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Dudas sobre los nuevos baremos de la discapacidad: "Hacen falta más equipos de valoración y que estén bien formados"
La Comunidad se prepara para "adaptar" el sistema de gestión al nuevo decreto del Gobierno de España, que entrará en vigor el 21 de marzo con la pretensión de "agilizar" la tramitación de este tipo de solicitudes.
El nuevo Real Decreto que regula el procedimiento para la valoración del grado de discapacidad plantea muchas incógnitas todavía a cuatro meses de su entrada en vigor. Una de ellas es si se reforzarán los equipos de valoración, como defienden desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Zaragoza, o si el cambio de baremo -que persigue un análisis más exhaustivo de los diferentes casos- podría beneficiar a aquellos que no alcanzaban el porcentaje necesario (del 33%) para obtener el reconocimiento de discapacidad y beneficiarse así de ayudas y prestaciones asistenciales en este ámbito.
"Estamos gestionando muchas consultas de usuarios que quieren saber si les va a ser beneficioso el cambio de baremo para poder acceder a ayudas. La respuesta no la tendremos hasta que veamos un certificado que nos permita comparar, pero a priori se pretende que la gente no obtenga una valoración más alta en una comunidad que en otra, que no haya disparidad de criterios. Con este decreto se quiere homogeneizar las valoraciones en todas las comunidades, lo que hace también la aplicación más compleja", apunta Cristián Bascuñán, abogado especializado en Seguridad Social de Fundación Dfa, al explicar algunos de los cambios que introduce el nuevo Real Decreto, por el cual el sistema de valoración -advierte- cambia totalmente. "Antes se tenían en cuenta las limitaciones del paciente recogidas en informes médicos y se establecía un porcentaje total de discapacidad. Ahora el abordaje es por cuatro baremos que son paralelos y que no solamente evalúan las limitaciones a la actividad que tenga documentadas la persona, sino que aplica también afecciones a la participación en la vida social y barreras sociales y ambientales, que son criterios que no venían recogidos hasta la fecha", indica Bascuñán.
El nuevo baremo, que fue publicado en el BOE el 20 de octubre de este año y entrará en vigor el 21 de marzo de 2023, sustituye al anterior, en vigor desde 1999, poniendo el foco en criterios más específicos, como la agilización del proceso para casos urgentes. Desde la Fundación DFA valoran positivamente esta cuestión. "En los nuevos baremos se establecen procedimientos de urgencia, que es algo bastante interesante. En Aragón tenemos entre 7 y 9 meses de demora para hacer una primera valoración y hay gente para la que es indispensable que esta cuestión se agilice. Ahora hay vías para poder acceder antes", indica este abogado, que pone también el foco en otra cuestión.
"Lo que se intenta también con el nuevo baremo es ser más concreto y más exhaustivo, y dejar menos a la interpretacion del equipo de valoración", opina.
Desde el departamento de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón destacan que el nuevo baremo, publicado en el BOE el 20 de octubre de este año, y que entrará en vigor el 21 de marzo de 2023, pretende "agilizar" el procedimiento de valoración, que en la Comunidad tiene una demora media superior a los 11 meses. No obstante, aseguran que la región lleva años trabajando en el triaje de este tipo de casos, dando prioridad a las personas que tienen ciertas patologías (cáncer, ELA...) o bien a aquellas que necesiten el reconocimiento de discapacidad por motivos laborales, para recibir algún tipo de ayuda. "Desde el pasado mes de mayo, Aragón cuenta con un nuevo sistema aplicativo de gestión, creado para agilizar la tramitación, y se está trabajando para adaptarlo al nuevo baremo del Gobierno de España, incluyendo entre otras cosas la formación a los profesionales", indican las mismas fuentes.
Desde que se puso en marcha el nuevo aplicativo de gestión, según datos del Gobierno de Aragón, se ha calificado como preferentes a 210 personas que ya han sido valoradas. Y a partir de marzo, el Ministerio abrirá la posibilidad de que otros profesionales sanitarios, que no sean médicos, puedan hacer valoraciones (por ejemplo, en el caso de los fisioterapeutas), lo que podría ayudar a reducir las demoras. "En estos momentos, se está trabajando en ello, pero no hay nada cerrado todavía", señalan desde Servicios Sociales.
Por su parte, desde el Colegio profesional de Trabajadores Sociales en Aragón creen que, más allá de los cambios en los baremos que introduce la nueva orden, haría falta dotar de personal a los equipos para agilizar el número de valoraciones. "Lo necesario es que se agilice porque ahora mismo tenemos hasta dos años de retraso en algunas provincias, como la de Huesca", señala Antonio Matías, vocal de Servicios Sociales y Política Social del Colegio Profesional de Trabajo Social. En esta provincia, según cuenta, se está tardando entre año y medio y dos años en valorar a una persona desde la presentación de la solicitud. "Hoy por hoy, con el anterior decreto y la anterior reglamentación, no había posibilidad de adelantar plazos para una urgencia porque no había un triaje. Con la nueva orden, si no hay un aumento de personal, significará que en otros casos menos graves o urgente se tarde todavía más", opina este profesional de Huesca.
En primera persona
A Pedro Aznar, un zaragozano de 41 años, padre de dos hijos de 5 y 9, le hicieron el pasado mes de junio la valoración de discapacidad después de solicitarla en julio de 2021. En su caso, no ha llegado -por pocos puntos- al 33% necesario para poder acceder a ayudas. Llevaba 20 años trabajando como soldador para la misma empresa cuando el Salud le dio la incapacidad permanente total a causa de la enfermedad de corazón que padece y una parálisis que tuvo en la pierna derecha. A pesar de los informes médicos, no ha conseguido que le sea reconocida la discapacidad y tiene algunas quejas sobre el proceso y los actuales baremos. "La valoración ha sido una de las situaciones más desagradables que me ha tocado vivir", cuenta. "Cuando fui al IASS, me trataron como a un mentiroso. Parece que vas ahí a engañarles o no sé a qué, cuando lo primero de todo deberían ser conscientes de que tratan con personas que tienen un problema", se queja este usuario de la Fundación Dfa, quien duda también de que la nueva orden traiga beneficios para casos como el suyo. "Ojalá todo se agilice, pero en el país en el que vivimos que no hay medios ni gente… A mí el día que me hicieron la valoración estaba yo solo. No es como el médico de cabecera que ve a 30 o 35 personas. Me empezaron a valorar a las 9.30 de la mañana y si salía de allí a las 11.00 o 11.30, cuando me fui no había nadie más esperando. Luego que hay un año de demora... -se queja- pero claro, si atienden a uno al día. A lo mejor no hay que cambiar las leyes, sino el sentido común: poner más médicos, psicológos y trabajadores sociales que estén bien formados", reclama este zaragozano.
Entre las novedades de la nueva orden figura también el hecho de que se incluyan enfermedades raras que no se integraban en el anterior baremo del año 1999, y según apunta el abogado Cristián Bascuñán, se establacen también "vías" para la valoración de nuevas patologías que no se encuentren catalogadas. "Este era uno de los principales problemas que había en el sistema, que las valoraciones se hacían por analogía... y quedaba un poco al albur del valorador que hubiera en ese momento. Por ejemplo, a una persona con fibromialgia que no estaba contemplada en el anterior baremo, se buscaban formas de enfermedades parecidas para otorgar la discapacidad. Esto no deja de ser una aproximación y podía dar lugar a distorsiones. El anterior baremo no contemplaba esta cuestión y el nuevo sabemos que establece algunos mecanismos para estar preparado ante nuevas clínicas no documentadas por el momento", apunta Bascuñán.
Para Elena Almalé, una zaragozana de 62 años a quien diagnosticaron hace cuatro una enfermedad rara (quistes de Tarlov), la publicación del nuevo decreto es motivo de esperanza, pero tiene también algunas dudas sobre su aplicación. "Cuando vi que dentro de esta nueva ley iba a haber un nuevo baremo que recoge las enfermedades raras sentí una alegría inmensa... Pero es una sensación agridulce: me queda la duda de si los que vayan a pasar estas valoraciones estarán bien informados para abordar este tipo de casos", afirma Almalé, que con un grado de invalidez permanente tiene solo reconocida una discapacidad del 29%, lo que le impide también acceder a ayudas. "Yo no pido que me paguen ni me den dinero, pido que garanticen mi calidad de vida. Por ejemplo, para beneficiarme de la tarjeta de aparcamiento, necesitaría siete puntos de movilidad y un 33% de discapacidad. ¿Pero qué diferencia hay del 29 al 33%? Porque para el enfermo es mucha, pero para ellos no lo sé...", apostilla esta zaragozana, que pide también "profesionales más preparados" y concienciados con este tipo de casos.
A Isabel Ansón y su hijo Jaime, de 15 años de edad y con un grado III de discapacidad reconocido, las demoras que hay en el IASS para la tramitación de este tipo de solicitudes les han privado durante meses de importantes beneficios que la ley les reconoce a estas familias.
"Desde el 21 de abril que nos caducó la última resolución (del 2017) ha sido una odisea. Pasamos la valoración a finales de mayo y nos llegó la hoja de discapacidad a finales de agosto, con todas las consecuencias que esto tiene en pérdida de derechos. A mí me han quitado los 100 euros de deducción por familia numerosa; me he quedado sin el bono social durante tres meses y a fecha de hoy todavía no tengo la prestación por hijo a cargo activada… Son muchos inconvenientes. Por no hablar de la pérdida de tiempo que supone para una persona que trabaja tener que pedir seis días para trámites burocráticos", relata esta madre zaragozana, "harta" de todo el papeleo que entraña esta cuestión.
A su hijo, que fue un "gran prematuro", lo valoraron por primera vez con apenas dos años, y obtuvo el 70% (grado III) de discapacidad. Hoy tiene un 83% reconocido, y es "muy difícil" -asegura su madre- que la situación mejore. "Me gustaría que el nuevo baremo siriviera también para agilizar estos casos y que valoren bien a los niños, que los miren a la cara", subraya Ansón, molesta porque la última valoración que pasaron en mayo de este año fuese telefónica, a pesar de "no estar ya en pandemia", puntualiza.
"A mí no me sirve que a mi hijo le hagan una valoración por teléfono. Me gustaría que las hicieran presenciales y que vieran realmente cómo de agotador es el día a día de las familias. Tienen que ver a los niños en persona, porque a veces tú les puedes decir que 'coge el tenedor' y se quedan con eso. Pero no van más allá, no saben cómo es hacer una comida con ellos, lo que se tarda", recalca Isabel, que pone varios ejemplos de otras familias de su entorno que han tenido que pasar por los mismos trámites. Cuenta, entre otros, el caso de otro menor al que le pidieron abrocharse una zapatilla en una valoración. Lo hizo, pero tardó 15 minutos. Y la resolución -añade- se quedaba en que sí que podía hacerlo, con lo cual le rebajaron el porcentaje de discapacidad, algo que tampoco ve "justo".
"El mío no se la ata y no sabe vestirse; sabe ponerse una manga de la camiseta y cuando le da la gana se la quita. Hay que saber valorar muy bien todas esas cosas y creo que no se hacen bien... porque requieren tiempo y recursos. Además, a los padres de estos niños nos encanta decir sus logros. Y más cuando llevas 14 años de terapias como es nuestro caso... Pero luego ocurre que en una conversación telefónica se puede quedar como dato relevante lo que no lo es, y eso es agotador para las familias", concluye esta madre.
