Un negacionista de la covid acepta 2 años de cárcel por los disturbios causados en Zaragoza
En un juicio celebrado contra él ha admitido ser autor de delitos de desórdenes públicos, incendio, atentado y lesiones ocurridos en octubre de 2020.
Daniel P. M. ha reconocido en el juicio celebrado este martes contra él en la Audiencia Provincial de Zaragoza haber participado en los disturbios ocurridos el 30 de octubre de 2020 en la plaza de España de Zaragoza y alrededores durante una concentración ilegal convocada por un grupo de negacionistas de la covid-19 y contra el toque de queda que regía en esos momentos a partir de la 23.00. La protesta fue convocada a través de las redes sociales y acudieron unas 80 personas.
La Policía organizó un dispositivo para impedir que en Zaragoza se produjeran incidentes graves, similares a los que en esos momentos se estaban registrando en otras ciudades de España. Entre las 23.00 y las 23.30, varios de los participantes que poco antes habían exhibido carteles animando a desobedecer el toque de queda y las medidas adoptadas por los gobiernos para contener el coronavirus se dispersaron por la zona al ver que la Policía se dirigía hacia a ellos para identificarlos. En ese momento comenzaron a cometer una serie de actos vandálicos que terminaron con la detención de cinco personas, entre ellas Daniel P. M.
El acusado, que se encuentra en prisión y tiene antecedentes por resistencia y desobediencia, ha admitido ser autor de un delito de desórdenes públicos, otro de incendio, uno de resistencia a los agentes de la autoridad y otro de lesiones. El fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, solicitaba para él cinco años y nueve meses de prisión así como una multa de dos meses y quince días, a razón de cinco euros diarios (225 euros).
Sin embargo, este martes su abogada, María Jesús Alfambra, ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y, tras reconocerse autor de los mencionados delitos, ha aceptado una condena de un año de cárcel por desórdenes públicos (antes pedía tres años) y otro por incendio (antres solicitaba dos) y sendas penas multa de seis meses por atentado y dos meses por lesiones, a razón de dos euros diarios (480 euros en total).
Según el relato del fiscal, Daniel P. M., sobre las 22.20, comenzó a realizar diversos "actos hostiles y peligrosos" que afectaban al orden público, como prender fuego a una bolsa de papel para arrojarla a una papelera de la plaza de España cuyo fuego fue sofocado· por un trabajador de un· restaurante. Después, el acusado volvió a refugiarse en la concentración.
Luego intentó quemar los cartones que había junto a un quiosco de prensa, sin conseguirlo, así como una segunda papelera ubicada junto a la fachada de la Diputación de Zaragoza. También lanzó un patinete contra varios policías, sin llegar a alcanzarles. Cuando uno de ellos intentaba detenerlo se resistió y forcejeó con él. El agente resultó lesionado y sufrió una tendinitis de la que tardó en curar cinco días, durante los cuales estuvo impedido para su trabajo.
Recientemente, tras dos agresiones graves sufridas por policías nacionales en Zaragoza y otras con resultado más leve, sindicatos y organizaciones de la Policia Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local se manifestaron en Zaragoza para acabar con la “sensación de impunidad”, la “banalización de la violencia” y exigir condenas duras para los autores de delitos de atentados a agentes de la autoridad. La Fiscalía aseguró que no es ni sería blanda con este tipo de delitos.
A pesar de ello, el acuerdo alcanzado contrasta con la condena impuesta cuatro zaragozanos que se manifestaron en enero de 2019 en una marcha ‘Contra el fascismo de Vox’, que comenzó en el Parque Grande. Unas 80 personas terminaron en el campus y protagonizaron altercados que se saldaron con tres contenedores quemados, cinco coches dañados y cinco policías lesionados. Tres de ellos tardaron en curar entre 5 y 10 días no impeditivos; un cuarto estuvo 15 días de baja y el sexto, el más grave, tardó 350 días en curar de una lesión traumática en el codo. La Audiencia Provincial los condenó a penas de seis años de prisión a cada uno de ellos, condena que luego elevó a siete años el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
