Los precios siguen desbocados, tal y como ha confirmado el último dato de inflación, el 9,8% de media en España, que en Aragón ha saltado al 10,7%, que no se veía desde mediados de los años ochenta.  La energía sigue siendo la principal culpable de los actuales niveles de precios, impulsada por el impacto de la guerra de Ucrania. Esta subida supone un sobrecoste para las empresas y los hogares.

El Banco de España espera que el año termine con el Índice de Precios al Consumo (IPC) medio en el 7,5%. Esta referencia es la que se aplica para actualizar las pensiones y que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha dicho que se mantendrá pese a lo elevado de la cifra, superior a la esperada. Incluso si alcanza los dos dígitos. El Banco de España ha calculado que actualizar las pensiones en 2023 con una inflación media del 7% costaría unos 12.600 millones al Estado. Hacienda cuenta con que en la segunda mitad del año se reduzca el ritmo de crecimiento de los precios. 

Mientras, la subida de sueldo media de los salarios en los convenios colectivos firmados hasta marzo no alcanza el 2% de media. La negociación resulta más complicada porque las peticiones de incrementos de sueldo de los sindicatos, pese a quedar muy por debajo de la inflación, chocan con la situación de sobrecostes que afrontan las empresas debido al alza de la energía, las materias primas, el transporte o los parones de actividad por la falta de suministros.

Pagar más por lo mismo

"Una inflación tan elevada es muy perjudicial porque erosiona la capacidad de compra de los hogares y los márgenes empresariales", reconoce Eduardo Bandrés, economista y profesor de la Universidad de Zaragoza. Bandrés explica que con unos precios tan altos España estaría pagando "un precio más alto por comprar lo mismo", por ejemplo, en energía. El economista apunta al empobrecimiento de la sociedad ya que "tenemos que asumir que somos algo más pobres, que pagamos mucho más por lo mismo". La actual situación implica "un recorte de la capacidad de compra en el conjunto del país". Destaca que tres cuartas partes de la subida de precios se debe al alza de la electricidad, el gas y los carburantes. 

Ante esta situación apunta a definir "cómo se reparte ese impacto en la renta" y pide "avanzar en el pacto de rentas". Así, "no todo puede ser asumido por los hogares y los salarios, pero también hay que ser prudentes porque esto implicaría alimentar la espiral de precios y salarios". Bandrés considera que hay que ser "cuidadosos" en las reivindicaciones porque "de lo contrario es alimentar espiral precios y y dar argumentos al Banco Central Europeo (BCE) para llevar una política más contractiva".

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El incremento de precios hace difícil la negociación de convenios nuevos, para acercar en lo posible los salarios a la inflación. Desde el sindicato UGT se ha urgido una subida salarial y la firma del Acuerdo Nacional para la Negociación Colectiva que está pendiente de firmar por las patronales y los representantes de los trabajadores. Este documento sirve de guía en las negociaciones de convenios. Desde CC. OO. se pide mientras un bono de emergencia de 300 euros por trabajador para paliar la pérdida de poder adquisitivo.

Sin subida para las trabajadoras de residencias

En algunos colectivos resulta complicado también aplicar las subidas de sueldos ya pactadas y referenciadas a la inflación. Este es el caso del convenio nacional del sector de la dependencia, que lleva sin poder aplicar los incrementos desde antes de la escalada actual. A él pertenecen 275.000 trabajadoras en España y unas 10.000 en Aragón de residencias, centros de día, el servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia. "Llevan sin incremento salarial desde 2019", explica Angélica Mazo desde UGT Aragón. Además, algunas categorías como las gerocultoras o el personal de limpieza cobran por debajo del actual salario mínimo (SMI), que ha quedado en 1.000 euros tras la última subida del Gobierno. El convenio se encuentra en "ultraactividad" desde que fue denunciado por cumplirse su vigencia y no se llegó a un acuerdo. En 2020 incluía una cláusula por la que no habría subida si la economía no crecía un 2%, dato imposible con el estallido de la pandemia de covid-19.

Ahora, las trabajadoras piden un aumento del 6,5% del IPC de 2021. La actual espiral de precios dificulta más la negociación. "Es compleja", confiesa Mazo. Afirma que las empresas del sector pueden asumir el incremento, que se aplica en unos salarios muy bajos. "No puede ser que se mantengan los beneficios a costa de los salarios trabajadoras", denuncia. Entre ellas lamentan que se haya olvidado que estuvieron trabajando en primer línea durante la pandemia, como parte del sector sanitario al que pertenecen. 

"Se está convirtiendo en un sector de trabajadoras pobres y ya hay algunas que acuden a los Servicios Sociales por no poder llegar a fin de mes", reconoce Mazo. 

Para Bandrés, la "medicina" ante esta situación puede venir de la política monetaria. "Subir los tipos de interés es perjudicial para hogares y empresas, pero es lo que hará el BCE si observa que las expectativas de inflación se desanclan y superan la tasa media 2%". De momento, el supervisor europeo no ha tomado la decisión de subir el precio del dinero, aunque los mercados ya la descuentan y en su última reunión del jueves pasado se anunció que se haría "un tiempo después" y de forma "gradual", tras dejar de comprar deuda en el tercer trimestre. Su presidenta, Christine Lagarde, se mostró preocupada el pasado jueves, en la última reunión del organismo, por la evolución de los precios y reconoció que la guerra en Ucrania está afectando "severamente" a la economía de la zona euro y ha incrementado "de forma significativa" la incertidumbre".