Los vecinos de Cadrete responden a la llamada del Ayuntamiento contra la okupación
Cerca de 200 personas protestan este miércoles ante un chalé de 4.000 metros usurpado desde hace mes y medio a su propietario.
Los vecinos de Cadrete han salido este miércoles por la tarde a la calle para protestar contra la okupación de casas y chalés, y exigir al Gobierno cambios legales que ayuden a frenar la usurpación de viviendas. La protesta, convocada por el Ayuntamiento, ha tenido lugar ante las puertas de un chalé de tres plantas, dos piscinas, pista de tenis, situado en una finca de 4.000 metros cuadrados a pie de la carretera N-330 que fue ocupado hace dos meses.
Su propietario, Alejandro Tabuenca, ha sido uno de los particpanes y ha explicado en la entrada de su casa que se enteró que estaba ocupada cuando le avisaron los vecinos de que estaban haciendo barbacoas. Ha contado que ete míercoles mismo, por la mañana, había hablado con las personas que están dentro y que le habían propuesto llegar a un acuerdo: "Quieren que yo les ponga otra casa o que les busque un trabajo", ha contado entre resignado e indignado. Cuando se enteró de la entrada de los okupas, denunció los hechos. "No habían pasado 48 horas y avisamos a la Guardia Civil, pero ellos dijeron que no salían de allí y que no llevan intención de irse de ninguna manera", ha añadido.
Tabuenca compró la casa hace un año y tiene un proyecto de reforma que no ha podido ni empezar a llevar a cabo. "A veces se juntan hasta 20 coches porque hacen fiestas en la zona de barbacoa y han llenado la piscina", ha ilustrado. Cuando ha reladado la situación y los 200 vecinos que han apoyado la protesta lanzaban gritos de "!fuera, fuera!", una de las residentes ilegales ha salido de la casa con un bebé en brazos y ha llamado racistas a los concentrados, además de reprocharles que "estuvieran asustando a los niños".
A la concentración, la cuarta llevada a cabo por los vecinos y la primera convocada por el equipo de gobierno municipal, ha asistido la alcaldesa, María Ángeles Campillos, y concejales del ayuntamiento del PP, Vox, Cs y PAR.
Campillos ha leído un comunicado en el que transmitia la preocupación por el problema "de primer orden" en que se ha convertifo la ocupación ilegal de viviendas. Ha destacado que la existencia de un buen número de segundas vivienda es "aprovechada" por quienes conocen las "carencias" de las leyes actuales y las "burlan", hasta el punto de que "cosa insólita", ha dicho, "parecen proteger más a quien delinque que a quienes las cumplen".
Ha señalado que el derecho a la vivienda no puede entrar en colisión con el derecho a la propiedad privada. "Los que okupan privan a sus legítimos dueños a su derecho a un hogar para vivir que se ha conseguido con esfuerzo y respeto a la libertad de los demás", ha enfatizado. La alcaldesa ha dicho que "no hay derecho" a que una familia sea "extorsionada" por otra que decida quedarse con su casa "sin más".
María Ángeles Campillo ha ofrecido unas cifras a los presentes y ha recalcado que en España cada día se registran más de 40 denuncias por okupación. "En el primer semestre de este año han sido 7.450 denuncias las que se han puesto y la tendencia es creciente y se verá aumentada por la crisis de la covid", ha expuesto. "La única forma de disuadir a quienes cometen estos actos es que la okupación sea considerada un delito y se castigue a los autores con penas de prisión", ha reclamado la alcaldesa.
La corporación considera "inaplazable" que la ley se modifique y se castiguen como delito estos comportamientos. El objetivo, señalan desde el Ayuntamiento, es que se proteja la propiedad privada con eficacia y se proceda al inmediato desalojo de las viviendas okupadas por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
