"Una ley que no se cumple es un delito, pero aquí no pasa nada"

La familia zaragozana Navarro Bueno lleva desde 2014 en lista de espera de Dependencia. José María, de 94, es totalmente dependiente; y su mujer, enferma de alzhéimer, está pendiente de valoración.

Carmen Navarro atiende a su padre, de 94 años, en el domicilio.
Carmen Navarro atiende a su padre, de 94 años, en el domicilio.
C. N.

Cuando al nonagenario José María Navarro le reconocieron en 2014 el grado II de Dependencia, este anciano todavía podía caminar solo. "Había que bañarlo y hacerle la comida, pero todavía se levantaba de su silla e iba al baño", relata su hija Carmen. Hoy José María es totalmente dependiente y no puede valerse por sí mismo. A punto de cumplir los 94 años, el propio envejecimiento lo ha dejado ciego y sin poder siquiera comer solo. 


"Mi padre es diabético insulinodependiente desde hace años y tenemos contratado un cuidador interno que vive con ellos. Mi madre está enferma de alzhéimer, tiene problemas de conducta desde hace meses, pero el baremo no contempla esta patología en la gravedad que supone para las familias", lamenta Carmen Navarro Bueno, la única hija ya jubilada de este matrimonio zaragozano.


Esta familia lleva desde 2014 en lista de espera de Dependencia en Aragón. Su caso es uno de los casi 14.000 expedientes tramitados que hay actualmente en la Comunidad en el llamado 'limbo de la dependencia': con el derecho reconocido por ley, pero sin recibir ningún servicio o prestación. "Es muy angustiante, sobre todo por mi madre… Es tener una persona demente en casa con otra persona más que está sufriendo porque ve a su mujer en los ratos que está más lúcido y se da cuenta de lo que hay; eso para él es desesperante", confiesa.


Aunque cuentan desde hace años con la ayuda de un cuidador interno, Carmen asegura que no hay un día que ella o su marido no vayan a verlos al piso. De hecho, cada fin de semana se turna con sus hermanos para ocuparse de ellos y comprobar que no les falta de nada. "Somos siete hermanos, pero algunos viven fuera, dos están enfermos y no tienen disponibilidad, y los demás trabajan todos. La única jubilada soy yo, pero nos repartimos y los cuidamos todo lo que podemos", relata.

José María Navarro, de 94, tiene reconocido el grado II de dependencia desde 2014. En la imagen, junto a la grúa que la familia precisa para sus cuidados.

Amparados por la ley, pero sin recibir ninguna ayuda

El disponer de un cuidador les cuesta 1.000 euros al mes; un coste al que se suma los 89 euros mensuales del alquiler de una grúa que han tenido que encargar a una ortopedia de Madrid para poder mover a su padre, incapaz de tenerse ya en pie. "En dos años se ha agravado de tal manera la situación de mi suegro que ahora tendría un grado III muy alto y sería urgente ingresarlo en un centro. Ahora ya no podemos bañarlo, se necesitan al menos dos personas para hacerlo, pero no recibimos nada", afirma Ángel Sanz, exprofesor en la Facultad de Trabajo Social, y también jubilado. Ambos forman parte del Espacio de Información, Orientación y Defensa de los Derechos sociales, una plataforma que trata de reivindicar y luchar por los derechos de las personas dependientes.


Si no hubiera una ley que protegiera estas soluciones, este matrimonio de la capital aragonesa confiesa que quizás el sentimiento de las familias sería otro, que habría menos impotencia. "El problema es que la normativa está y no se cumple; y una ley que no se cumple es un delito, pero aquí no pasa nada", lamentan.


Carmen asegura haber perdido dos tallas en el último año. La angustia es sobre todo por la situación en la que se encuentra su madre, quien sufre también mucho si en algún momento le cuentan lo que ha pasado, recapacita y recuerda. "Afortunadamente -señala- mis padres tenían algunos ahorros, no muchos, pero sí para estos dos años. Ahora he tratado por medio de notario de que nos den un poder amplio para poder vender la casa en caso de que necesitemos ingresarlos en una residencia, pero no consideran a mi padre válido para firmar un papel y habría que incapacitarlo, que es un proceso más largo", relata esta jubilada.


Tener un cuidador interno les ha permitido llevar mejor la enfermedad de ambos y ganar en calidad de vida para sus padres ya ancianos. Es -añaden- la mejor forma de que ellos estén atendidos hoy por hoy, sin que los hijos tengan que estar atados por completo y dependiendo en todo momento de ellos. "Mi caso es mi caso y entre todos lo vamos solventando como podemos, pero hay situaciones muy graves que están cayendo sobre las familias como una losa, afectando y minando la salud física y psíquica de los enfermos y de los cuidadores", sentencia Carmen. 


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