El Ayuntamiento de Zaragoza alega al plan de la Universidad Laboral y abre un nuevo conflicto con la DGA
Urbanismo niega el interés general porque las naves aún no tienen uso y habla de invasión competencial. El cuatripartito rechaza las alegaciones y recuerda que el promotor, Montepino, anunció 2.500 empleos.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una batería de alegaciones a la operación logística que impulsa la DGA en la antigua Universidad Laboral, lo que ha generado el enésimo choque institucional. Hasta dos servicios municipales de Urbanismo rechazan que puedan saltarse al Ayuntamiento y recurrir a una declaración de interés general para recalificar las 50 hectáreas que ocupa en el polígono de Malpica para albergar tres naves industriales de gran tamaño. Su línea argumental vaticina otro conflicto con la ampliación de Plaza, ya que reúne las mismas circunstancias y acaba de salir a información pública.
De hecho, niegan que puedan acogerse a esta figura cuando las naves aún no tienen uso y hay suelo industrial suficiente en la ciudad, por lo que estiman que emplear de este modo un Plan de Interés General de Interés General (PIGA) «podría constituir el instrumento de un fraude de ley».
Las alegaciones del servicio de Licencias Urbanísticas y de los departamentos de Ordenación Urbanística y Planificación, junto a las de Medio Ambiente e Ingeniería y Desarrollo Urbano, se han presentado a la aprobación inicial del PIGA hace justo tres meses, con la que se abrió un periodo de información pública que se alargó un mes. La tesis municipal es que debería tramitarse una modificación de Plan General y someterse a la concesión de las licencias de construcción y actividad.
La DGA rechaza de plano sus planteamientos y seguirá adelante con la aprobación definitiva del PIGA, previsiblemente en febrero, en la que contestará a las seis instituciones que han hecho aportaciones en el periodo de información pública.
El criterio del cuatripartito incide en que la apreciación del interés general corresponde a la Administración autonómica. Y subraya que los 67 millones de inversión inicial comprometida por el promotor de la operación logística, Montepino, y sobre todo los 2.500 empleos que podrían generar los futuros inquilinos de las tres naves previstas justifican «con creces» su tramitación como PIGA.
El proyecto, que se puede consultar en la web de la DGA, especifica los planes de Montepino de edificar un tercio más de la superficie inicialmente anunciada, hasta alcanzar 212.203 m2, y tener listas las naves en menos de dos años, aunque la promotora inmologística no ha revelado quiénes serán los inquilinos. Igualmente, asumirá el coste de derribar el complejo educativo, estimado en casi seis millones.
Los argumentos municipales de Ordenación Urbanística y Planificación no solo se centran en rechazar el interés general, sino que consideran que hay una clara invasión competencial y la DGA se salta el planeamiento vigente. Así, exponen que la Ley de Ordenación del Territorio regula las actuaciones susceptibles de tramitación por un PIGA y, a su juicio, no cumple ninguno de los tres supuestos: ni es un gran equipamiento, ni es un plan propio de la DGA ni un actividad «de especial importancia». De serlo, argumentan, «requeriría la identificación de tales actividades y la justificación de su importancia».
Suelo industrial suficiente
Especifican que debería acreditarse que la ciudad no cuenta con suelo industrial suficiente para implantar dichas naves y recuerdan que hay 2.024 hectáreas pendientes de desarrollo. Igualmente, entran junto a otros servicios municipales en especificaciones técnicas, como la necesidad de justificar la capacidad de la red de evacuación, de un estudio de tráfico o de la dotación de plazas de aparcamiento en la vía pública.
La DGA niega, como expone el servicio de Licencias, que se deba tramitar simultáneamente los permisos de construcción y actividad y ponen de ejemplo el PIGA para la macroinstalación de Bon Àrea. «La autorización de actividad la concede el Ayuntamiento de Épila», añadieron fuentes del Ejecutivo antes de recordar que Zaragoza ha impulsado operaciones de suelo al margen de la Ley de Urbanismo de Aragón.
Sobre las cuestiones técnicas, indicaron que se ha elaborado un estudio hidrológico específico y se ha decidido construir tres balsas de laminación. Sobre el impacto viario, inciden que el estudio de tráfico encargado concluye que no se va a «tensionar» los viales.
Por último, el servicio de Administración de Suelo reivindica con seis notas simples registrales la titularidad municipal sobre varios «enclaves» de la Universidad Laboral, cuyos suelos comparten la DGA y la entidad estatal Sepes. A este respecto, el Ejecutivo argumenta que la titularidad autonómica está «fuera de toda duda» porque sus dos parcelas ya estaban inscritas en 1978 a nombre del Instituto Nacional de Urbanización antes de la transferencia de las competencias de Educación en 1998. «Tampoco puede ir contra sus propios actos, ya que siempre han querido cobrarnos el IBI sobre la totalidad de las fincas», concluyeron.
