covid-19

Las residencias privadas ven inasumible pagar 130 euros por PCR

Los centros públicos critican que los trabajadores pierdan días de vacaciones para poder hacerse el test tiempo.

Lambán, este martes en la reunión con las coordinadoras de gestión de las residencias.
Lambán, en la última reunión de coordinación con las residencias.
Toni Galán

Las residencias privadas de Aragón ven "inasumible" pagar 130 euros por PCR por cada trabajador que vuelva de vacaciones, tal y como establecen las medidas acordadas recientemente por las 17 comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

El presidente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), Santiago Cosculluela, se mostró ayer en "total desacuerdo" y advirtió de que la mayor parte de estos centros "están en pérdidas" y no pueden afrontar más gastos de los que ya tienen. "La situación es insostenible. Estamos desquiciados", reconoció.

El colectivo está trabajando ya junto a su gabinete jurídico para determinar qué acciones tomarán. El problema se da en toda España, pero en Aragón "es más grave si cabe", ya que, según dijo, "con las plazas tan baratas, muchos centros no tienen capacidad económica". Arade se ha reunido en las últimas horas con el secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez, para abordar esta cuestión. "Se han comprometido a ver qué se puede hacer para mejorar la situación actual, pero no nos ha dado ninguna solución", resumió.

Que las PCR vayan a cuenta de las empresas no es una novedad, ya que todos aquellos negocios que han querido hacérselas a sus trabajadores han tenido que recurrir a laboratorios privados y pagarlas de su bolsillo. Una de las alternativas podría ser, por tanto, unirse a la iniciativa impulsada por CEOE Aragón, que tras un acuerdo con el Salud, permitió colaborar con laboratorios privados para hacer PCR a menor coste.

No obstante, en este caso no se trata de una cuestión voluntaria o de una recomendación, sino de una obligación impuesta por el Ministerio y trasladada por las comunidades autónomas a su ordenamiento, de ahí que el sector insista en buscar otras fórmulas.

Críticas en los centros públicos

Los problemas no afectan únicamente a los centros de titularidad privada. En los públicos, estarían obligando a los trabajadores a hacerse las PCR en sus semanas de descanso. Lo denuncia UGT, que critica que haya gente que haya tenido que cancelar sus vacaciones. "Y si los resultados no están a tiempo, tienen que devolver los días", afirmó Angélica Mazo, secretaria del Sector Servicios a la Comunidad y Sector Servicios Sociales de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Advirtió, asimismo, de que los primeros roces no han tardado en aparecer, ya que hay gente que estaba fuera que "se ha negado" a adelantar la vuelta de vacaciones.

María (nombre ficticio) trabaja en una de las residencias de mayores de Zaragoza. En su opinión, esta fórmula supone "una merma de derechos". "Primero, tienes que perder tiempo en llamar al centro de salud. Y si tienes 15 días, a los 10 ya tienes que volver a casa, así que si tenías algún plan, olvídate. Nos parece estupendo que se hagan PCR, pero no así", aseveró. Aseguró, asimismo, que ha habido compañeras que han solicitado la prueba y "no les han dado fecha hasta dentro de 20 días".

Personas con discapacidad

Por su parte, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en Aragón (Cermi-Aragón) reclamó ayer todas que las pruebas diagnósticas para detectar contagio por covid de personas con discapacidad atendidas en recursos sociales, así como del personal que les presta apoyo, sea asumido por la Administración "como una cuestión de salud pública". "En unas pocas comunidades, el coste corre a cargo de Sanidad o Ciudadanía, pero en la mayor parte de los territorios, debe ser asumido por la organización social que gestiona el recurso, o por la propia persona con discapacidad o su familia", manifestó.

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