El Ayuntamiento de Zaragoza rechaza las alegaciones del Gobierno de Aragón a la operación Romareda

El pulso que mantienen el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón por el nuevo campo de fútbol continua. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha anunciado este lunes que los servicios técnicos municipales han desestimado las ocho alegaciones presentadas a la operación Romareda, entre ellas tres de la DGA, y ha confirmado que este jueves se aprobará la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la comisión del Área para que pase por el pleno el día 29 de marzo.

En este sentido, el Área de Urbanismo rechaza la tesis autonómica referida a tres aspectos del proyecto. En primer lugar, la DGA reclamaba la propiedad de unos 3.000 metros cuadrados de acera que se veían afectados por el nuevo campo. Pero también consideraba que la aprobación definitiva de la modificación del PGOU debía tramitarse en el Consejo Provincial de Urbanismo, dependiente de la administración autonómica por ser esta de carácter "sustancial" y no de "menor entidad" como dice el Ayuntamiento. Por último negaba la capacidad de aprobar nuevos cambios de planeamiento en la ciudad, entre ellos el del estadio, por no haber presentado el Ayuntamiento un texto refundido del PGOU tras diversos requerimientos del citado organismo.

Tras la negativa a aceptar las alegaciones (las de la DGA, además de las de la Federación de Barrios, la asociación de vecinos Tío Jorge Arrabal, ZEC, Podemos y un particular), la incógnita ahora es si alguna de estas instituciones y entidades va a presentar un recurso. El PSOE no ha formulado ninguna reclamación, pero sí la asociación de vecinos Tío Jorge del Arrabal. Esta entidad ha presentado el informe firmado por dos economistas de Sevilla y Extremadura que habían encargado los socialistas y en el que se avalaba la cesión a 40 años. Respecto a la posibilidad de que lo haga el Ejecutivo autonómico, Serrano ha confiado en que “antes lea lo que dicen los técnicos municipales”.

En este sentido, ha recordado que el pasado viernes el consejero de Vertebración, José Luis Soro, abrió la posibilidad de acudir a los tribunales por la negativa del Ayuntamiento de Zaragoza a aceptar sus pretensiones. En cualquier caso, ha expresado su posición y ha dicho que no comparte el criterio del responsable autonómico “ni desde el punto de vista técnico ni desde el político”. “No hay precedentes de que una comisión provincial de Urbanismo haya impedido modificaciones del PGOU”.

DGA: "La intención no es judicializar"

Desde la DGA, se ha explicado que "lo primero es que los técnicos estudien los motivos de la desestimación". Eso sí, han añadido que la intención "no es judicializar La Romareda, sino simplemente que se cumpla la Ley de Urbanismo". "Es una cuestión jurídica, no política", han indicado.

Respecto al fondo del asunto, la modificación del PGOU que plantea el gobierno municipal PP-Cs implica convertir el suelo del campo de fútbol (hoy calificado como sistema general público) en sistema general privado. De este modo es posible habilitar un derecho de superficie durante un máximo de 75 años en favor del adjudicatario (salvo sorpresas, el Real Zaragoza) con el que poder financiar la construcción del campo. La modificación supone además trasvasar unos 20.500 metros cuadrados de uso comercial y de oficinas de un solar anexo al estadio que, sumados a los 2.000 que ya hay en la actual Romareda, permitan generar ingresos al adjudicatario.

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