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Internacional

El 'brexit' plantea a los expatriados un futuro sin certezas pese al pacto con la UE

Tres años y medio después del referendo de 2016, que puso patas arriba la agenda política continental, persiste una palpable fractura en la sociedad británica y en los debates sobre inmigración e identidad-

Manifestantes a favor de la Unión Europea defienden en Londres la campaña ‘People’s Vote’, que solicita una votación pública sobre el acuerdo final de ‘brexit’.
Manifestantes a favor de la Unión Europea defienden en Londres la campaña ‘People’s Vote’, que solicita una votación pública sobre el acuerdo final de ‘brexit’.
Andy Rain/EFE

El adiós del Reino Unido a la Unión Europea el día 31 de enero aboca a los ciudadanos comunitarios en este país y a los británicos en los Veintisiete a un futuro sin certezas pese al acuerdo del 'brexit' consensuado entre ambas partes.

Tres años y medio después del referendo de 2016, que puso patas arriba la agenda política continental, persiste una palpable fractura en la sociedad británica y en los debates sobre inmigración e identidad.

Tras encontrarse varias veces al borde del abismo de un 'brexit' sin acuerdo y un arduo proceso negociador, Londres y Bruselas sellaron un pacto que recoge la protección de los derechos de los ciudadanos, unas garantías, para ambas partes, prioritarias.

Lo que recoge el acuerdo

El acuerdo de salida alcanzado entre la UE y el Gobierno de Londres protege a los ciudadanos que estén residiendo en el Reino Unido, en el caso de los europeos, o en un Estado miembro, en el caso de los británicos, para cuando concluya el periodo de transición, previsto por el momento para el 31 de diciembre de 2020.

A ellos se les podrán unir en el futuro sus parejas, padres, abuelos, hijos, nietos y personas con las que tengan una relación estable y duradera.

Sobre el papel, estos ciudadanos tendrán garantizado legalmente su derecho a “vivir, trabajar o estudiar” en su país de acogida, y mantienen su acceso a asistencia sanitaria y beneficios sociales como paro o pensiones, que podrán recibir en otro Estado miembro en condiciones idénticas a las que disfrutan ahora como socios europeos.

También podrán optar por ley al empleo y a registrarse como autónomos, y se mantienen los reconocimientos de cualificaciones profesionales acordadas en el pasado o que estén en proceso a ambos lados del Canal de la Mancha.

Casi un millón de comunitarios sin regularizar

Pese a la aparente simplicidad de los términos del acuerdo, el embrollo burocrático y legal del 'brexit' se ha cebado con los comunitarios que viven en el Reino Unido y los británicos repartidos por el continente, convertidos en moneda de cambio por los políticos.

De los 3,8 millones de europeos que residen en este país, casi un millón sigue aún sin poner en regla su estatus legal.

Para ello deben solicitar el llamado estado de asentamiento -"settled status"-, disponible para aquellos que llevan un mínimo de cinco años consecutivos en el Reino Unido, mediante un proceso 'online' por el que han de proporcionar un documento de identidad, una fotografía y una declaración de antecedentes penales.

Según la Oficina Nacional de Estadística, el número de solicitantes ha alcanzado los 2,7 millones, de los que 2,5 millones han recibido el visto bueno. Apenas seis con historial delictivo han visto rechazadas sus peticiones.

1,3 millones de británicos entre los Veintisiete

Hasta 1,3 millones de ciudadanos británicos viven en otro país de la UE, lo que sitúa al Reino Unido, según datos de Naciones Unidas en 2017, como el quinto país del club comunitario con más nacionales habitando en otro Estado miembro, tras Polonia, Rumanía, Alemania e Italia.

Para mantener el estatus que garantiza el acuerdo tras el periodo de transición, los nacionales británicos deberán solicitar un permiso de residencia permanente al que podrán optar tras cinco años viviendo en su país de acogida siempre que esa estancia haya comenzado antes del final de la transición.

La situación en la que se encuentren los ciudadanos británicos que quieran irse a vivir a un país europeo tras el final del periodo de transición no está recogida en el acuerdo de retirada.

En cualquier caso, este no garantiza que tras tener el permiso de residencia en un país europeo un británico pueda ir a vivir y trabajar en otro, una de las cuatro grandes libertades que garantiza la UE y a las que renuncia el Reino Unido con su marcha.

El analista del centro de estudios Open Europe Pieter Cleppe resume que los derechos de los ciudadanos “apenas sufren cambios” si estos se instalan en el país de acogida antes del final del periodo de transición, pero advierte de que, para los que lleguen después, todo dependerá de los términos de la futura relación que empieza a negociarse este año.

Los analistas creen que el 'brexit' conlleva incertidumbre

Asociaciones como "The 3 Million", el grupo más grande que engloba en el Reino Unido a estos comunitarios, vela porque esas personas regularicen su situación antes del plazo límite, el 30 de junio de 2021.

Según un reciente sondeo a cargo de la Universidad inglesa de Northumbria, un 89,53% está "preocupado" por la ausencia de un documento físico que verifique su situación legal tras la salida.

Los expertos anticipan que el 'brexit' conllevará una fase de "incertidumbre" para esas personas. Temas acuciantes como el acceso a servicios sanitarios, las pensiones, o cuál será el nuevo sistema de inmigración están en el aire.

Nicholas Wright, profesor en la University College London y experto en política comunitaria, señala la falta de confianza y la "incertidumbre sobre la buena fe en el Gobierno y la burocracia para cumplir con sus compromisos y hacerlo de manera abierta, justa y transparente".

Lo que más teme el Ejecutivo, dice, sería "otro escándalo como el de Windrush (cuando en 2018 se cuestionó la ciudadanía británica, por la ausencia de documentación oficial, a ciudadanos caribeños de la Commonwealth, reclutados como fuerza laboral en la posguerra), con todo lo que conlleva en cuanto a deportaciones injustas y desarraigo de las vidas de los ciudadanos".

Por su parte, el profesor de Derecho de la Universidad de Durham Thom Brooke, especialista en asuntos de ciudadanía e inmigración, plantea un "futuro incierto para los comunitarios" frente a la "falta de claridad" del Gabinete de Boris Johnson en cuanto a la forma del futuro sistema de inmigración.

Un documento físico para demostrar el estatus legal de un comunitario

Nueve de cada diez comunitarios en este país abogan por un documento con el que verificar su situación legal y evitar episodios de discriminación -con entidades bancarias, arrendadores, etc.-, opción que no secunda, por ahora, el Ejecutivo británico.

La Cámara de los Comunes, donde el Gobierno cuenta con mayoría absoluta, rechazó el pasado miércoles una enmienda de los Lores que defendía emitir una identificación física para probar el derecho de residencia en este país de esas personas tras el “divorcio”.

También el Parlamento Europeo se ha mostrado partidario de que se expida un documento con estas características, y, en una resolución reciente, afirmó que traería una “mayor certidumbre y sensación de seguridad” para los ciudadanos de los Veintisiete.

¿Quién vigilará que se cumpla el acuerdo?

La burocracia y la complejidad de estos trámites, así como el margen de que se cometan abusos, han llevado a que el texto del pacto incluya unas líneas sobre quién se encargará de asegurar que se respetan los derechos de los expatriados.

La implementación del capítulo sobre derechos de los ciudadanos la vigilará en la UE la Comisión Europea, que ha encabezado las negociaciones del acuerdo en nombre de los Veintisiete y hará lo propio con la nueva fase que se abre ahora, en la que se negociará la futura relación.

En el Reino Unido, la vigilancia de que se cumplen estos derechos corresponderá a una autoridad nacional independiente.

Británicos y europeos podrán invocar el texto del acuerdo de retirada directamente ante tribunales de sus países, y las cortes británicas podrán plantear preguntas sobre la interpretación de los capítulos de derechos de los ciudadanos hasta ocho años después de que acabe la transición.

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