okupas
¿Son legales las empresas de desokupación de viviendas?
Las formas empleadas marcan la diferencia entre un proceder legal o una actuación que pueda derivar en denuncia de los propios okupas.
La preocupación por el problema okupa ha motivado la aparición en los últimos tiempos de empresas especializadas en agilizar la salida de quienes usurpan las viviendas vacías, adquiriendo ciertos derechos que obligan a solventar el asunto en los tribunales. Cuando se trata de un allanamiento de morada (primera o segunda residencia habituales) el procedimiento es expedito y lo ejecutan las fuerzas del orden, vehículo más indicado para la resolución del problema, pero en otros casos se hace más difícil a los propietarios sacar de sus inmuebles a aquellos que los han convertido en su casa sin tener ningún derecho adquirido para hacerlo.
Hay que tener cuidado para no acabar dando fuerza a la acción okupa. Las empresas que ‘desokupan’ no son ilegales, pero sí se sitúan en el límite de la legalidad y deben hilar muy fino en su proceder para no acabar haciendo un ‘favor’ a los okupantes, dándoles argumentos legales para demandar a su vez a la empresa o a quien la haya contratado.
Los métodos habituales
El llamado control de acceso es una medida muy habitual de estas empresas, y resulta rápida y eficaz si los okupantes no se han pertrechado con suministros suficientes como para aguantar un largo encierro sin pisar la calle, o no han organizado turnos para que haya siempre alguien en casa. Se contrata una presencia continuada de una o varias personas en la entrada de la vivienda, pero no vale cualquiera; la ley de seguridad privada exige que las personas contratadas para esta tarea sean vigilantes de seguridad con número de placa y el nombre de la empresa a la que pertenecen. Además, lógicamente, no pueden proceder con violencia si no es en legítima defensa.
Hay otra vía, que a veces se simultanea con el control de acceso y que suele derivar en una especie de subasta: se trata de llegar a un acuerdo económico con los okupas, que aunque en la práctica supone ceder a un chantaje es una opción que muchos afectados acaban tomando, para terminar con el problema de raíz.
Otros servicios ofrecidos por estas empresas son mediación con okupantes ilegales, asesoramiento en seguridad, asesoramiento en vídeo vigilancia o asesoramiento jurídico y gestión de nuevo arrendamiento. La idea es desalojar a los okupas en un máximo de 48 horas desde la contratación. "En ningún momento vulneramos derecho o ley alguna, actuamos siempre dentro del parámetro legal y estudiamos cada caso con minuciosidad, analizando el perfil del okupa, para no cometer ilegalidad alguna", explicaba Aránzazu Arce, abogada de Desokupa Expres, en declaraciones a la agencia Europa Press.
