Operación Romareda: La DGA presenta nuevas alegaciones y sostiene que es ilegal
El Departamento de Vertebración del Territorio considera que la modificación del PGOU es “sustancial” y debe pasar por el Consejo Provincial de Urbanismo.
El Gobierno de Aragón sigue en pie de guerra con el Ayuntamiento de Zaragoza por la operación Romareda a tres meses de las elecciones. Tras la alegación ya conocida de la DGA a propósito de los 3.600 metros de acera que se veían afectados por la construcción del nuevo campo de fútbol, el Departamento de Vertebración de Territorio considera que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es ilegal y exige que la rectifique.
Si el Consistorio no cede, la decisión autonómica abre la puerta a que el proyecto del estadio acabe ante el juez. "Lo que queremos es que el Ayuntamiento no se arriesgue a una modificación que pueda perder en los tribunales. Nosotros no ponemos palos en la rueda, sino que avisamos al Ayuntamiento de lo que tiene que hacer para que las ruedas giren. Es muy fácil", ha dicho Soro.
Aporta dos argumentos, que son la base de las alegaciones que ha formulado en el proceso de exposición pública abierto por el Ayuntamiento y que expira este domingo. La primera de ellas se refiere a quién es la administración competente para aprobar de forma definitiva la modificación, cuya base es la calificación del suelo, que pasa de ser un sistema general público a privado. De este modo se abre la posibilidad de constituir un derecho de superficie por 75 años en favor del Real Zaragoza, si finalmente es adjudicatario, en lugar de una concesión demanial por 50 años.
Para la DGA, esa modificación del PGOU es “sustancial”, no de “menor entidad” como considera el Ayuntamiento de Zaragoza, por lo que es el Consejo Provincial de Urbanismo, dependiente del Gobierno autonómico, quién debe aprobarla de forma definitiva y no el pleno municipal. “Con absoluta lealtad hemos avisado al Ayuntamiento que lo que hace es contrario a la ley y podría ser declarado nulo en los tribunales. El Ayuntamiento está a tiempo de rectificar”, ha declarado el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, que se ha amparado en la Ley Urbanística de Aragón para sostener su planteamiento jurídico.
Según dijo, esta cuestión "ni bloquea, ni retrasa» el campo de fútbol, dado que el Consejo Provincial puede resolver con rapidez y en ningún caso «forma discrecional". En 2003, a pocos meses de las elecciones, el primer proyecto de la Romareda quedó paralizado en el Consejo de Ordenación del Territorio durante meses hasta que pasaron las elecciones y el gobierno entrante, del socialista Juan Alberto Belloch, decidió no seguir adelante con la modificación del PGOU que había planteado su antecesor, José Atarés, para llevar el campo a Valdespartera. Este es el escenario que siempre ha tratado de evitar el Ayuntamiento al plantear la operación como una modificación de "menor entidad".
Hay que tener en cuenta que en el diseño jurídico de la operación el Ayuntamiento de Zaragoza ha tratado siempre que la modificación del PGOU fuera considerada de menor entidad, precisamente para que la DGA no la pudiera parar, frenar o dificultar. En cualquier caso, Soro no descartó que este asunto se resuelva en los tribunales si el Ayuntamiento no acepta la alegación, bien tras un requerimiento del Consejo Provincial de Urbanismo, bien después del recurso de cualquier particular. “Estamos a tiempo de evitarlo”, ha afirmado Soro, que ha insistido en que el Consejo de Urbanismo se reúne todos los viernes y puede resolver este asunto con diligencia.
Pero Soro ha dicho además que “el Ayuntamiento está cometiendo otra ilegalidad”. En este caso, no se refiere a la operación en sí, sino al hecho de que el Consistorio no ha presentado un texto refundido del PGOU,tal y como requirió la DGA el pasado mes de septiembre. El argumento que da el Gobierno autonómico es que desde el año 2008 el Consistorio ha hecho 157 modificaciones del PGOU y no hay un texto que las incorpore todas. “Esto produce una importante inseguridad jurídica”, ha apuntado el consejero, que ha recordado que el artículo 88 de la LUA permite requerir a los ayuntamientos la elaboración de estos textos refundidos.
Según Soro, sin presentar este documento no se pueden iniciar nuevas modificaciones del PGOU, como es el caso de la Romareda. De hecho, ha recordado que se ha requerido hasta en cuatro ocasiones su presentación. “Han pasado cinco meses y el Ayuntamiento no lo ha presentado”, ha recordado el responsable de Vertebración, que ha dicho que cumplir este trámite “ni atrasa ni impide ni bloquea nada”. “Es lógico pensar que el texto refundido estará prácticamente terminado. Basta la presentación del texto, no hace falta que esté terminado”, ha dicho.
