El fin de la era Lambán impedirá recuperar las leyes de vivienda, familia y emergencias

El cambio de ciclo en el Gobierno de Aragón dejará en papel mojado los proyectos de ley diseñados por el cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA) que caducaron en abril y que se podrían haber recuperado gracias a una modificación incluida en 2020 en la Ley del Presidente. Se trata de siete complejas normas que llegaron tarde a la Cámara aragonesa y que no dio tiempo a que se tramitaran en plazo.

Destaca, entre ellas, la Ley de Vivienda, impulsada por CHA, que buscaba hacer efectivo el derecho de los residentes en la Comunidad al «disfrute de una vivienda digna y adecuada». Se pretendía con ella, además, fortalecer las políticas públicas que permitirían atender a los colectivos más vulnerables, a través de herramientas como el registro de pisos desocupados, todavía pendiente. La norma defendía la intervención pública para garantizar una oferta suficiente de suelo para evitar la especulación e incorporaba medidas de control de las condiciones de habitabilidad de los alojamientos temporales para los trabajadores agropecuarios.

Aunque figuró desde el inicio de la legislatura entre las prioridades del cuatripartito, el desarrollo de la ley estatal, que ya está en vigor, dilató su tramitación a pesar de que la Comunidad asumió las competencias. No parece que este proyecto de ley, inspirado en la ideología de CHA, vaya a ser recuperado por un Ejecutivo del PP, con apoyo interno o externo de Vox.

Varios meses trabajaron desde el PAR el proyecto de ley de aragoneses del exterior. Figuraba, entre sus medidas estrella, la creación de un estatuto en el que se consideren aragoneses a todas las personas que vivan fuera de la Comunidad ya sea por mantener la vecindad, tener reconocida la condición política de aragonés, ser nacido en Aragón y haberse visto obligado a salir o tener una especial vinculación por la Comunidad. Tendrían, todos ellos, derecho a participar en la vida social y cultural de la Comunidad.

Cuestionaba en parte el PP la ley de apoyo a las familias del PSOE, y lo lógico sería que desarrollara su propia norma. En la norma, que superó el debate a la totalidad en las Cortes con la abstención de Vox, se incluían medidas para las familias más vulnerables social o económicamente, defendía la igualdad y la responsabilidad, e impulsaba la colaboración de todos los agentes sociales y económicos.

Quedó en el tintero el proyecto de ley del sistema de protección civil y gestión de emergencias de Aragón, que debía actualizar la norma de 2002 que regulaba la lucha contra catástrofes y que incluía la posibilidad de que el presidente de la Comunidad asumiera la gestión de una crisis en los casos en los que se declare una «emergencia integral».

Es previsible que se desechen los proyectos de ley de ordenación de entidades privadas de servicios socios, del tercer sector de acción social de Aragón y el de participación de la comunidad educativa.

A nivel nacional, la convocatoria de elecciones generales y la disolución de las Cortes Generales han conllevado la paralización de la Ley de familia, que incluía permisos remunerados para cuidar de familiares, la Ley de la función pública, que mejoraba las carreras profesionales; el plan Justicia 2030, la norma que regula la prostitución, la Ley de movilidad sostenible, la de bomberos forestales, la de enseñanzas artísticas, la de cine y la cultura audiovisual y la del desperdicio alimentario, en la que solo quedaba el trámite en el Senado.