La sociedad de La Nueva Romareda podrá rescindir el contrato de las primeras demoliciones si las obras se retrasan
El adjudicatario tendrá que hacer dobles turnos o trabajar en sábados y festivos en caso de acumular atrasos. Los pliegos confirman que los trabajos comenzarán el 8 de julio.
La adjudicataria de las primeras demoliciones de La Romareda tendrá que hacer frente a importantes penalizaciones si incumple los ajustados plazos marcados por la sociedad mercantil. Tanto que si el retraso es superior al 10% en los hitos más importantes, Ayuntamiento, Gobierno de Aragón y Real Zaragoza podrán resolver total o parcialmente el contrato.
La llamada fase 1A, centrada en el derribo del gol sur, la antigua gerencia de Urbanismo y el Cubo, deberá resolverse en 24 semanas que empezarán a contar, según confirman los pliegos, el 8 de julio, tras el concierto de Bunbury del día 6. El contratista, subraya el documento, quedará “obligado” al cumplimiento o mejora de los plazos comprometidos, y en caso de que haya retrasos, deberá comprometerse a poner a disposición de las obras “todos los medios, tanto humanos como materiales”, para recuperar el tiempo perdido. Estas medidas podrán ir desde la implantación de un doble turno de trabajo hasta jornadas en sábados y festivos “a requerimiento de la dirección del contrato” y sin que esto suponga “ningún coste adicional o variación de precios”.
Especialmente críticos serán los hitos 3 y 5, correspondientes a la entrega de la zona de Urbanismo y el fin de los trabajos. En cada uno de ellos, advierten desde La Nueva Romareda SL, la existencia de un desvío del 10% del plazo asignado supondrá una penalización económica “del 5% del valor total del contrato”, presupuestado en 5 millones de euros, IVA incluido. Las multas serán “acumulables”, de modo que la empresa podría perder hasta un 10% si se retrasa en estas dos fases.
Los atrasos inferiores al 2,5% del plazo de entrega de cada hito no serán objeto de penalización pero, superada esta barrera, se comenzarán a aplicar ‘sanciones’ de carácter lineal que irán del 1,25% al 5%. Este último porcentaje se aplicará en caso de que la adjudicataria se haya ido más de un 10% de la duración estipulada de cada hito, siendo entonces cuando la sociedad podría resolver el contrato.
Si esto ocurriese, La Nueva Romareda SL “establecería la zona de trabajos a rescindir” y las obras continuarían “con medios propios de la sociedad”. “Todos los sobrecostes soportados y acreditados para la ejecución de las obras afectadas serán repercutidos íntegramente al adjudicatario mediante las retenciones aplicadas y, si fuera necesario, mediante la garantía definitiva”, dicen los pliegos.
Además, si la demora en la ejecución derivara en reclamaciones de terceros, las partes repercutirían los costes íntegros al contratista “siempre que fuesen superiores a las penalidades impuestas”.
Para monitorizar las labores, se contará con una serie de hitos de control que, aunque no serán penalizables, permitirán “detectar el retraso y alertarán de un potencial incumplimiento” de las fases posteriores. Estos serán los referidos a la entrega del plan de desamiantado, calidad y seguridad (semana 1), el inicio de la demolición del gol sur (semana 8) y el comienzo de la excavación del sótano de dicha grada (semana 17).
La “necesidad inaplazable” de disponer del estadio siguiendo los tiempos marcados por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) a las ciudades que aspiran a convertirse en sedes del Mundial 2030 hace que entre cada hito apenas haya unas semanas de diferencia, por lo que cada jornada cuenta, y cualquier retraso de apenas unos días pueda derivar en sanciones. Esto hace también que el procedimiento haya sido declarado “de urgencia” por el órgano de contratación”.
La empresa que gane el concurso público deberá, igualmente, cumplir con los medios ofertados. En caso de que no lo haga, la sociedad podrá optar por la resolución del contrato o por imponer una multa de 500 euros “por cada día de ausencia del medio comprometido”.
“En caso de necesidad de cambio por baja en la empresa, enfermedad del trabajador o causa similar, La Nueva Romareda SL deberá autorizar expresamente el cambio y evaluar que la persona en cuestión presenta un currículum de, al menos la misma capacitación que el empleado al que sustituye. Si no la tiene, se podrá resolver el contrato o imponer una penalidad de 25.000 euros en caso del jefe de obra o encargado y de 15.000 por el resto del personal adscrito”, expone el documento.
Una vez formalizado el contrato -paso que no podrá darse antes de que transcurran 15 días naturales desde que se remita la notificación de adjudicación a los licitadores- solo podrán hacerse cambios en caso de que aparezcan redes de servicios enterradas en el subsuelo que no estuvieran previstas o por la adopción de medidas complementarias que se consideren imprescindibles para garantizar la seguridad de los usuarios del estadio, entre otros supuestos.
Cuando concluyan todos los trabajos se procederá a su comprobación y recepción y si se observan defectos, se harán constar en el acta y el director facultativo deberá detallar “las instrucciones precisas y el plazo para subsanarlos”. Las obras, como suele ocurrir en estos casos, tendrán dos años de garantía, y de acreditarse vicios o defectos en los trabajos efectuados por el empresario, “el órgano de contratación tendrá derecho a reclamarle su arreglo”. Asimismo, los pliegos contemplan que si la obra se arruina con posterioridad al plazo de garantía por vicios ocultos derivados de incumplimientos por parte del adjudicatario, este deberá responder de los daños y perjuicios “durante un plazo de 15 años a contar desde la recepción” de las obras.
Garantías para las siguientes fases
El pliego de condiciones remarca que durante las obras está previsto que se pueda seguir utilizando el estadio “para el desarrollo de los partidos de fútbol y otros eventos previstos”, debiendo convivir “de forma adecuada” la funcionalidad del campo con la ejecución de los trabajos.
El licitador deberá tener esto en cuenta a la hora de confeccionar la oferta, facilitando la “menor afección de las obras” al normal funcionamiento de La Romareda. Además, cabe la posibilidad de que intervengan otras empresas autorizadas por La Nueva Romareda SL y el Real Zaragoza para abordar nuevas fases del proyecto, desmontar de elementos de mobiliario urbano o hacer labores de mantenimiento. “Es posible que antes de la retirada del contratista, la sociedad haya adjudicado la siguiente fase de las obras y esté en disposición de comenzarlas. En este caso, el adjudicatario permitirá y facilitará el acceso y el trabajo del adjudicatario de la segunda fase”, advierte. No en vano, cualquier obstrucción de las tareas encargadas a los restantes contratistas “podrá ser objeto de imposición de penalizaciones”.
Sobre el coste de los derribos, se apunta a que serán financiados “al 100% por la sociedad La Nueva Romareda SL” y se garantiza que “existe crédito presupuestario preciso” para atender las obligaciones económicas que se deriven de la contratación.
