Los okupas ponen en jaque a los vecinos de La Magdalena: "La zona se está deteriorando"
Los vecinos del barrio aseguran que el problema de la "okupación cronificada" está degradando la zona y obliga a que algunos se planteen ir a vivir a otro sitio.
Inseguridad e inquietud. Esto es lo que viven desde hace tiempo los vecinos de La Magdalena ante la presencia de okupas en muchas viviendas del barrio y que generan, a su vez, problemas de convivencia y salubridad.
Carmen Turégano, presidenta de la Asociación de Vecinos Parque Bruil-San Agustín, asegura que "la zona se está deteriorando", y que son varios los vecinos que le han trasladado sus dudas ante la posibilidad de mudarse a otras áreas de la ciudad. Señala la plaza Tauste, calle Taboada y Félix Rodríguez de la Fuente como algunas de las zonas más afectadas.
En la asociación también preocupan los delitos derivados ya que, destacan, algunas de las familias okupas son violentas y problemáticas. "Los vecinos del barrio tienen miedo", declara Turégano que expone que entre las citadas familias de inquilinos ilegales hay niños y adolescentes que generan problemas rompiendo mobiliario público o lanzando piedras a casas o automóviles. Denuncia también que el incivismo de estas personas genera un problema de "suciedad y falta de higiene" en el barrio.
"Nos preocupa que se está degradando mucho la zona; antes, este era un barrio que parecía un pueblo porque la gente se conocía e iba sin miedo por la calle. Ahora, se ha convertido en un barrio complicado", denuncia Turégano, quien dice estar en contacto con el presidente de la Junta de Distrito para trasladarle esta situación.
Un problema endémico
La empresa Edificio Miraflores SA es propietaria de 400 viviendas en los edificios de Aloy Sala, cercanos a la plaza Tauste. José Castillo, apoderado del Edificio Miraflores expone que la okupación que llevan sufriendo en sus edificios desde 2018 es un "problema endémico para el que no hay solución". Destaca que ha habido un "efecto llamada brutal" y confirma que, actualmente, de esas 400 viviendas, tienen okupadas 26.
Asegura que sienten una "indefensión terrible" ya que "la justicia es tan lenta que cuando por fin van a desahuciar a una persona, ya se ha ido a otro sitio y hay que iniciar otro procedimiento; así que en algunos pisos llevamos ya cinco seguidos". Además, asegura que los okupas "se saben ya los tiempos que tarda la justicia en ejecutar un desahucio y por eso se van antes de que tenga lugar". Castillo teme que van a seguir así "hasta que cambien las leyes, porque ahora no hay forma humana de echar a estas personas".
El mayor problema con los okupas de estas viviendas, destaca Castillo, es que "son gente que no sabe vivir en comunidad, hacen fiestas hasta las tantas o tiran bolsas de basura por la ventana". Además, denuncia que hay una "mafia tremenda" porque se alquilan unos okupas a otros las viviendas.
"Merman los derechos de los vecinos"
Un vecino (D., sólo aporta la inicial por temor a represalias), vive en la calle Taboada, enfrente de uno de los edificios okupados. "Con el confinamiento casi no se notaba, pero luego ha sido un desmadre total, no respetan nada", expone y critica también el mal ambiente que se genera en el barrio a raíz de esta situación.
Este vecino explica que una vez su pareja y él llamaron la atención a algunas de estas personas y fueron increpados. "La policía nos recomendó que no les dijéramos ya nada más porque son violentos y conflictivos", relata. "Yo no había llamado en mi vida a la policía y en el último año les he tenido que llamarles unas 30 veces", añade D., quien también destaca que la policía suele acudir enseguida. "Sabemos de casos de personas mayores que tenían miedo y se sentían inseguros aquí y se han marchado y nosotros nos lo hemos llegado a plantear alguna vez", reconoce este vecino.
Crítica que los okupas "merman los derechos de los vecinos" y expone un extenso catálogo de hechos delictivos que suelen llevar a cabo: "Golpean coches, se suben a ellos o les tiran piedras, lanzan piedras a los edificios y hasta a la guardería y basura por las calles, se meten con personas mayores y hasta los hemos visto romper puertas de portales para entrar en los edificios e identificar qué viviendas están vacías". También relata que en verano han estado hasta la madrugada escuchando música en la calle, gritando o cantando, y dificultado el descanso de los vecinos.
Asesoramiento legal
Alberto Peiró, coordinador y abogado de la asesoría jurídica gratuita frente a la okupación ilegal de la vivienda, apunta que en esta zona hay un "problema de ocupación ilegal cronificado desde hace más de diez años" por el que han recibido numerosas quejas. "Hace muchos años que se viene denunciando esta situación de edificios ocupados y a los que no se les ha dado una solución", expone.
Explica que, dentro del Casco Histórico, la zona de La Magdalena y los alrededores del Pignatelli son "los dos focos" de ocupación principales y añade que el problema es que, aparejado a este delito, surgen "problemas de convivencia vecinal y los vecinos se sientes inseguros".
Peiró expone que la okupación es un delito en sí mismo y para echar a las personas que lo cometen "hay que acudir a un juez". Aunque recuerda que "el único que tiene la posibilidad de hacerlo es el propietario del inmueble", ya que "actualmente no existe una vía jurídica para que la comunidad de propietarios o los vecinos puedan solicitar al desalojo de estas personas". Solo queda llamar a la policía ante problemas concretos, como puedan ser amenazas, daños a propiedades particulares...
Peiró explica que la resolución de este problema corresponde al Estado y que "el Ayuntamiento no tiene en sus manos resolverlo", más allá de intervenir desde un punto de vista de servicios sociales para dar una salida habitacional a personas en situación de vulnerabilidad.
La asesoría jurídica gratuita frente a la okupación ilegal de vivienda es un servicio gratuito que puede consultar cualquier ciudadano o comunidades de propietarios afectados a través del teléfono 650 662 430 -de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00- y del correo electrónico consultasocupacionilegal@reicaz.es.
Esta asesoría es fruto del convenio que firmaron el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (Reicaz) y que se puso en funcionamiento el pasado mes de enero con el objetivo de orientar a quienes sufren este problema en la ciudad.
