Economía
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El gasto en pensiones será de 188.500 millones por la subida de la inflación

Supondrá el 14% del PIB, casi dos puntos más que antes de la pandemia, según un estudio de Fedea que indica que cada punto adicional de IPC sube el gasto en pensiones en 1.700 millones.

Pensionistas.
Imagen de archivo.
Pixabay

Los españoles están perdiendo nivel adquisitivo por la gran subida de precios a la que los salarios no están acompañando. Los únicos que mantendrán su poder de compra -si el Gobierno no cambia el decreto de aquí a noviembre- son los pensionistas, a los que se les actualizará su nómina conforme al IPC.

El último dato de marzo llevó los precios al 9,8%, una tasa que se irá moderando pero que terminará el año en el entorno del 7,5%, según confirmó esta semana el Banco de España. De esta forma, revalorizar las pensiones con el IPC supondrá un gasto extra para las arcas públicas que Fedea ha cuantificado en 188.500 millones de euros, lo que significa el 14% del PIB, 1,7 puntos más que el nivel prepandemia.

Supondrá sumar en más de 18.000 millones una factura ya de por sí abultada, cuyo presupuesto para este año es de 170.494 millones. Se trata de unas previsiones más pesimistas que las que hace pocas semanas lanzaba Funcas, que advertía de que el gasto en pensiones se incrementaría en 10.000 millones el año que viene por su revalorización al IPC. En España la Seguridad Social desembolsa actualmente al mes más de 10.700 millones de euros en pensiones, por lo que según los cálculos de Fedea supondrá casi sumar dos pagas más a la cuenta.

Y esto contando con que el dato de inflación sea del 6%, ya que en una peor situación el gasto público aumentaría. En concreto, cada punto adicional de IPC incrementaría el gasto total en pensiones en torno a 1.700 millones de euros, 0,12% del PIB, según el informe de Fedea publicado este viernes.

Esta situación empeoraría aún más las desequilibradas cuentas de la Seguridad Social en 2023, cuyo déficit se situaría en el 1,2% del PIB, unos 15.200 millones de euros, pese a las elevadas transferencias estatales -de casi 18.400 millones- destinadas a cubrir los gastos impropios del sistema. De hecho, si se excluye este concepto, el déficit aumentaría al 2,6% del PIB, hasta superar los 33.500 millones de euros. "De cumplirse este escenario, el sistema de pensiones mostraría un fuerte desequilibrio justo antes de iniciarse la entrada en edad de jubilación de la generación del 'baby boom', con el consiguiente aumento del ritmo de crecimiento del gasto", afirma el profesor Miguel Ángel García, autor del estudio.

Además, este mayor gasto público afecta al equilibrio presupuestario de la Administración en su conjunto. El gasto público en pensiones, que absorbe una tercera parte del total, supondrá un reto para unas cuentas ya de por sí comprometidas. El déficit de 2022 se mantendrá en el 6,7% este año y la deuda en el 118% del PIB, con posibilidad de mantener el déficit en el entorno del 4,5% de forma estructural.

Por ello, García indica que el sistema de pensiones español "no tiene una relación estrecha con la evolución de la economía" lo que explica la tasa de reposición "más alta de los países de la eurozona". Además, con la llegada de dos crisis imprevistas como la pandemia y ahora la guerra de Ucrania muestra la "inconsistencia de la decisión adoptada en la última reforma de aislar a los pensionistas de la evolución económica al generar, si no está acompañada de medidas adicionales, importantes repercusiones negativas en la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y un deterioro de la equidad entre generaciones", señala el profesor de la URJC.

Algunos organismos como el Banco de España ya han pedido que se revise la idoneidad de aplicar esta revalorización de las pensiones conforme al IPC, una medida que entró en vigor hace solo un mes. Sin embargo, los ministros del Gobierno descartan esta posibilidad en cualquier aparición pública en la que se les pregunta por ello. Los expertos también han solicitado en que los pensionistas participen en el pacto de rentas que trabajadores y empresarios están negociando para evitar la espiral inflacionista, pero por el momento es una cuestión que también se descarta desde el Ejecutivo.

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