El pleno del Congreso aprueba la ley Celaá tras un bronco debate con gritos desde los escaños
El proyecto de ley con el que se quiere derogar la Lomce o ley Wert ha obtenido 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones.
Un Congreso dividido, tras un bronco debate con gritos desde los escaños, aprobó este jueves la Lomloe, la conocida como ley Celaá, que al final del invierno, una vez la ratifique el Senado, derogará la Lomce del PP y se convertirá en la octava norma educativa de la historia de la democracia.
Ni hubo marcha atrás en la polémica enmienda que retira el adjetivo "vehicular" a la lengua castellana en la enseñanza, ni salió adelante un intento de todos los grupos de centro-derecha -desde PP a PNV- para aflojar las medidas que amenazan con convertir a los centros concertados en subsidiarios de la red pública. El texto final es casi idéntico al que el viernes salió de la comisión.
La imagen que mejor ilustró la profunda fractura política se vio tras la hora y media de debate, con los diputados de PSOE, Unidas Podemos y ERC y la ministra Isabel Celaá aplaudiendo durante varios minutos puestos en pie mientras que las bancadas del PP y Vox, ataviados con el lazo naranja de la revuelta de la concertada, les respondieron golpeando los escaños al grito de "¡Libertad!".
Como las siete leyes precedentes, la Lomloe salió adelante sin consenso y con todos los puentes rotos para un hipotético pacto de Estado, lo que la aboca a que en un futuro, más o menos próximo, su texto sea reformado o derogado, algo para lo que ya se ha juramentado el PP. Lo pronosticó Ana Oramas, de Coalición Canaria: "Esta ley tiene los días contados".
Por un solo voto
La ley Celaá fue aprobada con los 177 escaños de la alianza que forjaron los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, los nacionalistas de ERC y PNV, Más País, y los dos escaños de Nueva Canarias y Compromís. Tras el error de un diputado del 'sí', el proyecto logró la mayoría absoluta (176 escaños), que era el mínimo obligado por ser ley orgánica, por un solo voto. Teruel Existe se abstuvo. Celaá se mostró "feliz", pese a que admitió que le hubiese gustado "más consenso".
Los cuatro grupos del 'sí' arrancaron sus intervenciones favorables con una celebración que se resume en la frase de la portavoz socialista, Luz Martínez Seijo: "Hoy es un día histórico. Siete años después derogamos la ley Wert (la Lomce)". Toda la izquierda coincidió en que las objeciones a la Lomloe de "las tres derechas" no son más que "mentiras ruines y manipulaciones irresponsables", pues, aseguran, la norma ni va hacer desaparecer el castellano de Cataluña, ni va a cerrar colegios especiales, ni impide a los padres elegir centro. "No defienden la libertad sino los privilegios", resumió el portavoz de Unidos Podemos, Javier Sánchez.
"Ruptura constitucional"
El proyecto de reforma educativa recibió un sonoro y contundente 'no' de PP, Ciudadanos y Vox, al que se sumaron UPN, PRC, CC, Foro Asturias y la CUP -estos últimos por las razones contrarias-. La portavoz de Ciudadanos, Marta Martín, fue la más gráfica cuando dijo que "vamos a votar 'no' con las dos manos, porque demuele el sistema educativo", y el de Vox, Joaquín Robles, el más duro, ya que acusó al PSOE de "traicionar y abandonar al pueblo español y ponerlo al servicio de los oligarcas separatistas, que no tienen otro interés que convertir la educación en una fábrica de independendentistas".
Con argumentos casi idénticos, acusan a la norma de "texto ideológico y partidista" que no busca el consenso; de dar la puntilla a la enseñanza en castellano; de bajar "peligrosamente" el nivel de exigencia; de buscar "el cierre" de colegios de educación especial; y de "conculcar la libertad de elección de centro" y "asfixiar" a la escuela concertada. Las tres grandes formaciones la tildaron de "canallada" y "despropósito", por lo que acudirán al Tribunal Constitucional para que decrete su ilegalidad.
El PP calificó a través de Sandra Moneo a la Lomloe como "una ley fallida que certifica la ruptura del pacto constitucional en educación" y aseguró que el PSOE renuncia a ser un partido de Estado, con un texto de radicales e independentistas, "solo por mantenerse en el poder". Los populares comenzaron hoy mismo una ofensiva nacional contra la ley adhiriéndose a las manifestaciones que el domingo realizará la concertada, con la inauguración por su líder, Pablo Casado, de una recogida de firmas en la calle, con una campaña en redes, con actos y reuniones con los detractores de la norma en todas las provincias, y con la votación de mociones en ayuntamientos y asambleas autonómicas.
El proyecto de ley recibió el visto bueno mientras los representantes de los colegios concertados -empresas, padres, sindicatos y asociaciones-, que han recogido 1,5 millones de firmas para pedir su paralización, protestaban por cuarta vez ante las puertas del hemiciclo. Agrupados en la plataforma 'Más Plurales', subirán el tono de sus movilizaciones el domingo, cuando tienen convocadas manifestaciones de vehículos por las calles de las principales ciudades españolas.
