Azcón dejará para después de las elecciones del 28-M la adjudicación de las obras de La Romareda
La previsión del gobierno municipal es que la construcción se contrate a lo largo del verano.
La nueva Romareda llega al momento clave. Con la resolución de las alegaciones presentadas por el Gobierno de Aragón, partidos de izquierda y entidades vecinales pendiente, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se prepara para pasar el trámite de la aprobación definitiva en los próximos días con el objetivo de que en abril pueda salir a concurso la construcción y explotación del estadio. Pero el gobierno PP-Cs que lidera el alcalde Jorge Azcón tiene claro que no va a forzar la máquina antes del 28-M: la adjudicación del contrato se produciría en cualquier caso después de las elecciones municipales de mayo.
Así lo han confirmado varias fuentes del bipartito, que estiman que la adjudicación de las obras podría formalizarse entre junio y septiembre de este año, una vez constituida la nueva corporación que saldrá de las urnas. Los argumentos que maneja para esta decisión son diversos. El primero son los plazos administrativos. Aunque el procedimiento puede ser rápido (no requiere más de 20 días de exposición pública), fuentes municipales explican que habría que forzar mucho la tramitación. Y se quiere garantizar la máxima seguridad jurídica.
Evitar el "lío político"
Pero también hay razones políticas, más allá de la cortesía de no dejar este asunto cerrado para el futuro gobierno municipal, que es el que en definitiva tendrá la última palabra sobre el futuro del estadio. "Esa decisión se toma pensando en el interés general. Si se adjudicara antes de las elecciones se multiplican los riesgos de recurso, de que haya más confrontación y lío político", afirmaron fuentes del gobierno municipal.
El reto, indicaron las citadas fuentes, es "sosegar" el debate para evitar que la polémica, sobre todo con la DGA y el PSOE, acabe afectando al proyecto. No obstante, la decisión de no resolver la adjudicación antes de las elecciones mete presión a la candidata socialista, Lola Ranera, a la que el PP exigirá en campaña que aclare si parará o no el proyecto si llega a la alcaldía. Ella ya ha apostado por cambiar el modelo de explotación del estadio anunciado (un derecho de superficie por un máximo de 75 años) para ir a una concesión demanial de 40, pese al rechazo manifestado por el Real Zaragoza.
Licitación en abril
Lo que sí está claro es que, salvo sorpresa, la licitación se producirá el próximo mes de abril, una vez resueltas las alegaciones y aprobada la modificación del PGOU. PP-Cs no quiere perder tiempo, dado que los plazos siguen siendo muy exigentes: el inicio de las obras está fijado para principios de 2024 para tener un nuevo estadio en el mejor de los casos en 2028, por lo que retrasar la licitación a después de los comicios dificultaría el cumplimiento de esos objetivos, y más con un proceso electoral por en medio.
Previsiblemente, solo concurriría el club a ese concurso público. En junio, además, Zaragoza deberá tener lista toda la tramitación urbanística del nuevo campo si quiere tener opciones de ser subsede del Mundial 2030, tal y como ha solicitado la Federación Española de Fútbol.
Urbanismo quiere que el cambio del planeamiento quede resuelto el próximo jueves, en la comisión del Área, para pasar al pleno del día 29 de marzo, pero si no da tiempo a tener todos los informes a punto se convocará una sesión con carácter extraordinario en días posteriores.
Aunque el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, no ha querido avanzar el sentido de la resolución de las alegaciones, la previsión es que el proyecto y su modelo jurídico no tengan grandes alteraciones.
Hay que tener en cuenta que respecto a las tres planteadas por la DGA, dos de las cuales implicarían detener la tramitación, ya se han presentado informes en los que se rechaza que tengan viabilidad jurídica. Es más, se llegó a hacer una consulta externa a dos catedráticos de Derecho Administrativo que avaló la tesis del Ayuntamiento.
En definitiva, el Consistorio rechaza el planteamiento expresado por el consejero de Vertebración, José Luis Soro, de que la operación Romareda deba ser aprobada de forma definitiva en el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza, un organismo dependiente de la DGA, y no por el pleno municipal por ser una modificación "sustancial" del planteamiento.
De aceptarse esta pretensión, el Ejecutivo autonómico podría controlar los tiempos de la tramitación y retrasar la operación hasta después de las elecciones o hasta cuando considere oportuno, como ya ocurrió con el proyecto de campo de fútbol impulsado por el alcalde José Atarés en 2003. La DGA también niega que el Ayuntamiento pueda siquiera aprobar esta modificación o cualquier otra, dado que en su opinión debería presentar antes un texto refundido del PGOU que reúna en un solo documento todas las modificaciones de planeamiento hechas en los últimos años. Ese trámite también se debe hacer ante el Consejo Provincial de Urbanismo.
Requerimiento previo
Aunque el presidente Javier Lambán anunció que los socialistas no judicializarían el proyecto, José Luis Soro lleva días avisando de la posibilidad de acudir a los tribunales, la última vez el pasado viernes. "No quiero que haya una demanda judicial. Habrá un requerimiento previo a la interposición a la demanda, que espero que no sea necesaria", advirtió Soro en el caso de que el Ayuntamiento rechace sus alegaciones. Está por ver hasta dónde llegaría un hipotético proceso judicial y si se solicitaría la suspensión cautelar del proceso de contratación.
PP-Cs espera el recurso y por eso ha empezado a armar su argumentación jurídica. "Lambán vuelve a poner excusas para intentar frenar el proyecto. No se puede poner un recurso a unas modificaciones que no se conocen todavía. Estamos seguros de que estamos haciendo las cosas bien", dijo ayer la candidata popular a la Alcaldía, Natalia Chueca.
