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"Tardaron 17 meses en valorar mi grado de discapacidad, pero hay personas que mueren antes de obtener la resolución"
El colectivo de discapacitados exige que se acorten los plazos de espera (nueve meses de media en Aragón) y que se publique un nuevo baremo. En la Comunidad, 5.000 personas están pendientes de ser valoradas (9.000 menos que en 2017).
Hace ocho años, José Manuel Jariod, de Caspe, tuvo un grave accidente laboral que le cambió la vida. Sufrió una descarga eléctrica de 25.000 voltios, mientras pintaba en un centro de transformación, y estuvo ingresado cinco meses en la unidad de quemados del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. "Me enteré de lo que me había pasado un mes después cuando me despertaron en la uci. Me llamaban el milagro", recuerda.
La secuela más visible es la amputación del brazo derecho (lleva una prótesis), pero el trágico suceso le acarró otros problemas físicos. "Tuve importantes quemaduras en una pierna y en la mano izquierda; me tuvieron que hacer un trasplante de músculo para poder tener movilidad en la mano...", explica este aragonés, de 46 años, que tiene una incapacidad permanente, con un 78% de grado de discapacidad.
Llegar a que le reconocieran ese grado de discapacidad no fue algo inmediato: tuvo que pasar año y medio, con recurso de por medio. "En Asadicc (Asociación de ayuda a las personas con discapacidad de Caspe y comarca), a la que pertenezco, me guiaron en lo que tenía que hacer. Se solicitó mi valoración al IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales) y me concedieron un 52% de discapacidad provisional, algo que no comprendí mucho porque un brazo amputado se supone que no vuelve a crecer. Estaba en desacuerdo, porque además la médico que me valoró ni siquiera se levantó de la mesa para observar mis problemas físicos y solo anotó lo evidente (la amputación del brazo), y presenté un recurso. Todo eso en 12 meses y, a los 6-7 meses, me vuelven a llamar y esta vez sí que me valoran correctamente. Me conceden un 78%; esto ya sí que se ajusta a la realidad", indica.
Según datos del Gobierno de Aragón, en la actualidad hay 5.000 personas esperando a ser valoradas ("3.100 menos que en 2020 y 9.000 menos que en 2017, cuando la lista ascendía a 14.000 personas", detallan) y la media de espera es de 9 meses (por debajo de la media en España, que es de 11 meses). Precisamente, acortar los plazos de espera y que se publique el nuevo baremo de discapacidad (en el que se reconocen otras enfermedades) son dos de las reivindicaciones del colectivo, que esta semana se manifestó a las puertas del IASS en Zaragoza con motivo del Día Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los asistentes hicieron una larga fila simulando los tiempos de espera que sufren.
La Confederación española de personas con discapacidad física y orgánica (Cocemfe) ha lanzado la campaña 'Espera y Desespera' para dar a conocer su situación y exponer sus reivindicaciones. El vicepresidente de este movimiento asociativo en Aragón, Miguel Tena (presente en la concentración), critica que lleven más de 20 años con la misma baremación. "Habría que prever unos mecanismos de control, calidad y evaluación a la hora de aplicarla. También que los datos sean accesibles a toda la ciudadanía, porque muchas veces se desconocen qué criterios son los que se han llevado a la hora de conceder o decir qué porcentajes corresponden, y que sean trasversales para todas las comunidades. Muchas veces ocurre que el mismo baremo se aplica de una manera u otra en una región y lo mismo ocurre dentro de la propia autonomía, como pasa en Aragón. Depende de las provincias, tanto el tiempo de espera como en algunos momentos una misma enfermedad o patología, sobre todo las degenerativas, en unos sitios se valoran más que en otras", subraya Tena, que también hace hincapié en reducir los tiempos de espera. "Que no sea una falta de medios en la propia administración", añade.
Con motivo de esta concentración, la DGA mostró su "voluntad" de reducir las esperas y plazos para seguir "en la línea en la que ya se está trabajando de evitar demoras indeseadas". En este sentido, recordó que el proceso de mejora en la gestión y reducción en las listas de espera se está reforzando con tres líneas de trabajo (desarrolladas desde el IASS): un proceso de transformación tecnológica, para agilizar la gestión; la mejora de la coordinación con otros sectores, especialmente con Sanidad y Educación, para que los solicitantes del reconocimiento de discapacidad tengan que presentar los "mínimos documentos" para dicho trámite; y se está a la espera de la aprobación por parte del Gobierno central del nuevo Real Decreto. "Va a introducir algunas medidas importantes que van a permitir a las comunidades autónomas adoptar medidas para mejorar el proceso de valoración, además de aprobar un nuevo baremo, al que Aragón ha hecho sus aportaciones en la línea de reducir las demoras", detallaron fuentes del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.
Asimismo, señalaron que se realiza un triaje, cuando se reciben las solicitudes, que permite que las personas que precisen de esta valoración y del certificado para trabajar o recibir alguna prestación sean "atendidas en plazos necesarios para que accedan a esas necesidades y no se vean perjudicadas". "Esos certificados se expiden en los plazos que precisa el demandante", añaden.
Un día a día "más gravoso" económicamente
Por su parte, José Manuel Jariod (también presente en el acto de Cocemfe, el pasado martes, en Zaragoza) insiste en que las administraciones públicas competentes pongan "medios humanos y materiales" para mejorar la situación del colectivo. "No puede ser que una persona esté esperando meses e incluso años a que se le resuelva su baremo de discapacidad. En mi caso fueron 17 meses lo que se me tardó en valorar, pero hay personas a las que se tarda 36 meses e incluso que llegan a fallecer antes de obtener esa valoración", asegura.
Este caspolino recuerda que el día a día es "más gravoso" económicamente para una persona con discapacidad (él necesita ayuda de una tercera persona); de ahí la importancia de acceder a las prestaciones (en función del porcentaje que obtengan; el mínimo es el 33%) cuando se les reconoce ese derecho. "Cuando te reconocen un grado de discapacidad obtienes unos beneficios fiscales: en la adquisición de material ortoprotésico, en pensiones no contributivas, en la tarjeta de aparcamiento, en ayudas para obras de accesibilidad en tu primera vivienda, bono social eléctrico... También hay reserva de empleo para personas con discapacidad tanto en la administración pública como en la empresa privada", enumera. En su caso -por su incapacidad permanente- cobra una pensión "baja", compatible con su trabajo desde finales de 2021 como representante de Asadicc, en labores de administración.
Susana Auria, con fibromialgia: "Estoy cansada de justificar que mi discapacidad supera el 21%"
La zaragozana Susana Auria, de 45 años, cuenta que no puede hacer una actividad más de dos horas seguidas. Padece fibromialgia, además de fatiga y asma crónicas, entre otros males. "Me da un bajón que me caigo al suelo, tengo bloqueo mental y físico, dolores musculares, mareos, naúseas... Es algo que arrastro desde hace años; llevo 20 con medicación, fisios y continuas contracturas. Estaba muy mal y me aguantaba, pero hace tres años caí en picado, de no poder remontar aunque quiera: mi cuerpo dice 'no', hasta aquí", informa.
El detonante fue un golpe en las cervicales (que se sumó a otro que sufrió de joven, que la dejó ya 'tocada'), que no le permitía poder desempeñar su trabajo en el sector de la hostelería y tuvo que coger de nuevo la baja. "El hombro no lo podía mover, además de mis taras físicas. La fibromialgia es como una tortura continua. Ahora estoy en paro tras 24 años en la hostelería. Soy una persona activa y trabajadora y tuve que dejar mi empleo", explica.
En estos momentos, está pendiente de volver a solicitar "desde cero" una nueva valoración del grado de discapacidad, aunque no tiene muchas esperanzas de que el resultado sea favorable. La primera solicitud la cursó el 7 de octubre 2020 y nueve meses después (en julio de 2021) la veían en el IASS. "Me dieron el 21% de discapacidad y, como no estaba conforme, hice un recurso el 7 de septiembre y el 13 de octubre me llegó la notificación de que me la denegaban. Argumentaban que como no había añadido ningún informe que cambiara mi situación, con eso me quedaba", apunta.
Susana pide que se tengan en cuenta a la hora de la valoración las patologías "que son reales" y también, que la gente que la realiza "sea más humanitaria". "El médico valoró mi situación en dos minutos y no se leyó los informes que le llevé. Me he gastado dinero en estudios médicos, me he ido a Barcelona a especialistas... Me entró una llorera", recuerda. Y concluye: "Estoy cansada de justificar que mi discapacidad supera el 21%. Mi discapacidad no se puede valorar por números. A ver qué hago con mi vida".
