La okupación de su casa lo arruinó, pero la justicia le brinda una segunda oportunidad

Compró un piso en 2005 cuando los bancos daban hipotecas a quienes las podían pagar y también a quienes no. Quizás pensó que con su trabajo de empleado municipal podía hacer frente a una de 112.000 euros, pero con lo que no contó es con que, antes de que llegara a vivir allí, unos okupas no solo se hicieran con su casa sino que terminaron pegándole fuego. Así, se quedó con una vivienda totalmente inservible, con la obligación de hacer frente al pago de la hipoteca y seguir viviendo con su madre.

Además, como comunero del edificio, el Ayuntamiento le exigió que lo reparara y comenzó a imponerle sanciones por no atender sus requerimientos, con intereses de demora incluidos, como suele ser habitual en estos casos. A esto tenía que sumar los impuestos inherentes a una vivienda (como el IBI) y los gastos.

Al final, el hombre se vio asfixiado por las deudas, con un salario de 1.200 euros y sin ningún bien más que un piso devastado, que no podía restaurar y cuyo valor había pasado de cien a cero por obra y gracia de una sucesión de okupaciones.

El abogado Javier Lagunas Navarro conoció su caso y creyó que podría tener una salida: la conocida como ley de segunda oportunidad. El letrado consideró que su cliente cumplía todos los requisitos que la legislación exige para ser considerado un «deudor de buena fe» y el afectado se decidió a promover un concurso de acreedores ante su ruina personal y así optar a lo que se llama ‘exoneración del pasivo insatisfecho’. De la administración concursal se hizo cargo la abogada Irene Romea.

Entre las condiciones requeridas por la ley figura que el concurso no haya sido declarado culpable; que el interesado no haya sido condenado por sentencia firme por delitos económicos, contra los trabajadores o contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social; haber intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos y haber satisfecho los créditos contra la masa. También se exige que no existan créditos privilegiados, como una hipoteca o deudas con la Seguridad Social.

Subastado en 4.000 euros

El concursado poseía un único bien inmueble que no era vivienda habitual porque no era habitable, el de la calle Mariano Cerezo. En esos momentos, la garantía hipotecaria a favor del banco ascendía a 82.963 euros y la cantidad reclamada por el Ayuntamiento por sanciones era de 7.300 euros. El informe de tasación se valoró a todos los efectos en 13.574 euros. El piso fue subastado y adquirido por un particular por 4.000 euros, que sirvieron para rebajar la deuda con el banco y dejarla en 78.959.

Y esta es la cantidad que el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Zaragoza le ha eximido de saldar así como todas las sanciones impuestas por el Ayuntamiento. De esta forma se ha quedado libre de deudas por la ruina de la vivienda.

«Entendemos que solo la situación de deterioro del barrio y la inexistencia de medios legales eficaces que permitan a la Policía y jueces actuar con celeridad y efectividad, está exponiendo a vecinos del barrio a llegar a una situación similar a la del cliente», afirma el abogado Javier Lagunas.

El afectado ha contado con el apoyo de su familia para poder superar esta situación. «Él compró el piso con intención de vivir y entonces el edificio estaba rehabilitado entero. Entonces eran los tiempos (previos a la Expo 2008) en el que todo iba bien y el Ayuntamiento daba el 65% de las ayudas para renovar las casas», recuerda su cuñado.

Pero llegó la crisis, los bancos embargaron las viviendas –entre ellas los otros pisos de este edificio, que eran de inmobiliarias– y los okupas entraron en acción. «Arrancaron los contadores, hicieron agujeros en el tejado porque se subían para poner las parabólicas, hubo incendios, filtraciones de agua..., dejaron los cinco pisos inhabitables», relata.

Añade que una de las mercantiles desapareció, otra donó el piso a una fundación -«y le metió un gol», destaca– y el banco dejó de pagar su parte como comunero. «Como el Ayuntamiento solo localizaba a mi cuñado, como persona física y propietario con responsabilidad solidaria, empezó exigirle que reparara los desperfectos y, claro, al no poder hacerlo, comenzó a sancionarlo con recargos», explica el familiar.

Reconoce que han sido años de una «travesía en el desierto» muy dura. «Se encendió la luz a raíz de una consulta con la asociación de consumidores Torre Ramona y con el trabajo de Javier Lagunas», cuenta. «Mi mujer ha estado noches sin dormir, con pesadillas. Ahora, gracias a esta segunda oportunidad, mi cuñado puede rehacer su vida».