Catedráticos de la Universidad de Zaragoza: "O hay un acuerdo que frene el impacto del calentamiento o nos va a perjudicar a todos"
Actuar contra el cambio climático y hacerlo a escala global, tanto empresas como gobiernos, con un acuerdo que adopten a nivel mundial es primordial para frenar un calentamiento global que amenaza la economía y la salud.
Falta voluntad política para frenar el cambio climático. Los acuerdos de París, seis años después, y cerca de celebrarse la próxima cumbre mundial del clima (será en noviembre en Glasgow), aún no se han cumplido. No hay consenso entre las grandes economías para detener el calentamiento global, que "está llevando al planeta a una situación límite", destacan cuatro catedráticos de la facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza: José Alberto Molina, Lola Gadea, Concepción Garcés y José Mariano Moneva, integrantes del Instituto universitario de investigación en empleo, sociedad digital y sostenibilidad (Iedis).
"El sector hortofrutícola, uno de los más exportadores de España, y la agricultura en general, junto con el turismo, son especialmente vulnerables al impacto del cambio climático, y si no se toman medidas van a verse muy afectados", advierte Lola Gadea, catedrática de Economía Aplicada. "Son sectores cuya capacidad productiva queda directamente limitada o sometida a muchos riesgos, como la pérdida de cosechas por fenómenos meteorológicos o plagas, cambio en las condiciones de los suelos y de los acuíferos por la desertificación", recuerda Concepción Garcés, catedrática de Organización de Empresas.
Junto a los sectores más perjudicados, Garcés nombra también a los más contaminantes, los que más CO2 o dióxido de carbono emiten. "Encabeza la lista el sector energético, en concreto la generación de electricidad; el petrolífero y los manufactureros, como el papelero o el textil, así como la industria automovilística y el transporte industrial y comercial". Son en gran parte, dice esta experta, los generadores del problema, y sobre los que se debe enfocar la solución que pasa, añade, por fomentar la "ecoinnovación en procesos y productos" y el mejor aprovechamiento de los recursos mediante una economía circular que genere menos residuos.
"No hacemos nada con que España, que representa un 0,8% de las emisiones mundiales, las reduzca un 50% si China, que supone el 29%, o EE. UU., el 16%, no actúan. Con que el gigante asiático redujera lo que contamina en un 5% supondría mucho mayor beneficio para el planeta que todo lo que podamos hacer en Europa. Así que la solución tiene que ser conjunta. No nos va a proteger lo que hagamos solo en España", asegura José María Moneva, catedrático de Contabilidad y Finanzas y decano de la facultad de Economía y Empresa.
"Hay que tomar medidas ya", pide, basándose en el informe del Grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático (IPCC), que indica que las acciones que se tomen ahora "no tendrán su reflejo hasta dentro de un par de décadas como mínimo". "O hay un acuerdo global que frene los impactos o nos vamos a ver perjudicados todos", avisa, no solo en lo económico sino en la salud. Y ante el futuro, dice tener más confianza en la respuesta de las empresas que de los gobiernos. "Siempre habrá excepciones pero, en general, saben que para mantener sus negocios tendrán que adaptar criterios de sostenibilidad", añade.
"La transición va a ser dura", anticipa Garcés, en los sectores más expuestos o los que más contaminan como el de química-papel y la industria en general, ya que de no existir un acuerdo global, indica, solo las normativas de cada país pueden optar por la deslocalización de sus fábricas y perjudicar el empleo en Europa.
Si bien, añade José Alberto Molina, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico, el cambio climático puede suponer también oportunidades: "Hay un nicho por explotar en el reciclaje. Aunque hay empresas importantes como la de María López, exalumna de esta facultad, faltan muchas más orientadas a reaprovechar todo tipo de materiales".
"Se generará empleo en las actividades de reciclado y recuperación de materiales con toda la logística que eso conlleva en detrimento de otras actividades. Es difícil prever cuál será el balance final", añade Garcés, que se declara optimista ya que el reaprovechamiento de los recursos "puede requerir mucha actividad manual más que mecánica en todo lo que tiene que ver con la reparación". "Como en todas las revoluciones tecnológicas o industriales, se destruirá y se generará empleo", apostilla Gadea.
La prueba de que no hay vuelta atrás, destaca Moneva, es el precio al que se están pagando los derechos de emisión del dióxido de carbono. "Están en 55,86 euros la tonelada cuando hace un año estaban a 26,76 y antes de la pandemia, en 2017, a 5,65 euros. Tanto en esta crisis sanitaria como en la financiera anterior, bastantes empresas han sobrevivido gracias a la venta de estos derechos", destaca el decano de la facultad de Economía y Empresa, Mariano Moneva. "Los precios aumentan por la presión que supone la reciente ley de cambio climático y por la que ejercen los agentes vinculados a las empresas: accionistas, propietarios, empleados, financieros, aseguradoras y sociedad en general", apostilla Garcés.
"La regulación medioambiental es la que más cambios ha experimentado en los últimos 20 años", recuerda esta especialista. Primero en 2002 fue la ley de prevención y control integrado de la contaminación; en 2004 el registro estatal de emisiones y transferencias de contaminantes; en 2005 el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero; y, por último , la reciente ley de cambio climático de 2021. "Tanto la regulación como la presión social va a aumentar de forma exponencial", subraya, y las "empresas que no sean capaces de modificar sus procesos y sus productos para hacerlos menos generadores de CO2 no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir", recalca la catedrática Concepción Garcés.
"Es posible emitir menos y hay que hacerlo", insiste Gadea, que se refiere a la pandemia y a la crisis financiera de 2008 como "dos respiros que ha tenido el planeta" y que han permitido ver que se pueden bajar las emisiones y también que a la hora de medir el impacto económico habrá que tener en cuenta no solo la reducción del producto interior bruto, sino otros índices de desarrollo como "la salud o la redistribución de rentas".
Mirando a Aragón, estos expertos de la Universidad de Zaragoza reconocen que hay empresas que "están haciendo los deberes" en la lucha contra el cambio climático y que también hay iniciativas por parte de las distintas administraciones, como la apuesta del Gobierno de Aragón por la economía circular o la del Ayuntamiento de Zaragoza por una movilidad más sostenible. De cualquier forma, insisten en que la solución ha de venir de un acuerdo a nivel global. "Es evidente que el cambio climático tendrá efectos en el PIB de muchos países. Ya lo indicaba el Informe Stern sobre la Economía del cambio climático (2006) y en aquel entonces indicaba la necesidad de invertir, ya que ello seria mejor que las pérdidas futuras", apunta Moneva.
"Las cosas se pueden hacer mejor" también a nivel local, reconoce Alberto Molina, pero "llevamos año y medio colapsados por la pandemia". Es evidente, afirma, que hay que "acelerar el ritmo".
El cambio de los hábitos de consumo y el desafío que está suponiendo la transición hacia el coche eléctrico por parte de la industria de automoción están marcando un punto de inflexión, señala Garcés, pero "queda mucho por hacer y desde luego, si no hay acuerdos globales soy pesimista ante lo que pueda ocurrir".
"La realidad es que si no se pasa a la acción rápidamente podemos encontrarnos con los mundos distópicos que observamos en la ciencia ficción", incide Moneva. Hay muchos retos por delante, concluye Molina. "Es fundamental que España en 2030 reduzca sus emisiones de C02 casi un 25% respecto al año de referencia 1990 y también que el 42% de la energía consumida proceda de renovables", incide. Asimismo, dado que las previsiones demográficas apuntan a que en 2050 hasta el 82% de los ciudadanos de la UE residirá en zonas urbanas, destaca la necesidad de que la movilidad diaria, que genera alrededor del 25% de emisiones, sea más limpia y sostenible.
