DEPENDENCIA en ARAGÓN
El 99 % de los solicitantes de dependencia fallecidos en 2018 estaba aún sin valorar
Así se recoge en el Informe aprobado por la Cámara de Cuentas en el que revisa la implantación de las recomendaciones realizadas a Aragón por el Tribunal de Cuentas.
La Comunidad aragonesa incumplía a fin de 2018 con el plazo máximo para resolver las solicitudes de dependencia, fijado en seis meses, y supuso que el 99 % de los solicitantes fallecidos ese año ni siquiera habían sido valorados.
Así se recoge en el Informe aprobado por la Cámara de Cuentas en el que revisa la implantación de las recomendaciones realizadas a Aragón por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las comunidades autónomas para la adecuada aplicación de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
La revisión ha sido realizada a iniciativa de las Cortes Generales y bajo la coordinación del Tribunal de Cuentas, y se integrará en un informe general con el resultado de los análisis realizados en el resto de las comunidades autónomas, en el que se detallará el nivel de implantación de las recomendaciones hasta 31 de diciembre de 2018, informa el órgano fiscalizador aragonés en una nota de prensa.
La auditoría de la Cámara ha concluido que hasta dicha fecha, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) había implantado cuatro recomendaciones totalmente, parcialmente dos y tenía tres pendientes de implementar, de las nueve formuladas por el Tribunal de Cuentas en su fiscalización.
Las recomendaciones implantadas totalmente se refieren al desarrollo normativo necesario en aplicación de la Ley de la Dependencia, la integración del sistema informático de alta de solicitudes en el sistema nacional que gestiona el IMSERSO, así como a la impartición y acreditación de formación a los cuidadores no profesionales, servicio al que en 2018 Aragón destinó 1,1 millones de euros, cofinanciados al 50 %, por el Fondo Social Europeo.
De acuerdo con la recomendación del Tribunal, Aragón había regulado la capacidad económica de los beneficiarios de las ayudas y su participación en el coste total de las prestaciones de la dependencia que reciben.
En cuanto a las recomendaciones implantadas parcialmente, la Cámara señala que a fines de 2018 todavía no estaba totalmente desarrollado el expediente electrónico para gestionar las prestaciones por dependencia, si bien, reconoce importantes avances aunque seguía habiendo retrasos en la gestión de las bajas por fallecimiento de los beneficiarios, lo que obligaba a un mayor control de los casos de abonos indebidos para su reintegro posterior.
Entre las recomendaciones no aplicadas, la Cámara ha constatado que Aragón incumplía en el año 2018 el plazo máximo para resolver las solicitudes de ayuda, que se situaba en 411 días de media, una demora que, según el Tribunal, resulta especialmente perjudicial en los casos de los beneficiarios que fallecen en la espera.
En este sentido, según el informe, de los 2.233 solicitantes fallecidos en 2017 y 2018, el 99% no contaban con resolución de reconocimiento de prestación por no haber sido ni siquiera valorados.
También se ha comprobado que en ese año el sistema de información contable del IASS no identificaba el gasto destinado a la atención de la dependencia, ni el organismo disponía de un sistema de contabilidad analítica que permitiera la cuantificación exacta del coste de los servicios.
En 2018, la aportación del Estado a la Comunidad Autónoma según el número de beneficiarios, grado de dependencia, número y tipo de prestaciones, ascendió a 34,4 millones de euros, el 16 % del gasto total; Aragón aportó 174 millones, el 79 %, y los beneficiarios 11,1 millones, el 5 %.
El gasto total en las prestaciones en aplicación de la Ley de la Dependencia ascendió a 221,7 millones de euros, que representaban el 63 % de todos los gastos del IASS que, en 2018, ascendieron a 357 millones de euros.
