Familias, docentes y centros de la concertada se unen para pedir la paralización de la ley Celaá

La educación concertada recorrerá este domingo las calles de Zaragoza, Huesca y Teruel para mostrar su rechazo a la tramitación de la Lomloe, también conocida como ley Celaá. Esta movilización será muy diferente a la llevada a cabo hace tres años y que puso de relieve el músculo de esta enseñanza que ha sido elegida por más de 54.000 familias en Aragón y que aglutina a 110 centros educativos y da trabajo a unos 5.300 docentes. La manifestación comenzará a las 11.00 y será en coche a consecuencia de la pandemia.

El origen de todas las discrepancias es el Gobierno central, que está tramitando la Lomloe "sin consenso" y en medio de una crisis sanitaria. "Están aprovechando este momento de pandemia para lanzar una ley que no está debatida ni consensuada", lamenta José Luis Sampériz, secretario general de Escuelas Católicas de Aragón. Explica que este nuevo texto normativo modifica el artículo 109 de la LOE, aprobada en 2006 por el PSOE. Con la nueva redacción, el derecho a la educación se ha de garantizar "mediante una oferta suficiente de plazas públicas" y se insta a las administraciones a promover "un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública".

"Con estos cambios, la Administración podrá decir, cuando haya dos colegios cercanos, sean públicos o concertados, este no va a continuar y le quito una vía", explica Miguel Malla, secretario general de FSIE Aragón. Señala, además, que con esta modificación "están eliminando un derecho".

Recuerda que en varias ocasiones el Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor del derecho a la elección de centro, tal y como ocurrió en Aragón cuando en la renovación de conciertos se eliminó alguna vía sin atender a la "demanda social".

Para Sampériz, la Lomloe podría suponer "la progresiva desaparición de la enseñanza concertada y de la educación especial". Recalca José María Marín, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece) en Aragón, que se otorga al poder público "la capacidad de designar a qué centro tiene que ir cada alumno". "Con esta legislación pueden vaciar las aulas que quieran", subraya. Una cuestión que, remarcan todos, podría afectar a ambas redes de enseñanza.

Y es precisamente este aspecto, el de la libertad de elección, el que más desalienta a las familias. "La máxima preocupación que tenemos las familias es que se vea vulnerado ese derecho. ¿Si no puedes elegir, donde está la libertad?", se pregunta Concepción Ibáñez, presidenta de la Federación Cristina de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (Fecaparagón).

"En vez de hacer una ley que incluye el cierre de un número determinado de aulas, se va ir haciendo poco a poco. Así es como si no afectaran. Juegan con el silencio", resalta Lima San Nicolás, representante de la Federación de Enseñanza de USO Aragón.

Una tramitación exprés

Los convocantes de esta movilización en contra de la ley Celaá señalan que la tramitación ha sido extraordinariamente rápida. "Ponencias que pueden durar dos o tres meses, las han llevado a cabo en cinco días", lamenta Ibáñez. Una opinión que comparte San Nicolás: "A ese ritmo, no sabes ni lo que votas".

Critican, además, la falta de consenso, que se confirma con el más de un millar de enmiendas presentadas. "Es la primera vez en una ley de educación que no nos llaman a hablar. Tampoco han hablado con el partido de la oposición", detalla Malla. A lo que Marín puntualiza: "No se ha consultado al Consejo Escolar, ni tampoco al Consejo General del Estado, lo cual es grave porque normalmente todas las leyes suelen pasar por ellos".

Una situación muy diferente a la que se da actualmente en la comunidad aragonesa. "Aquí tuvimos un problema hace tres años, que se resolvió y desde entonces hay diálogo. De este problema aprendimos todos", explica Malla. Sampériz incide en la capacidad de los partidos aragoneses y de los agentes sociales para llegar a acuerdos. "Fuimos capaces de firmar un pacto social por la educación. Y ahora estamos todos luchando contra la pandemia", enfatiza.

Aragón, tierra de pactos

Sampériz subraya que está "orgulloso" de ser aragonés -en alusión a estos acuerdos y a la situación de convivencia pacífica entre las dos redes educativas y el Departamento de Educación- y lamenta tener que "perder el tiempo" con una lucha que llega impuesta desde Madrid. "A día de hoy tenemos otros problemas como la pandemia. Todos los colegios, públicos y privados, estamos haciendo un verdadero esfuerzo por afrontarla", subraya.

Precisamente fue este "espíritu covid" por el que abogó el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, en la presentación del presupuesto de su Consejería, que incluía un aumento de 16,5 millones para la escuela concertada. "Yo creo en el diálogo, el respeto y el compromiso, y eso es lo que estamos haciendo", enfatizó. Al tiempo que apeló al "espíritu covid", aquel que ha permitido que los centros educativos "sean lugares seguros" con el trabajo de todos, y "dejémonos de enfrentamientos". Incidió en la importancia de pensar en las condiciones del alumnado "más que en otras cosas".

Otras críticas

El presidente de Escuelas Católicas destacó que esta ley, como la anterior, "tiene cosas positivas". El problema, incidió, es "cómo se implantan" y que va a durar unos pocos años. "No podemos estar continuamente cambiando de ley en función de la ideología del partido gobernante", puntualiza.

También lo considera un tema ideológico Marín: "Había una concordia entre la enseñanza pública y la concertada porque se habían considerado complementarias". Asimismo, lamenta que con esta nueva legislación, la concertada está considerada como "subsidiaria". "Esto quiere decir que estamos a merced de lo que la autoridad pública quiera", recalca.

Además de cuestiones ideológicas, San Nicolás lamentó que esta nueva normativa "reduce" la calidad de la enseñanza. "Se están bajando los niveles y nadie quiere una sociedad que se empobrece cultural y educativamente", subraya. Destaca la importancia de que nadie quede atrás, pero incide en la necesidad de que el que pueda "subir muy alto, lo haga".

Las familias, con Ibáñez como cabeza visible, recalcan esta cuestión: "Queremos que nuestros hijos salgan del colegio con las máximas competencias". Malla recuerda que cuando se aprobó la LOE se consideró que era necesario mantener las dos redes -pública y concertada- porque cuando hay competencia "se da una oferta de mayor calidad".

Todas estas cuestiones y alguna más han llevado a que los representantes de la escuela concertada hayan dicho "basta" y se movilicen hoy en las principales ciudades del país, entre ellas, Zaragoza, Huesca y Teruel, donde a partir de las 11.00 comenzarán manifestaciones en vehículo para mostrar el rechazo a la ley Celaá. Una movilización que esperan "numerosa", dado el interés que ha despertado en los últimos días en los centros educativos. "Nos vemos abocados a convocar esta manifestación para mostrar nuestro malestar a la sociedad", recalca Sampériz.