vivienda
De los 'minipisos' a las residencias: vivir en 16 metros cuadrados
Desde que el 'boom' inmobiliario obligara a ahorrar metros para abaratar precios, varios proyectos de vivienda han buscado fórmulas distintas a la propiedad en Zaragoza, con poco éxito hasta ahora.
En una época marcada por los confinamientos, en la que quienes buscan vivienda solo piensan en que sea lo más grande que les permita el presupuesto y con terraza, ha vuelto a aparecer el prefijo "mini" en el sector inmobiliario. El Gobierno de Aragón, a través de la consejería de Vertebración del Territorio, ha sacado a licitación la construcción de un bloque de 250 'miniapartamentos' dirigidos a jóvenes para que les permitan dar el primer paso para emanciparse con una renta regulada.
En el pliego de condiciones se fija un tamaño mínimo de 16 metros cuadrados y unos precios máximos de 340 euros al mes para el alquiler, que incluye gastos y el derecho de uso de todas las zonas comunes, y 65 euros al mes para las plazas de parking.
En Zaragoza han sido varios los proyectos que en los últimos años han intentado facilitar el acceso a la vivienda para colectivos con menos recursos, principalmente jóvenes, sin mucho éxito. Durante el 'boom' inmobiliario que terminó con la crisis de 2008 a lo único que podían aspirar a comprar, y siempre que fueran una pareja, era a los llamados 'minipisos' que puso en escena la entonces ministra de Vivienda socialista María Antonia Trujillo. En 2007, firmó un convenio con el Gobierno de Aragón para proyectar 700 minipisos de alquiler en los campus aragoneses, que incluía viviendas de entre 30 y 45 metros cuadrados, de 75 a 200 euros al mes, que no cuajó y estuvo rodeado de polémica desde sus inicios.
Todavía hoy se pueden encontrar en algunos portales inmuebles de este perfil. Estos días se vende por 24.000 euros uno de 19 metros cuadrados en el Casco Histórico de Zaragoza, el tamaño de un salón en un piso medio.
Del 'cohousing' al alquiler
La cultura de la propiedad, que sigue fuertemente enraizada en España, se ha mantenido pese a las crisis y varios intentos de introducir fórmulas diferentes. En 2018, el Ayuntamiento de Zaragoza, con el anterior equipo de Gobierno de ZEC, sacó a licitación tres proyectos de vivienda colaborativa o 'cohousing', promovidos por cooperativas que han ido rindiéndose ante la falta de interesados.
El modelo suponía que el cooperativista hacía una inversión inicial que le daba el derecho de uso del piso durante 75 años, sin llegar a tener la propiedad, que quedaba en manos de la cooperativa. Las zonas comunes eran uno de sus atractivos y conseguir un precio más económico en un modelo sostenible. Uno de los suelos volvió a licitarse el año pasado, pero para construir 64 viviendas de protección oficial.
Desde la cooperativa Asesco, que mantiene su proyecto de viviendas en régimen de cesión de uso en el Gancho, siguen defendiendo que es "un buen modelo, funciona en Europa", pero para que cuaje en España "tiene que haber una mayor implicación de la Administración". Entre las medidas piden "poner a disposición de los cooperativistas suelos prácticamente sin coste y una mayor regulación". Todavía no han conseguido sumar los 12 socios que necesitan para construir las viviendas en la calle San Blas. "Tenemos gente expectante, pero no la totalidad", reconocen.
Otro modelo que ya existía pero que puede tomar ahora un mayor impulso es el de los locales convertidos en vivienda. El Consistorio ha modificado la actual normativa para que puedan tener una segunda oportunidad algunos de los que llevan años cerrados, y de los que se prevé cerrarán por la crisis económica tras la pandemia de covid. Se fija que la vivienda tenga un mínimo de 45 metros cuadrados, con determinados requisitos de iluminación y ventilación. En muchos casos, se necesitará una inversión considerable para la reforma.
El proyecto de edificio residencial para jóvenes que se ha presentado ahora tiene en común la vuelta a las viviendas reducidas con servicios comunes, en este caso con el apoyo público. En el pliego de condiciones se señala que el principal objetivo de este modelo es facilitar la independencia de los jóvenes. Estarían pensados como un lugar temporal hasta que puedan acceder a una vivienda de mayor tamaño. El 52,8% de los jóvenes españoles entre 25 y 29 años vivía con sus padres o con alguno de ellos en 2019, cuatro puntos más que un año antes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La 'Encuesta continua de hogares' apunta que uno de cada cuatro jóvenes de 30 a 34 años sigue conviviendo con sus progenitores.
Cafetería y lavandería
Además de la parte de ahorro económico, el proyecto busca potenciar la convivencia, dando mayor peso a las zonas comunes, que pueden contar con servicios como cafetería-restaurante, ocio, deporte, lavandería colectiva, salas de reunión, entre otras. El edificio está por definir, a la espera de constructoras o promotoras interesadas en el modelo, novedoso en Aragón y sin casi referentes en España. Cada alojamiento deberá contar con "una zona de dormitorio y de trabajo, espacio 'office', armario y aseo independiente con ducha", según se detalló durante la presentación de esta semana. Todos los alojamientos estarán amueblados.
Desde el sector de la construcción reconocen que hará falta echar cuentas y hacer un estudio contando con inversores especializados en este tipo de viviendas de alquiler, al no tener referentes en la ciudad. "Habrá que analizar si encaja en el mercado zaragozano ese perfil de microapartamento", plantea Juan Carlos Bandrés, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Zaragoza. Entre los puntos a favor destaca el precio del alquiler que, "para independizarse gente joven es muy bueno". Por otro lado, 250 apartamentos puede ser un número elevado para la capital aragonesa "y concentrados en una sola zona", apunta.
El modelo estaría más consolidado en ciudades grandes como Barcelona o Madrid, que cuentan con mucha más población y "constantemente hay un flujo de rotación de personas", explica.
La constructora que gane el concurso se encargará de ejecutar las obras, así como las de su conservación, renovación o ampliación, en su caso, y las obras de urbanización de la parcela. Llevará a cabo el equipamiento de los alojamientos y de los espacios comunes, así como su mantenimiento, reparación y reposición y explotará el edificio a través del arrendamiento de los alojamientos y plazas de aparcamiento. La concesión se otorga para 75 años. Desde la consejería que encabeza José Luis Soro, se calcula que una vez que se presenten ofertas y se designe a una, las obras podrían comenzar en el primer trimestre de 2022.
Para Bandrés, el sector del arrendamiento de vivienda irá ganando peso en los próximos años, no solo por la nueva crisis económica que puede hacer más complicado comprar, sino por un "cambio social" y la necesidad el sector de buscar nuevos "nichos de negocio". La construcción de obra nueva para destinar a arrendamientos ya ha aumentado en las grandes ciudades. "Se tiene que dar una profesionalización del alquiler", afirma, el también director general del grupo constructor zaragozano Lobe. Considera que dentro de la oferta local, el proyecto impulsado por la DGA puede ser un "complemento a una residencia de estudiantes". Este sería uno de los colectivos que más demanda alojamiento temporal, aunque con la pandemia han aumentado las clases 'online'.
En el sector también se ha mirado en los últimos años hacia la construcción de residencias de estudiantes como nuevo tipo de alojamiento demandado. En Zaragoza está abierta una licitación en este sentido, para la remodelación del antiguo cuartel de Pontoneros del centro de Zaragoza, dentro del plan de regeneración del sector Pignatelli. En el edificio se proyectó con la anterior corporación una rehabilitación en línea con el modelo de viviendas sociales, para jóvenes y mayores, con zonas comunes. El actual planteamiento busca inversores para una residencia de estudiantes privada que podrá gestionar sobre suelo público durante 99 años.
