Zaragoza cifra el agujero de la plusvalía en 40 millones y urge las compensaciones del Estado
La reforma legal que permitirá a los municipios cubrir las pérdidas sigue atascada en el Congreso. El Consistorio ha devuelto ya este año 13,1 millones frente a los 11,9 recaudados.
La sucesión de sentencias sobre el impuesto de la plusvalía que ha venido dictando el Tribunal Constitucional (TC) desde el año 2017 ha provocado un profundo agujero económico en el Ayuntamiento de Zaragoza. Las pérdidas, según los técnicos del Consistorio, ascienden ya a 40 millones de euros, por lo que el gobierno PP-Cs, en línea con lo acordado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), urge las compensaciones del Estado para garantizar la sostenibilidad de los servicios municipales.
Para entender lo ocurrido con la plusvalía, el segundo impuesto en cuantía que recauda el Ayuntamiento de Zaragoza después del que grava los bienes inmuebles(IBI), hay que remitirse a 2017. En mayo de ese año, el Constitucional decidió que este tributo, que grava las operaciones de compraventa y las herencias de propiedades inmobiliarias, no se podía cobrar si se producía una pérdida de valor. A esa decisión se sumó otra sentencia de 2019, por la que no había que pagar el tributo cuando la cuota superara la ganancia obtenida por el contribuyente. Finalmente, el pasado mes de octubre el Constitucional anuló el sistema de cálculo de la plusvalía y puso en jaque el sistema de financiación local.
Real decreto estatal
El Gobierno central, tras la última sentencia, aprobó un real decreto (el 26/2001) para que el impuesto pudiera seguirse cobrando y, posteriormente, se inició la tramitación en el Congreso de la reforma de la Ley de Haciendas Locales para zanjar de una vez por todas los problemas de constitucionalidad del tributo. La FEMP, con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, presentó una enmienda para incorporar una disposición adicional que garantizara la cobertura por parte del Estado de las pérdidas generadas por las sentencias del Constitucional. Además, solicitó a los ayuntamientos que trasladaran las mermas de recaudación desde el año 2017, en el que se dictó la primera sentencia relativa a este tributo.
Y eso ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza. En un informe del pasado mes de julio, en primer lugar calcula las pérdidas que se produjeron entre 2017 y 2021. Durante este tiempo se anularon 548 recibos como consecuencia de las tres sentencias del Constitucional, por un importe acumulado de 1,9 millones de euros. Por otro lado están las devoluciones: en total se han visto afectados 2.631 recibos y autoliquidaciones. El importe es de 10,9 millones, por lo que la cifra global del periodo es de 12,8 millones de euros.
Además, es necesario calcular las cantidades que a 1 de enero de enero estén pendientes todavía de regularización. Según datos de la oficina de gestión tributaria municipal, en esta fecha quedaban a la espera de anulación o devolución un importe de 27,1 millones de euros. Estas devoluciones están en fase de tramitación para ajustarse a los plazos de regularización del tributo, que se extienden hasta 2024.
Solo un detalle: este año el Ayuntamiento de Zaragoza ya ha tenido que devolver 13,1 millones de euros a los contribuyentes, frente a 11,9 millones recaudados. Y la previsión de ingresos por este tributo para este ejercicio era de 31,5 millones, cifra ya inalcanzable. No obstante, el Ayuntamiento confía que entren ingresos por compraventas a partir de septiembre que mejoren la situación de la partida de la plusvalía.
Para la concejal de Hacienda, María Navarro, los datos confirman que son los ayuntamientos los que están soportando con sus propios recursos el proceso de devoluciones, circunstancia que puede empezar a generar tensiones de tesorería si no se corrige de forma urgente por parte del Gobierno central. Hay que tener en cuenta que la modificación de la Ley de Haciendas Locales está atascada en el Congreso, con 23 ampliaciones del plazo de enmiendas, circunstancia que empieza a desesperar a los municipios. El último acaba el próximo 1 de septiembre.
«Lo devolverán sí o sí»
«Está pactado que nos lo van a devolver sí o sí», afirmó la edil, que subrayó la «diligencia» del equipo del Área de Hacienda para hacer el cálculo. «Ahora esperamos la misma diligencia del Gobierno central, porque esto es un problema de todos los grandes ayuntamientos», afirmó.
La responsable municipal recordó que el consistorio de la capital aragonesa «está cumpliendo de manera escrupulosa con la ciudadanía al adelantar el dinero». Pero dejó claro que esta situación no se puede prolongar durante mucho más tiempo. «La situación de los ayuntamientos es de asfixia», declaró Navarro, que recordó además otros ‘agujeros’ que tienen que asumir los municipios, como el del aumento de los costes de la energía, el combustible o el transporte urbano por la pérdida de usuarios.
La merma de 40 millones, no obstante, puede ser incluso mayor. Los técnicos han calculado, porque así lo solicitó la FEMP, el impacto que tendría en las arcas municipales la anulación del real decreto por el que se establece el nuevo sistema de cálculo y que ya cuenta con varios recursos de inconstitucionalidad. En el caso de que se produjera la derogación, el Ayuntamiento de Zaragoza tendría unas pérdidas añadidas de 13,7 millones de euros, vinculados a 9.803 plusvalías, tanto por recibos ya liquidados como por los pendientes de emitir.
