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La experiencia del fiscal jefe de la Audiencia de Zaragoza, Felipe Zazurca, le dice que los casos que ahora entran no son «ni más ni menos violentos que antes», pero matiza que los compañeros que hacen guardia en los juzgados sí que le transmiten que la gente está más agresiva. Le preocupan los últimos casos de atentados a policías registrados en la capital, como el sufrido por un inspector jefe en un bus urbano, y dice que es un tema «complejo». «Se ha frivolizado, relativizado o minimizado el principio de autoridad. Creo que no es una reflexión conservadora, es una reflexión ética».
   Zazurca no es ajeno a las críticas que por estos casos han vertido los sindicatos policiales, quejándose del tratamiento penal que se les da. Pero se muestra tajante al decir que la Fiscalía no es si será «blanda» al abordarlos. «Tengo la certeza, porque veo las calificaciones que van a juicio, de que aquí no somos blandos a la hora de calificar como atentado las agresiones a policías», segura.
   Entiende que a veces no se comprendan los acuerdos que se alcanzan con los acusados por estas agresiones (otro reproche de los policías), pero lo explica: «Lo que te facilita la institución de la conformidad es aligerar la justicia. Pero, claro, no puede ser a costa de una pena ridícula. La conformidad busca los beneficios para el reo y que la pena sea siempre proporcional con el hecho».
   Considera que hay que valorar bien durante la fase de instrucción si se trata de un delito de atentado a la autoridad o de resistencia y qué penas se piden. «Hay que delimitar cada hecho. No todas las agresiones son iguales, algunas son muy directas y dolosas y en otras cabe el delito inferior, que es la resistencia, con pena de prisión o multa».

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Los empresarios de ‘la noche’ reconocen el aumento de la violencia entre los clientes de sus negocios. Lo consideran un efecto colateral de las restricciones de la pandemia y apuestan por una ordenanza cívica que regule la convivencia en las calles de Zaragoza. «Uno se pone a tirar copas al suelo o a gritar a las cuatro de la mañana y no pasa nada», explica Alberto Campuzano, presidente de la asociación provincial de bares y discotecas. «Por eso –añade–, hace tiempo que apostamos por una ordenanza cívica que ponga coto a todo esto y permita multar a quien no muestra ningún respeto por los demás. Esto es algo con lo que ya cuentan otras ciudades». Para Campuzano, el confinamiento y las limitaciones posteriores han tenido un efecto directo sobre el ocio nocturno.
   «Nos hemos encontrado con una generación de chavales que se ha hecho mayor de edad durante la pandemia. Venían del botellón y las fiestas en los pisos, donde todo vale. Ahora vienen otra vez a los bares y discotecas con ganas de recuperar el tiempo perdido y se han dado cuenta de que aquí hay que respetar unas normas», explica el portavoz del sector en Zaragoza. «Hace unos días un joven arrancó una puerta de mi local a patadas –recordaba–. Al reprocharle su acción, pretendía pagar los daños y zanjar el asunto.Pero le hicimos ver que no se trata solo de dinero, sino de respetar una convivencia». Campuzano sabe que hay que tener «paciencia» y toca «reeducar» a toda esa generación. Para evitar las peleas y los altercados dentro de los pubs, invita también a sus compañeros a reforzar la seguridad y el control de acceso.«Si alguien te la lía y le vuelves a dejar entrar, ya sabes que la próxima vez puede ser algo
peor», advierte.

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La limitación de aforos y el obligado cierre de bares a las 4.00 hicieron que las calles del Casco Histórico se convirtieran durante el Pilar en improvisados ‘botellódromos’ que los vecinos sufrieron, sobre todo en los fines de semana y la víspera del día 12. Dependiendo de la zona en concreto, unos han sentido con más intensidad que otros el problema. Javier Rodríguez, miembro de la junta de la Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo, no cree que el barrio haya tenido más conflictos o altercados durante el Pilar en comparación con las fiestas de otros años, salvo el ocurrido en la plaza del Justicia. Sin embargo, para la plataforma Stop Ruidos el cese de las restricciones les ha devuelto los problemas de antes de la pandemia con toda la intensidad.
   «El bullicio ha sido el normal de cuando hay fiestas en Zaragoza. Es cierto que como han sido los primeros Pilares desde 2019 sí que ha habido botellones en el parque de San Pablo y en las puertas de las discotecas y bares del Casco, pero creo que era lo esperado después de dos años de reclusión», dice Javier Rodríguez. El representante vecinal defiende que el barrio es tranquilo, aunque admite que hay zonas como el entorno de Pignatelli que sí son conflictivas, pero atribuye el problema a la cantidad de pisos y edificios abandonados por bancos y ocupados ilegalmente. No obstante, señala que hay dos tipos de ocupaciones, la de la gente que tiene necesidad y la criminal. «Y se distinguen perfectamente», advierte.
  Mientras, la plataforma Stop Ruidos asegura que tiene que lidiar de nuevo con todo el follón que se monta debajo de sus casas los fines de semana y fiestas. «El ruido multiplica por 22 el límite permitido en Aragón, en Europa y en todas partes», indica Antonio Pérez, miembro de la plataforma. Los vecinos, que este viernes se concentraron en la puerta de la Casa del Loco, en la calle Mayor, no se quejan de ruidos procedentes de la discoteca, sino de los que producen las decenas de personas que, tras el cierre, permanecen en la calle hasta las 6.00 o las 7.00.

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Los dos sindicatos mayoritarios de la Policía, Jupol y SUP, a los que pertenecen los funcionarios agredidos durante las fiestas estando fuera de servicio, coinciden al señalar que observan desde hace un tiempo un «aumento de la agresividad» y una «banalización de la violencia» hacia los agentes de Policía. «Echamos en falta una condena firme y mediática por parte del Gobierno central ante estos hechos delictivos; observamos una postura de perfil y de pasividad por parte de algunos de nuestros políticos», dice Jupol.
   Desde SUP reivindican el «restablecimiento del principio de autoridad» y mayores condenas para las agresiones a los policías con el objetivo de evitar un «efecto llamada». También para «garantizar» el buen funcionamiento de la administraciones públicas, no solo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino también de médicos, maestros, etc.
   «Sobre todo, es necesario restablecer el principio de autoridad entre los más jóvenes, ya que son los más críticos con las instituciones y cuerpos de seguridad». afirma el SUP, que denuncia que actualmente se registran 26 agresiones diarias a policías en España. Jupol anuncia que impulsará una reforma legislativa para endurecer las penas por agresiones a agentes para «terminar con la sensación de impunidad».