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Aragón pondrá multas de un mínimo de 100 euros a quienes fumen en la calle a menos de dos metros de otra persona

La nueva orden entró en vigor este lunes por la tarde en toda la Comunidad.

Fotos del barrio zaragozano de Delicias, golpeado por el coronavirus
Fotos del barrio zaragozano de Delicias.
TONI GALAN

Aragón sancionará con multas de entre 100 y 3.000 euros a aquellas personas que fumen en la calle a menos de dos metros de otra. La DGA comenzó a aplicar ayer con efecto inmediato las directrices aprobadas por unanimidad en el último Consejo Interterritorial de Salud, unas medidas ya implantadas en Galicia, Murcia, La Rioja, Castilla y León, Cantabria, País Vasco e Islas Canarias con las que el Ministerio de Sanidad busca frenar el avance el coronavirus y evitar nuevos rebrotes.

El anuncio cogió por sorpresa a hosteleros y clientes, que esperaban tener al menos hasta hoy o mañana para adaptarse al cambio normativo. La DGA también impuso el cierre de bares y restaurantes a la 1.00, directriz que fue recurrida por Horeca y la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) –que hace apenas diez días autorizó las medidas cautelares solicitadas por el sector–, y que afectará a las comarcas en nueva normalidad..

Fumar al aire libre a menos de dos metros de una persona, ya se esté paseando por la calle, esperando al autobús o al tranvía o en una terraza, se considerará una infracción leve y conllevará sanciones que partirán de los 100 euros e irán hasta 3.000 euros, según lo establecido en la Ley de Salud de Aragón. Esto será así tanto en los territorios que han retrocedido a la fase 2 como aquellos que se encuentran en la denominada nueva normalidad, se trate de un cigarro, un cigarrillo electrónico, una pipa de agua o una cachimba. El Ejecutivo, no obstante, valorará cada caso, por lo que las cuantías podrían ser aún mayores si se es reincidente.". 

Se tendrá en cuenta, por ejemplo, si hay intencionalidad, si se han incumplido advertencias y requerimientos previos formulados por el personal inspector o los perjuicios causados a la salud de otras personas o de uno mismo, entre otros factores.

Las autoridades sanitarias no harán distinciones entre convivientes y desconocidos, por lo que los infractores podrán ser sancionados aunque quien esté delante sea amigo o familiar.

Los establecimientos que superen su horario de cierre también tendrán multa. Las sanciones podrán oscilar entre los 3.001 y los 60.000 euros al tratarse de infracciones graves, sobre todo en aquellos supuestos que impliquen a varias personas. Las muy graves, por su parte, irán de los 60.001 a los 600.000 euros.

Todas estas medidas estarán en vigor en tanto se mantenga la Declaración de Actuaciones Coordinadas aprobada por el Ministerio de Sanidad. El Gobierno aragonés tardó apenas unas horas en resolver las dudas jurídicas que planteaban estas nuevas restricciones, entre las que también figuran la obligatoriedad de hacer PCR a los trabajadores de residencias que vuelvan de permiso o de vacaciones, tras el último varapalo del TSJA.

El Ejecutivo, una vez consultados los servicios jurídicos, optó por hacer una transposición literal de la normativa ministerial y publicarla por la tarde en el Boletín Oficial deAragón (BOA). 

La propia orden, firmada por la consejera de Sanidad, Sira Repollés, establece que quedarán sin efecto todas aquellas medidas que contradigan o se opongan a su contenido. La polémica por los horarios de cierre, no obstante, parece lejos de acabar, ya que es más que probable que la hostelería, que hoy se reunirá a nivel nacional, recurra la norma, que obliga a estos negocios a no aceptar nuevos clientes a partir de las 0.00.

A esto hay que unir la demanda que ya preparan los empresarios del ocio nocturno de Zaragoza, a la que podrían unirse negocios de Huesca o Caspe. Entre las once nuevas medidas, aprobadas en respuesta "a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por covid-19", figuran la prohibición de hacer botellón y la recomendación de limitar los encuentros sociales fuera de los grupos de convivencia estable y de no organizar reuniones con más de diez personas, medidas que ya se aplicaban en Aragón. También se insta a hacer cribados con pruebas PCR en poblaciones de riesgo y "potencialmente expuestas".

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