El nuevo impuesto sobre los residuos elevará el coste del vertedero de Zaragoza en 5 millones, un 45% más

En las complejas relaciones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y los Gobiernos estatal y autonómico se abre otro frente. El motivo es el nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en los vertederos creado por el Ejecutivo central y que ingresarán las comunidades autónomas. De momento, el Ayuntamiento ya ha estimado que el nuevo tributo, que entra en vigor en 2023, le va a acabar suponiendo un sobrecoste en la factura del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (Ctruz) de un mínimo de 5 millones de euros, lo que supondrá un incremento del 45%, por lo que pide una moratoria de al menos un año. La DGA va a ingresar 12 millones en todo Aragón.

Este tributo se aprobó el pasado mes de abril, tiene carácter indirecto y recae sobre la entrega de residuos en vertederos, instalaciones de incineración o de coincineración para su eliminación o reutilización. Su objetivo es desincentivar el depósito de residuos en el vertedero para favorecer el reciclaje. Con carácter general, se paga 10 euros por tonelada métrica, aunque la cuota crece en función del tipo de residuo. La ley da margen a las comunidades autónomas para que incrementen los tipos impositivos.

Los ayuntamientos están molestos con la norma. Ya lo dijo el presidente de la Federación Española de Municipios, Abel Caballero, que consideró que el nuevo tributo convertía a los municipios en «recaudadores de las tasas autonómicas».

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Zaragoza considera que este impuesto no debería entrar en vigor el 1 de enero de 2023 y pide que se retrase al menos un año. La concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, explicó que el recibo se va a pasar al Ctruz y será la empresa adjudicataria la que lo repercuta en las certificaciones que cobra del Ayuntamiento. Y de ahí, al recibo del contribuyente.

Fuentes de la DGA explicaron que este impuesto tiene una «finalidad armonizadora», dado que había comunidades que lo cobraban y otras que no. Indicaron que, de momento, la gestión de la recaudación, al menos durante el próximo ejercicio, va a corresponder al Estado.

Añadieron que el impuesto está aprobado y debería entrar en vigor, pero añadieron que la decisión de si hay una moratoria o no depende del Gobierno de España. Y aclararon que si el Ayuntamiento decide repercutir el impuesto en el recibo de la basura será por su «voluntad política».

Chueca explicó que este tributo «no puede convertirse en un nuevo Impuesto de Contaminación de la Aguas (ICA)», cuya recaudación se sustenta mayoritariamente en la capital aragonesa pero que acaba no revirtiendo en obras en materia de saneamiento y depuración de la ciudad. «Lo que no puede ser es que lo que se recaude en la ciudad se acabe invirtiendo fuera», declaró la responsable municipal.

Por eso la edil, que pidió que haya «claridad» y que se informe a la ciudadanía del origen del tributo y de su destino, reclamó que se hagan actuaciones en Zaragoza. «Para subir impuestos medioambientales van muy rápido, pero no tienen la misma agilidad para hacer las inversiones», dijo.

De momento, el presupuesto de 2023 tiene una previsión de gasto de 10,9 millones de euros, en línea con lo gastado este año. Pero este gasto podría saltar por encima de los 16 millones con este impuesto. Hay que tener en cuenta que las instalaciones, ubicadas en el parque tecnológico de reciclado, reciben 450.000 toneladas al año de basura orgánica, además de hasta 15.000 de envases ligeros procedentes de la recogida selectiva. Presta servicio a más de 750.000 ciudadanos de la capital aragonesa y de otros 61 municipios. En este sentido, el Ayuntamiento de Zaragoza reclamó que se hable también con el resto de localidades que depositan sus residuos en la planta y con la Diputación Provincial.

El Ayuntamiento expondrá la situación creada con este impuesto en la próxima comisión bilateral, si al final se celebra antes de las elecciones, así como la necesidad de firmar un nuevo convenio para que la DGA financie la segunda fase del sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid.

La DPZ inicia en Alagón la última planta de transferencia
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Casi cinco años y medio después del lanzamiento del plan Ecoprovincia de residuos de la Diputación de Zaragoza (DPZ), en junio de 2017, la iniciativa afronta la fase final. El organismo ha iniciado la construcción de la planta de transferencia de Alagón, la última de las seis previstas para la puesta en marcha del proyecto que permitirá que los municipios de toda la provincia lleven sus basuras a la capital y que puedan cumplir así la obligación legal de reciclar o reutilizar al menos el 50% de sus residuos domésticos y comerciales.

Los trabajos han sido encargados a la empresa pública Tragsa por 991.741 euros y está previsto que duren cuatro meses. La planta de Alagón se ubica junto a la salida del municipio hacia Gallur por la carretera VP-24. Recibirá unas 10.300 toneladas de basura anuales procedentes de los municipios de la Ribera Alta del Ebro y dará servicio a una población de unas 27.000 personas.

Estas instalaciones han sido las últimas en empezarse porque una vez iniciada su tramitación fue necesario hacer una modificación urbanística. Si no llega a tiempo para cuando comience a funcionar Ecoprovincia ya se ha previsto que los desechos de la Ribera Alta del Ebro se lleven temporalmente a la planta de Borja.

La DPZ licitó el pasado junio por 19 millones el contrato para transportar los residuos desde las seis plantas de transferencia y ya ha elegido a la empresa adjudicataria, aunque todavía hay que esperar que pase el plazo de recurso. Las instalaciones de La Almunia, Ejea, Quinto, Calatayud y Borja ya están finalizadas.

El objetivo de la DPZ era que todas estuvieran listas a finales de 2021, pero la complejidad de la tramitación y la crisis sanitaria han retrasado el calendario. Su coste, unos seis millones de euros, y el transporte de la basura al Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (Ctruz), unos 19,1 millones para los próximos 10 años, son asumidos por la DPZ. Los municipios abonarán la tasa por tratar sus basuras en el Ctruz.