enfrentamiento institucional

Lambán y Azcón: el conflicto interminable

A cuatro meses de las elecciones, el nivel de confrontación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza no cesa mientras los asuntos pendientes de las dos instituciones en la capital aragonesa siguen a la espera de resolución.

Imagen de archivo de una comisión bilateral entre el presidente aragonés Javier Lambán y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.
Imagen de archivo de una comisión bilateral entre el presidente aragonés Javier Lambán y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.
José Miguel Marco

El 9 de septiembre de 2019 nadie pensó lo que vendría después. Aquel día, Jorge Azcón, elegido solo tres meses antes por el pleno como alcalde de Zaragoza, entraba en el edificio Pignatelli para tener su primer encuentro institucional con el presidente de Aragón. Se conocían bien. De hecho, se caían bien. Hablaron de futuros acuerdos, incluso de impulsar de forma conjunta el nuevo estadio de fútbol. Hoy, a cuatro meses de las elecciones, las dos administraciones viven una crisis permanente y una quiebra de confianza de incierto desenlace. Estos son los principales puntos calientes que enfrentan hoy al Ayuntamiento y la DGA:

La financiación local: El problema eterno

El alto volumen de competencias impropias (suponen más de 100 millones anuales) y su insuficiente financiación han sido una reivindicación compartida por prácticamente todos los alcaldes de Zaragoza. Pero las autonomías también tienen sus problemas, lo que complica la solución. A la espera de un modelo de financiación autonómica, las cuentas de la DGA sufren por el peso de la sanidad y la educación y tienen que recurrir a la deuda para pagar su gasto corriente.

La ley de capitalidad de 2017 y el convenio de financiación, que se aprobó cuatro años más tarde, trataban de paliar los agravios. Pero la discusión sigue abierta. El Gobierno acaba de modificar la financiación de Zaragoza con una nueva norma, que según el Consistorio merma sus recursos. La DGA lo niega y recuerda que el convenio de financiación le inyecta 112 millones en cuatro años y las inversiones en colegios, centros de salud y universidad, entre otras obras de su competencia. El Ejecutivo pide incluso a Zaragoza que se le exima del pago del IBI de los hospitales y otras ventajas fiscales, algo que en el Consistorio ve como una ofensa por su propia infrafinanciación. La consejera Mayte Pérez dice que Azcón se comporta como "un niño hiperregalado", mientras que PP-Cs le acusa de "insultar" mientras recorta su financiación. 

Plaza: La pugna competencial

La plataforma logística ha suscitado problemas entre el Ayuntamiento y la DGA desde su creación, cuando se abrió un conflicto judicial por las cesiones de aprovechamientos del 10%, que el Ejecutivo consideró que no le correspondía (luego se redujo el porcentaje al 5%). Además, Plaza y sus ampliaciones han tenido un desarrollo autónomo, sin necesidad de superar los trámites municipales, gracias a la normativa que ampara los proyectos de interés general.

Los técnicos de Urbanismo, muy celosos del principio constitucional de la autonomía municipal, siempre han alegado a las ampliaciones de Plaza, por considerar que la DGA se excede en sus competencias. Zaragoza nunca ha ido al contencioso y de hecho recuerda que la modificación 9 de Plaza, con informes municipales en contra, fue pactada en el consejo bilateral de 2020 por Lambán y Azcón para salvar la llegada de Amazon.

Instalaciones de Amazon en Plaza.
Instalaciones de Amazon en Plaza.
Francisco Jiménez

El Consistorio acaba de alegar al Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de Plaza 4.0, que recalifica para Wilcox otras 242 hectáreas por considerar que es una operación que solo beneficia al promotor.Dice además que ya hay 2.000 hectáreas de suelo industrial disponible en la ciudad para proyectos logísticos. La DGA recuerda que en Zaragoza no hay parcelas de grandes dimensiones como las que piden las empresas y que la operación incluye una cesión de suelos para el Ayuntamiento, que ingresará dos millones de IBI. 

El conflicto se reproduce con el plan de la antigua Universidad Laboral, donde la DGA ha recalificado 50 hectáreas para que la empresa Montepino levante tres naves de gran tamaño. Mientras el Ayuntamiento insiste en que no va a bloquear proyectos de inversión y que todo se puede resolver en el consejo bilateral, la DGA sostiene que la posición municipal dinamita el consenso sobre Plaza, asusta a las empresas y pone en jaque miles de empleos.

La Nueva Romareda: Un proyecto de alto voltaje

Si hay un proyecto que ha marcado las relaciones con la DGA ha sido el del campo de fútbol. Aunque en un principio se mostró dispuesto a negociar, el PSOE siempre ha visto con desconfianza esta operación por el beneficio electoral que le podría suponer a Azcón. El Gobierno de Aragón y el PSOE dijeron que no iban a "poner palos en la rueda" y que no judicializará la operación, pero su rechazo al planteamiento del gobierno local, la reclamación de la propiedad de un tramo de acera afectado por el proyecto y el hecho de que el PSOE no aclare qué hará en mayo si logra la alcaldía arrojan nuevas incertidumbres.

Estadio de futbol La Romareda.
Estadio de futbol La Romareda.
Oliver Duch.

En un contexto de una inversión privada de 140 millones en un complejísimo proceso de obras, el Consistorio cree que la DGA quiere asustar a los inversores y perjudicar las expectativas de Zaragoza de ser sede del Mundial por motivos electorales. El PSOE lo niega y dice que PP y Cs tienen votos para lanzar por su cuenta la operación.

VIvienda: Cacahuetes y licencias

Las hostilidades se abrieron en 2021, cuando Lambán anunció la reconversión de cuatro pabellones de la Expo en un nuevo espacio para acoger más de 500 viviendas de alquiler para jóvenes. Y dijo que estaba dispuesto a impulsarlas mediante la aprobación de un PIGA para sortear el trámite de licencias municipales. 

El alcalde Azcón rechazó el proyecto desde el primer momento, bajo la consideración de que allí no se podían construir pisos. Con el paso de los meses, el Ayuntamiento ha matizado su oposición y se ha mostrado dispuesto a negociar. Pero desde la DGA insisten en que ya se les ha avisado de que les van a denegar la licencia. 

Además, las dos instituciones se han enfrentado por el plan urbanístico de la calle de Embarcadero, donde hay un solar con capacidad para 186 viviendas libres, de las que 111 son de la DGA. En los últimos meses las dos administraciones han negociado una permuta ante la oposición vecinal al proyecto por afectar a una zona de parquin. Pero el Ejecutivo ha decidido acudir a los tribunales para desbloquear el plan especial, mientras el Ayuntamiento le acusa de "dinamitar" una permuta que estaba ya pactada y que le habría permitido a la DGA haber accedido a suelo para pisos sociales. El pleito de la DGA llegó además en plena negociación de un nuevo consejo bilateral.

El Ejecutivo protesta por la dilación en los trámites de licencias, como con la residencia Pirineos, que a punto estuvo de provocar la intervención por parte de la DGA de las competencias municipales en concesión de licencias. La autorización se otorgó, aunque el Ayuntamiento recuerda que las obras ni siquiera han comenzado, por lo que encuadra las críticas de la DGA en su ánimo por confrontar tras la designación de Azcón como presidente del PP-Aragón y candidato autonómico. Y recuerda que si no se cierra un convenio este mes se perderá financiación europea para 486 viviendas de alquiler municipales.

El edificio de la Expo pensado para viviendas de alquiler de jóvenes.
El edificio de la Expo pensado para viviendas de alquiler de jóvenes.
Francisco Jiménez

Residuos y depuración: Dos reivindicaciones históricas

Una reinvindicación municipal histórica es acceder a financiación en materia de saneamiento, dado que los zaragozanos soportan la mitad de los costes del sistema en Aragón sin recibir apenas inversiones (del plan autonómico de 142 millones solo se reservan 5,8 para Zaragoza).Además, el Ayuntamiento se queja de que el nuevo impuesto de los residuos, que elevará el coste del vertedero de la ciudad, llega sin inversiones para la capital.Esta bronca se suma a la negativa de la DGA a sellar el vertedero, tal y como se comprometió en 2013. 

El presidente Lambán se ha mostrado esta semana dispuesto a firmar un convenio con la ciudad, tal y como le pidió el Consistorio, pero Azcón ya no se cree nada. A cuatro meses de las elecciones nadie se fía de nadie. Y así es imposible el acuerdo.

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