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El Ayuntamiento defiende la legalidad de la Operación Romareda y no cederá ante la DGA
El concejal de Urbanismo esgrime tres informes jurídicos para defender su autonomía e invita al Gobierno de Aragón a acudir a los tribunales.
El Ayuntamiento de Zaragoza no está dispuesto a ceder ante la DGA y el próximo mes de marzo aprobará la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá la construcción del nuevo estadio. El gobierno PP-Cs ha rechazado este miércoles la argumentación jurídica expresada por el consejero de Vertebración, José Luis Soro, que considera que Zaragoza no puede modificar el planeamiento, con la presentación de tres informes jurídicos (dos propios y uno de la Universidad de Zaragoza) y ha invitado al Ejecutivo autonómico a acudir a los tribunales si quiere parar el proyecto.
En una sesión convocada a petición propia, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha rebatido los argumentos aportados por la DGA, especialmente el referido a la capacidad del pleno de aprobar modificaciones del PGOU, como la de la Romareda o cualquier otra. El Ejecutivo autonómico sostiene que el Ayuntamiento no puede promover este tipo de expedientes sin presentar ante el Consejo Provincial de Urbanismo, que depende del Departamento de Vertebración de la DGA, un texto refundido del PGOU, tal y como se ha requerido a la ciudad en varias ocasiones desde el pasado mes de septiembre.
Para Serrano, esta tesis jurídica afecta al principio constitucional de la autonomía municipal y supone una invasión competencial. Además, ha recordado que la medida afectaría a 14 expedientes en marcha, como la recalificación del Jesús y María o el plan de los suelos de Aceralia, reivindicaciones históricas de los vecinos. Y ha dejado claro lo que va a hacer el Ayuntamiento: “Traeremos cuantas modificaciones del PGOU entendamos que son buenas para el interés público”.
En la sesión intervino la jefa del departamento de Ordenación y Gestión Urbanística, Edurne Herce, que ha explicado el informe que ha redactado sobre este asunto y que concluye que en ningún caso el Ayuntamiento ha perdido su capacidad de tramitar modificaciones del PGOU por no haber presentado un texto refundido.
Tras describir de forma minuciosa los requerimientos recibidos desde octubre (11 en total), ha explicado que hubo ya respuesta a los primeros, que otra parte se ha informado esta misma semana tras la alegación presentada por la DGA a la operación Romareda y que ha suscitado esta polémica y que quedan unos pocos por informar. En cualquier caso, ha zanjado la cuestión subrayando que el Gobierno de Aragón puede recomendar la elaboración de un texto refundido del PGOU, pero en ningún caso exigirlo.
En este sentido explica que el Ayuntamiento de Zaragoza está homologado por el propio Gobierno de Aragón para impulsar modificaciones de Plan General de menor entidad, como sería la del campo de fútbol. Indica que no precisa por tanto aprobación por parte del Consejo Provincial de Urbanismo, por lo que este órgano colegiado únicamente puede “quedar enterado” de las modificaciones de este tipo que apruebe el pleno.
En su opinión jurídica, este órgano no puede pedir un texto refundido del PGOU al completo, sino que en aplicación de la Ley Urbanística de Aragón (LUA) solo podría hacerlo de aquellos expedientes que dependiesen de su aprobación, como una modificación sustancial. También ha recordado que los requerimientos recibidos no pasaron por un orden del día del Consejo Provincial de Urbanismo. Ha recordado además que desde un punto de vista de la información y transparencia, el Plan General y todas sus modificaciones son accesibles en la web municipal, además de existir el Siggurz (Sistema de información geográfica de la Gerencia de Urbanismo de Zaragoza).
Estos argumentos han sido ratificados por un informe de la Asesoría Jurídica municipal y por una nota jurídica encargada de urgencia a los catedráticos José María Feliu y Gerardo García-Alvarez. En este contexto, el Ayuntamiento se arma jurídicamente para abrir una batalla jurídica con la DGA si esta decide recurrir judicialmente la operación Romareda, bien directamente, bien a través del Consejo Provincial de Urbanismo. "La única posibilidad de paralizar las modificaciones del PGOU es acudir a los tribunales. Y deberá hacerlo alegando una norma, no por no publicarse un texto refundido", ha declarado Víctor Serrano.
La posición de Serrano ha recibido el apoyo de Vox, que ve en la posición de la DGA solo un intento de “boicotear” el proyecto de estadio y de que la modificación del PGOU quede para la próxima corporación, al estar solo a tres meses de las elecciones. “Aquí no está en juego ni la seguridad jurídica ni la transparencia”, ha dicho.
El más duro contra la posición de Serrano ha sido el socialista Horacio Royo, que ha considerado que la posición del gobierno PP-Cs de desoír los requerimientos de la DGA sobre este asunto es “grave”. “La autonomía municipal no es una barra libre para hacer lo que les dé la gana. El Consejo Provincial de Urbanismo les requiere porque les puede requerir”, ha afirmado el edil, que ha sostenido que se ha generado una situación de “inseguridad jurídica” a los concejales del pleno.
Su intervención fue especialmente cruda con Serrano, de quien dijo que su situación es “insostenible” por “haberse saltado la ley” y haber puesto “en riesgo” al Ayuntamiento al ni atender los requerimientos de la DGA. "¿Tanto le vale ese sillón para dejarse el último despojo de credibilidad? Expedientes chapuceros, mentiras y desprecio a la ley. Es un consejero fuera de la ley que arrastra la imagen de este Ayuntamiento", ha afirmado Royo, que ha zanjado su intervención diciendo que "el Área de Urbanismo es un desastre".
