El proyecto para crear la Orquesta Sinfónica de Aragón desafina ya antes del primer concierto
La DGA lleva más de seis meses sin convocar el patronato y el presupuesto para 2024, de 100.000 euros, es insuficiente para ponerla en marcha
El proyecto de crear la Orquesta Sinfónica de Aragón, el más ambicioso de la pasada legislatura en el ámbito cultural, está en vía muerta. Y lo está por más que Tomasa Hernández asegurara hace unos días que "vamos a estudiarlo y vamos a hacer algo. Si no es en 2024, será en 2025, pero usted va a oír música de una orquesta sinfónica de Aragón". La consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón se expresaba así ante el diputado Daniel Alastuey para explicar por qué en los presupuestos de este año solo hay prevista una partida de 100.000 euros para la orquesta. Ese dinero, insuficiente para ponerla en marcha, supone su muerte técnica. ¿Qué ha ocurrido para llegar a este punto?
Desde hace décadas, los aficionados a la música clásica y los profesionales del sector reclaman la creación de una sinfónica de titularidad pública, como la tienen otras 13 comunidades autónomas. Mientras han surgido varias iniciativas desde el ámbito privado, la idea no ha cuajado en lo público. Hasta que en la anterior legislatura el presidente aragonés, Javier Lambán, la hizo suya y la esgrimió en dos debates sobre el estado de la comunidad (todos los grupos políticos habían apoyado antes su creación en las cortes regionales).
Lambán no encontró mucho entusiasmo dentro de su propia consejería de Educación y Cultura. No porque Felipe Faci estuviera contra el proyecto en sí, sino porque lo veía como un problema económico para su departamento. Si todo hubiera seguido su curso, este año la orquesta dispondría de un presupuesto de dos millones de euros, una parte muy importante del total para cultura. Y eso le hacía augurar numerosos quebraderos de cabeza. El proyecto tampoco encontró entusiasmo a nivel social fuera de los aficionados a la música clásica. En una comunidad donde la inmensa mayoría de las iniciativas culturales cuentan con algún tipo de financiación pública, un proyecto de esa envergadura fue pronto visto por algunos como una amenaza.
Pero en Cultura se empezó a trabajar a toda máquina. Se decidió crear una fundación, se redactaron sus estatutos y se llevaron al Protectorado, que los alabó. La idea era, tras instaurar la fundación y su patronato, cuando la orquesta empezara a dar sus primeros pasos musicales, hablar con los ayuntamientos y diputaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel y con el ministerio de Cultura para redondear el proyecto sobre todo desde el punto de vista económico. Un dato no conocido hasta ahora es que se pretendía radicar la orquesta en el Palacio de Congresos de Zaragoza, cuyo edificio precisaba unas obras mínimas de acondicionamiento, poco más de 100.000 euros, según una fuente conocedora del proceso.
La redacción de los estatutos de la Fundación Orquesta Sinfónica de Aragón (FUSA) llevó su tiempo y no se aprobaron hasta abril de 2023. A esas alturas, conjugar un proyecto cultural estrella en año electoral llevó a que el proceso se acelerara al máximo. Si en abril se habían aprobado los estatutos de la fundación, en mayo se constituyó su patronato y en junio se convocaron dos plazas, de gerente y de administrativo, a la vez que el concurso para elegir la formación orquestal que desarrollaría el proyecto sinfónico. Desde el patronato de la FUSA se crearon sendas comisiones, con asesores externos, para dilucidar los concursos.
Paralelamente, desde el Departamento de Hacienda se acudió en ayuda de Cultura y se aprobó una transferencia de 1,1 millones de euros para sumar a los casi 400.000 previstos para 2023 en la consejería de Faci.
Para cada una de las dos plazas convocadas se presentaron media docena de candidatos, y al parecer una de ellas quedó desierta. Y, por otro lado, el concurso para elegir la formación orquestal que desarrollaría el proyecto acabó enrarecido. La idea original era aprovechar el impulso de alguna orquesta privada existente para, convenientemente dotada, disolverla y dar lugar a la Sinfónica de Aragón. Eso, en la práctica, reducía las candidatas a dos, ambas con más de una década de trayectoria, la Orquesta Reino de Aragón, fundada en 2011, y la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza, que recoge el testigo de otra formación anterior, la Sinfónica Goya, y se remonta por tanto a 2013. A finales de junio pasado, esta última anunció que no se iba a presentar a la selección y que había decidido impugnar todo el proceso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, al considerar, entre otros motivos, que el proceso estaba diseñado para "valorar especialmente los méritos" de la otra formación.
Todo esto se producía con el gobierno autónomo en funciones y a menos de un mes de las elecciones, que cambiarían el color político de la DGA. En la transición entre legislaturas, el Partido Popular llegó a exigir al Gobierno de Aragón y a su presidente que aceptara "el resultado democrático de las urnas" y paralizara el concurso para la orquesta. El diputado Fernando Ledesma llegó a asegurar que "algo huele mal en todo este proceso" y que "el olor a cloacas se está infiltrando en todo el Pignatelli".
El desembarco del nuevo equipo de gobierno en la DGA lo paralizó todo. No se volvió a convocar el patronato, y por tanto la elección de administrativo y gerente no es oficial (tampoco se ha comunicado el resultado de la selección a los candidatos, según algunas fuentes). Y, pese a las prisas, al Consejo de Gobierno que presidía Lambán no le dio tiempo de aprobar la transferencia de 1,1 millones a la FUSA. El equipo de Azcón tampoco lo ha hecho después. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos ha acabado desestimando la impugnación de la Orquesta Ciudad de Zaragoza, pero ya cuando el proyecto había entrado en vía muerta.
Y desde octubre hasta hoy no ha habido novedades. La nueva consejera y el nuevo director general de Cultura, Pedro Olloqui, no se han manifestado en contra de crear la orquesta pero sí contra el proceso, al que califican de "precipitado". Tomasa Hernández ha hablado de una orquesta "eficaz y sostenible", es decir, más barata. Y en algunos círculos se apunta a los conservatorios como posible solución. De ser así, difícilmente llegará antes de 2025.
Todas las autonomías, salvo Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja y Aragón tienen al menos una orquesta sinfónica de titularidad pública. Galicia posee dos, al igual que Asturias y Canarias. En la Comunidad Valenciana hay tres, en Andalucía cuatro, y Castilla y León, Región de Murcia, Extremadura, Baleares o Navarra cuentan con una. Madrid eleva su número a cuatro porque a las del Ayuntamiento y la Comunidad se añaden las de RTVE o el Teatro Real. Cataluña suma, a la del Liceo, otras dos.
El oscense Sergio Guarné es uno de los que cree firmemente en la necesidad de una orquesta de titularidad pública en Aragón. "Una formación de este tipo es una necesidad de una sociedad culta y sensible –asegura–. Sería una gran noticia que se estableciera en Aragón y una oportunidad laboral para centenares de personas, tanto en puestos directos como indirectos".
Sin querer entrar a valorar la marcha del proyecto tal y como se inició en la pasada legislatura, Guarné sí quiere subrayar que el proceso no estaba diseñado para que lo ganara la Orquesta Reino de Aragón, de la que es director general. "No estaba preparado. A nosotros nadie nos ha regalado nunca nada. Reino de Aragón nació en 2011 para cubrir una necesidad que había en Aragón y nos ha costado sudor y lágrimas ubicar el proyecto en el lugar en el que está 13 años después. No vamos a sentirnos mal por haber hecho bien nuestro trabajo".
Guarné aún es optimista. "No pierdo la esperanza, no la quiero perder –concluye–. Es un proyecto cultural muy importante para Aragón. Si el modelo por el que se opta cuesta 2 millones o 9 ya es una discusión técnica".
