La DGA alega contra la operación Romareda y el Ayuntamiento habla de "deslealtad institucional"
El Gobierno de Aragón esgrime que parte del suelo afectado por la modificación del PGOU es de su propiedad. Serrano dice que la argumentación del Ejecutivo "no tiene fundamento".
El Gobierno de Aragón ha anunciado este viernes alegaciones contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada en noviembre para impulsar el nuevo campo de fútbol de La Romareda. El argumento del Ejecutivo es que 3.620,07 metros cuadrados de los 47.399,30 afectados por la operación son de su propiedad. El Ayuntamiento lo niega y considera que la alegación "no tiene fundamento legal". Además, califica la decisión del Ejecutivo como un acto de "deslealtad institucional".
Esta cuestión llega en plena fase de tensión entre las dos administraciones. Esta misma semana se conoció que Urbanismo había formulado alegaciones al Plan de Interés General (PIGA) del proyecto de reconversión logística de la antigua Universidad Laboral y la anterior, el Ejecutivo envió un requerimiento al Consistorio para emplazarle a aprobar en un mes el plan especial de Embarcadero antes de acudir a los tribunales.
El plazo para presentar alegaciones a la modificación del PGOU finalizaba hoy. Según el Gobierno de Aragón, es propietaria de una finca de más de 153.000 metros cuadrados en el polígono Romareda. Siempre según su alegación, estos suelos fueron inscritos por el Instituto Nacional de la Vivienda en el año 65 y pasaron a ser propiedad de la comunidad autónoma cuando este organismo le traspasó sus funciones y servicios.
La modificación del Plan General afecta 47.399 m2, de los que se trasvasan 20.500 de usos lucrativos, que serán la base del modelo de financiación y explotación del campo. Según la DGA, en esta superficie están incluidos 3.620 m2 de viario de su propiedad. Añade que en el año 2006 el Ayuntamiento inmatriculó esos terrenos, pero precisa que estaban inscritos en el polígono Romareda desde 1966, por lo que son suyos.
En 2014, la dirección general de Patrimonio de la DGA empezó a tramitar el traspaso de esos 153.000 metros cuadrados al Ayuntamiento, que en definitiva era quien los mantenía. De hecho, el pleno municipal aceptó por unanimidad esa transmisión de la propiedad en 2016.El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, recordó que también el PSOE, con el actual consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, como portavoz, votó a favor de aquel expediente.
Pero la DGA sostiene ahora que ese traspaso no fue efectivo. Argumentó que una dirección general puede incoar un procedimiento "y comunicar al Ayuntamiento que podría ser beneficiaria de la transmisión para que se pronuncie", pero no es "competente" para transmitir mediante mutación demanial una propiedad. Eso lo debe hacer el consejo de gobierno de la DGA.
El Gobierno de Aragón hace referencia a otra cuestión en su alegación. Sostiene que esos 3.620 metros cuadrados de viario "no pueden tener aprovechamiento urbanístico", como se plantea en la modificación del PGOU al incorporarse la parcela a la infraestructura del estadio. Admite que ese suelo, por su condición de viario, podría haber sido obtenido de forma gratuita por el Consistorio, pero al adquirir un uso terciario (tiendas, oficinas...) "supone una alteración de las condiciones en las que lo hubiera recibido". Por tanto, subraya la DGA, se deben reconocer los derechos que le correspondan al titular originario.
Fuentes autonómicas apuntan que se trata de un procedimiento "puramente administrativo, que en ningún caso paraliza el proyecto de la Romareda". Según explican, "el único objetivo es defender el patrimonio de la Comunidad". Manifiestan, además, que el Gobierno de Aragón "está dispuesto a llegar a un acuerdo".
Indignación municipal
El Ayuntamiento estaba hoy indignado. De hecho, ha utilizado la misma expresión del presidente de Aragón, Javier Lambán, que dijo que "no pondría palos en la rueda" al estadio. "El Gobierno de la ciudad lamenta los constantes palos en la rueda del PSOE a un proyecto de más de 120 millones de euros", ha afirmado Serrano. El responsable municipal critica las formas, dado que hoy mismo se han cerrado los asuntos que se van a negociar en las reuniones preparatorias del próximo consejo bilateral y la DGA "ocultó deliberadamente" este asunto. Recuerda, asimismo, que esta misma semana se reunió con la portavoz socialista, Lola Ranera, sin que se le avisara de esta cuestión.
A la espera de un análisis técnico, Serrano avanza que la alegación "no tiene visos de prosperar". "Aseguran que no es válida la cesión porque la aprobó un departamento de la DGA que no era competente. Por tanto, sería un defecto formal del propio Gobierno de Aragón que podría solucionar el propio Lambán", dice. El concejal tacha de "ridículo" que el Ejecutivo haga mención a sus derechos cuando ese suelo no tiene aprovechamiento, y ha transmitido "un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y a los zaragocistas", garantizando que el proyecto "seguirá avanzando".
