, peleas y hurtos" en la zona. Pide que la justicia sea "más contundente" y castigue con cárcel a las bandas organizadas "que están lucrándose de la necesidad de la gente".

"Hay que diferenciar entre la ocupación y la delincuencia"

"Hay que diferenciar entre la ocupación y la delincuencia. Casos como el de Cadrete son un tema de delincuencia que se tiene que solucionar por otro camino", apunta Concha Cano, portavoz de Stop Desahucios Zaragoza. Afirma que más del 90% de las okupaciones que se dan en la capital aragonesa son de personas vulnerables como madres solas con hijos o personas mayores y no de mafias. "Las mafias en Zaragoza son muy reducidas y más que mafias lo que hemos visto es gente que ya sabe cómo abrir una puerta, se la abre a otros y les cobran", afirma.

Alerta de la criminalización que se ha vivido de personas que tienen problemas para acceder a una vivienda. "Hemos visto llamar ocupas a gente que tenía un impago del alquiler", pone como ejemplo. Cree que "básicamente el problema es la falta de vivienda. Cada vez las familias tienen menos medios para poder acudir al mercado y los precios del alquiler son abusivos", indica. No cree que haga falta endurecer las normas porque "tenemos suficientes armas legales".

"No son familias desfavorecidas, si no no hubiéramos dicho nada"

Los vecinos de los dos bloques de viviendas de Utebo con siete pisos ocupados ilegalmente llevan desde julio intentando que se resuelva el problema. Las personas que se alojan ahora en las cuatro viviendas que quedan tras la actuación de la Guardia Civil, "no son familias desfavorecidas. Si hubieran sido familias desfavorecidas que no se meten con nadie no hubiéramos dicho nada. Son delincuencia y mafia", explica el vicepresidente de la comunidad de vecinos. Reconoce que una de las familias puede ser vulnerable, porque hay un menor, y ya la han visitado los servicios sociales.

Considera que en este caso es un problema de delincuencia. "Nos están rompiendo las cerraduras de los portales y la puerta del cuarto de luces está reventado", lamenta. "Lo triste es que hemos tenido que invertir en sistemas de seguridad para estar más tranquilos", reconoce porque "no te vas a quedar 24 horas en casa". Confiesa que "miedo tenemos todos" pero continuarán con las caceroladas los miércoles a la puerta de los pisos. "Hasta que se vayan. Hasta que no lo veamos no nos lo creeremos", afirma sobre la salida esperada de los usurpadores.

En el casco histórico de Zaragoza

En la capital zaragozana, el entorno de la calle Pignatelli ha sido uno de los que más ha sufrido la ocupación ilegal unida a la delincuencia. "Tenemos muy claro que la ocupación delictiva es un grave problema contra el que seguimos luchando, pero la raíz del problema no es esa", afirman desde Calles Dignas, asociación surgida en la zona y que cumple dos años de movilizaciones para revitalizar el barrio. Este verano afirman que han continuado los casos de usurpación de pisos vacíos por personas "molestas e incívicas" como en los últimos años.

Desde la asociación alertan de que "meter a todo el mundo en el mismo saco es peligroso y puede arruinar la vida de alguna familia cuyo único delito es estar en una situación económica precaria", añaden. En su barrio, culpan a la especulación, «a los propietarios de pisos o edificios enteros que han abandonado, esperando su ruina si están catalogados y así no tener que rehabilitarlos». Exigen a las Administraciones que les obliguen a sacarlos al mercado para dar vida al barrio. Porque tras los desalojos los delincuentes pasan a otros pisos y "vaciar y tapiar los edificios no hace barrio, lo convierte en un cementerio", lamentan.

"Esta delincuencia no se limita al allanamiento sino que hace negocio con la pobreza de los otros. Es penoso que haya mafias que alquilen esas infraviviendas allanadas", denuncian.

Piden al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza que se comprometan a "contactar con los grandes tenedores de viviendas, con la idea de dar solución a todas las viviendas vacías que hay, implicando en ello a Fiscalía".

De la movilización vecinal ha surgido este año en la misma zona la plataforma de vecinos de El Gancho que denunciaron con una protesta en la plaza del Pilar en agosto la degradación del barrio, los problemas de infravivienda, la delincuencia y ocupaciones ilegales, entre otros.