Despliega el menú
Aragón
Suscríbete

Covid-19

Casi la mitad de los empresarios agrícolas han declarado ya sus necesidades de mano de obra para la próxima campaña fruticola

Hasta la Consejería de Agricultura han llegado 1.300 declaraciones responsables de los empleadores, un trámite obligado por el Gobierno para evitar posibles brotes de covid como los que se produjeron durante la recolección del pasado año.

El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, con los representantes de las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias
El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, con los representantes de las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias
José Miguel Marco

De los 3.000 empresarios agrícolas que están obligados a presentar una declaración responsable para detallar las necesidades de mano de obra para la próxima campaña frutícola, ya lo han hecho 1.300. Y la cifra crece “de forma exponencial” día a día, por lo que se prevé que en el periodo que resta hasta el próximo día 19 de marzo, fecha en la que termina el plazo para cumplir con este trámite, la respuesta del sector sea total.

Las cifras las ha ofrecido este miércoles el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón en una reunión en la que estaban convocados los representantes de las organizaciones agrarias (UAGA, Asaja, Araga y UPA) y de Cooperativas Agroalimentarias para realizar el seguimiento de la orden publicada por el Gobierno de Aragón para evitar que la movilización de trabajadores que exige la recolección de la fruta provoque nuevos brotes de coronavirus, como sucedió en la campaña pasada.

Olona se ha mostrado satisfecho tanto por la cantidad de documentos presentados como por la “calidad” de las declaraciones, en las que los empresarios agrícolas tienen que detallar cuáles son sus previsiones de contratación y constatar que los alojamientos y el transporte utilizado por sus empleados cumple las adecuadas condiciones. “Esto demuestra el importante cambio en la responsabilidad del sector”, ha señalado el consejero, que ha querido reconocer el apoyo mostrado por las organizaciones agrarias y las cooperativas así como el trabajo que están realizando las oficinas comarcales agrarias. Y ha recordado que dada la dificultad que entiende que supone realizar estimaciones de cosecha a tres meses vista, existe la posibilidad de realizar modificaciones en dicho documento si finalmente la producción a recolectar es muy distinto al que ahora se prevé.

Las declaraciones responsables sacarán a la luz las verdaderas necesidades de mano de obra en el sector, especialmente en el pico de la campaña –entre julio y septiembre–, pero el consejero ha insistido en que no serán más de 15.000 los trabajadores necesarios para la campaña. “No hay que sobrevalorar las cifras, ni hablar de 30.000 o 50.000 porque no es real”, ha insistido Olona, que ha reiterado que todas estas medidas tienen como objetivo evitar que se contrate a personas que no disponen de un alojamiento concreto. Incluso a reconocido que si no hay alojamientos suficientes tendrán que realizarse menos contrataciones. Eso sí, ha dejado claro que la campaña no comienza de forma generalizada hasta el próximo mes de mayo por lo que en este momento no se puede estar hablando de la llegada de temporeros a los pueblos porque no hay trabajo en el campo. “No todos los que acuden a los municipios se les puede identificar con trabajadores de la fruta. Si están llegando ahora desde luego no lo hacen para recoger fruta”, ha puntualizado el consejero, que ha insistido en que no se puede responsabilizar al sector agrícola de todo el problema de la inmigración.

Olona se ha mostrado convencido de que la de este año no va a ser una campaña igual que la de 2020, porque entonces, ha reconocido, “hubo incluso improvisación porque todo era nuevo y desconocido”. De lo que “no hay nada decidido” es de la posibilidad de realizar pruebas PCR a los trabajadores para detectar posibles infectados antes de comenzar la recolección o de vacunar a los empleados del sector. “Todavía queda lejos la campaña propiamente dicha y todas estás acciones estarán determinadas por Sanidad en función de la evolución de la pandemia”, ha dicho.

Colaboración "total"

Satisfechos se mostraron también los representantes de las organizaciones agrarias con el proceso puesto en marcha para evitar la presencia del virus en las explotaciones. “Nuestra colaboración va a ser total”, ha dejado claro el secretario general de Asaja Aragón, Ángel Samper, que ha insistido en que lo que hay que hacer es “echar todos una mano” en cuanto aparezca el mínimo problema si es que lo hay.

Pero para Samper además de voluntad, la Administración también tendría que poner “músculo” por lo que ha pedido partidas presupuestarias que permitan realizar pruebas de diagnóstico que garanticen que “los trabajadores llegan libres de covid”. Ha calificado de “pequeña” la ayuda destinada a la adecuación de alojamientos –200.000 euros– y ha pedido una mayor colaboración para evitar los problemas que puede generar “el flujo de trabajadores que se produce entre Aragón y Cataluña”.

Como un “acierto” y una “buena idea” ha calificado el responsable de Relaciones Laborales de UAGA, Vicente López, la orden publicada por el Gobierno de Aragón, ya que la declaración responsable permitirá tener control sobre el número de trabajadores que viven en la explotación y fuera de ella. Eso sí, López, ha querido puntualizar. “A mí no me dan miedo los trabajadores que viven en mi finca, lo que me da miedo son los itinerantes, que se mueven más”. Y ha dejado claro que "la responsabilidad del empleador sobre los trabajadores que viven en sus casas termina cuando concluye la jornada laboral".

Para el presidente de Araga, Jorge Valero, en una situación como la actual marcada por la crisis sanitaria “es normal los protocolos de trazabilidad de lso temporeros”. Pero, “y como un mensaje a toda sociedad” –ha añadido– hay que dejar claro que no todos aquellos que vienen a nuestros pueblos son temporeros, “es otro tipo de problema que no tiene nada que ver con el sector”. Además ha insistido que los trabajadores que quieren emplearse en la recolección de la fruta “vienen a ganar dinero, por lo que en muchas ocasiones prefieren buscarse alquileres más baratos que los ofrece el agricultor o compartir vivienda con más gente”. En ese caso, ha señalado lanzando el guante al Gobierno, “es la Administración la que tienen que controlar cómo y cuántos viven en cada casa”.

Etiquetas
    Comentarios
    Debes estar registrado para poder visualizar los comentarios Regístrate gratis Iniciar sesión