Discurso íntegro de Jorge Azcón en el debate de estado de Zaragoza

Compañeros de Corporación, autoridades, señoras y señores.

Les ruego que antes de comenzar este Pleno guardemos el habitual minuto de silencio en memoria de las más de 100.000 víctimas mortales producidas por el covid-19 en nuestro país en los últimos 20 meses.

(minuto de silencio)

Muchas gracias. Señor secretario, puede comenzar con la sesión.

Comparezco ante este Pleno en cumplimiento del artículo ciento nueve del Reglamento Orgánico Municipal, en el que se estipula la convocatoria extraordinaria del Debate del Estado de la Ciudad.

Se trata del segundo debate del actual mandato y que, por lo tanto, lleva implícito un rendimiento de cuentas de la primera mitad del Gobierno de coalición del Partido Popular y Ciudadanos, que tengo el honor de presidir como alcalde de Zaragoza.

En junio de 2019, cuando cerramos el acuerdo de gobernabilidad, teníamos un objetivo por encima de todo: después de años de polémicas y división causados por gobiernos de izquierda y extrema izquierda, queríamos recuperar la credibilidad y la confianza de los vecinos de Zaragoza en un Ayuntamiento que, en vez de dedicarse a crear problemas, se centrase en resolverlos a través de la moderación y la búsqueda de acuerdos.

Ese era y es nuestro compromiso central: formar un gobierno estable y coordinado, con iniciativa y capacidad, que actúe desde el respeto a la ley y que busque las mejores relaciones políticas, institucionales y sociales posibles para alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de Zaragoza.

Todo con la finalidad de desbloquear proyectos de ciudad que estaban paralizados desde hace décadas, atraer nuevas inversiones que relancen el tejido productivo y generar medidas pioneras para hacer de Zaragoza una ciudad referencial en los grandes desafíos urbanos a estas alturas del siglo XXI: la sostenibilidad ambiental y la energía, la nueva movilidad y la innovación tecnológica.

Esa ha sido nuestra hoja de ruta, junto a la bajada de la presión fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas. Y la hemos ido cumpliendo paso a paso a lo largo de estos 28 meses de mandato a pesar de habernos enfrentado desde febrero de 2020 a la tragedia causada por el covid-19, la mayor crisis sanitaria, económica y social que ha sufrido España desde la Guerra Civil.

Esa circunstancia inesperada nos ha hecho vivir situaciones que nos eran completamente desconocidas. Nos ha puesto a prueba como sociedad y nos ha obligado a quienes ejercemos responsabilidades de gobierno a cambiar prioridades durante este tiempo excepcional.

Sin embargo, mi Gobierno ha redoblado esfuerzos para llevar adelante nuestro programa en la mayor medida posible al mismo tiempo que afrontábamos esta crisis y sus terribles consecuencias en primera línea, prácticamente sin ninguna ayuda externa, volcando recursos e iniciativas en acción social como no se había hecho nunca antes en este ayuntamiento.

Ahora que el avance en la vacunación abre una expectativa distinta, un horizonte que nos acerca a la ansiada normalidad sanitaria, quiero expresar mi agradecimiento a los concejales de Ciudadanos y Partido Popular por su trabajo y su compromiso con la ciudad en estas circunstancias.

Esa dedicación, junto a la labor inestimable de los funcionarios municipales, los trabajadores de las contratas y las entidades que colaboran con el ayuntamiento, han sido los puntales básicos que han hecho que Zaragoza, como así han reflejado los medios de comunicación nacionales, fuera una de las ciudades que ha actuado con más rapidez, diligencia y acierto ante las urgencias producidas por el covid-19, a la vez que nos ha permitido, a pesar de las enormes dificultades, ir cumpliendo un porcentaje muy elevado de los 50 puntos recogidos en el Pacto de Gobernabilidad.

Aunar esas dos necesidades, la lucha contra el covid y el desarrollo de un programa de activación y desarrollo de la ciudad, ha sido una tarea muy complicada, pero extraordinariamente satisfactoria al haber cumplido importantes objetivos en medio de un desafío inédito, sufriendo con dureza los efectos de una crisis de alcance mundial.

En ese trabajo excepcional quiero y debo resaltar la figura de la vicealcaldesa Sara Fernández, la portavoz de un socio de Gobierno que destaca por su capacidad, su eficiencia, su empatía y su lealtad. Sara, es un orgullo y un auténtico lujo trabajar mano a mano con una persona de tu calidad profesional y humana. Gracias por todo tu trabajo y el de tu grupo y por anteponer siempre los intereses de los vecinos de Zaragoza a cualquier otro punto de vista.

La relación entre los dos grupos del Gobierno no es un asunto baladí. Se trata de un elemento esencial que nos permite funcionar desde la coherencia y la unidad frente a espectáculos muy diferentes que vemos constantemente en otras administraciones y que únicamente generan estupor, inestabilidad, desconfianza y desafección hacia la actividad política.

Por el contrario, la actitud, el tesón, la entrega y la colaboración que demostramos día a día los 14 concejales de este Gobierno municipal es un ejemplo de unidad, sentido común y coherencia que dignifica el ejercicio de la política. Os estoy infinitamente agradecido a todos y cada uno de vosotros. A los 13 por igual. Es una lección de compromiso, lealtad y altura de miras que no pienso olvidar nunca.

En ese cambio de escenario político municipal que se produjo en junio 2019, el cambio de la confrontación y la polémica a un funcionamiento eficaz del Ayuntamiento, ha jugado también un papel necesario Vox, el tercer partido decisivo en la conformación del acuerdo de investidura que propició el vuelco político imprescindible.

Vox ha demostrado con sus hechos que en este consistorio es una formación responsable, plenamente consciente de la necesidad de llegar desde la oposición a acuerdos en los asuntos fundamentales de la ciudad para evitar el bloqueo y la parálisis que protagonizó la izquierda en el pasado reciente.

Mi agradecimiento por ello a sus dos concejales, que han entendido desde el primer día que, aunque tenemos posicionamientos políticos distintos que nos separan en varios ámbitos, hay un sustrato fundamental que nos une: darle la vuelta a los errores cometidos durante 16 años seguidos de Gobiernos de la izquierda desde la sensatez y la resolución de problemas.

Como he señalado al principio, esta primera mitad de mandato ha venido marcada indefectiblemente por la circunstancia excepcional e inesperada de la pandemia del covid-19, que supone un antes y un después en nuestras vidas y en la historia mundial.

En la anterior edición de este debate dediqué por lógica una parte sustancial de mi discurso al esfuerzo extraordinario que ha supuesto para los recursos, los servicios y los trabajadores municipales durante 2020. Un esfuerzo que ha habido que mantener durante el año actual y que seguirá siendo muy importante en 2022.

Tal y como dije el año pasado, muy en contra de los desacertados mensajes que escuchamos por parte del Gobierno central en los primeros meses de la pandemia, el covid y sus consecuencias, por desgracia, van a marcar toda la legislatura.

Por fortuna, el avance de la vacunación ha cambiado la complicadísima situación de salud pública que hemos vivido, pero vamos a tener que seguir batallando durante bastante más tiempo con la crisis económica generada por la enfermedad.

Los informes de todas las instancias económicas nacionales e internacionales, del FMI, la OCDE o el Banco de España, entre otros, acertaron en su día que España ha sido el país relevante de Europa que más ha sufrido en su tejido productivo y su mercado de trabajo los efectos perversos de la enfermedad. Ahora, los análisis de esas mismas entidades, y otras como la AIREF, advierten que la recuperación económica no va a ser tan rápida como anunciaba hace unos meses el Gobierno de España.

Es más, los propios informes que el Gobierno envía a la Unión Europa reconocen que la recuperación definitiva a la situación previa a febrero de 2020 no llegará antes de 2023. La pandemia cede, pero cuando todavía seguimos digiriendo sus efectos aparecen nuevas crisis agregadas que están dificultando mucho las cosas.

Me refiero fundamentalmente a la crisis de los semiconductores y otros muchos componentes y suministros necesarios para la actividad industrial, el bloqueo de la logística internacional, la escalada desorbitada de los precios de las materias primas, la electricidad, el gas, el petróleo y el transporte y el consiguiente alza de la inflación, que bate los registros de las últimas tres décadas y se sitúa en el 5,5%.

Repito: el 5,5%, la mayor tasa de inflación en tres décadas, una de la peores amenazas económicas que vuelve a mostrarnos sus efectos devastadores sobre todos los sectores y actividades en el peor momento. La conjunción de estas nuevas crisis está originando una situación más que preocupante para las empresas, los autónomos y las familias.

Las empresas tienen que parar su producción por falta de suministro o porque no pueden afrontar la subida energética. Las familias sufren, además de la subida de la electricidad y los combustibles, el encarecimiento global de la cesta de la compra, lo que se traduce en un gasto medio extra que los últimos estudios sitúan cerca de los 1.000 euros anuales. Un golpe brutal para las economías familiares de nuestro país, donde el salario medio mensual se sitúa en los 1.700 euros.

Y en medio de este panorama preocupante, quien debería adoptar medidas y reformas estructurales ante esta compleja crisis, el Gobierno de la Nación, ha hecho lo contrario y opta por profundizar en políticas socialpopulistas marcadas por la subida de impuestos y por el aumento del déficit y que generan alarma en el seno de la Unión Europea.

Mientras otros países, como Francia, adoptan estrategias de futuro con una inversión de 30.000 millones en reindustrialización, en España el Gobierno se centra en anuncios de medidas de gasto marcadas por el más clásico de los cortoplacismos electoralistas. Esa falta de previsión económica y disciplina presupuestaria del Gobierno central la pagamos muy cara en la ralentización de la economía.

No es por casualidad que España, como ya ha advertido la OCDE, vaya a ser el segundo país avanzado del mundo que más tarde en salir de la crisis al no recuperar los niveles de PIB per cápita hasta el segundo semestre de 2023.

Nos va a costar más de dos años restablecer ese nivel de PIB previo al covid, mientras que Alemania lo va a hacer este mismo año, e Italia, Francia y Reino Unido lo harán un año antes que nosotros.

De las 33 economías mundiales avanzadas, todas prevén recuperar sus niveles de PIB antes que España excepto Islandia, lo que supone un duro golpe a nuestra competitividad y una dramática pérdida de oportunidad para mejorar las cifras del paro.

Ese es el marco económico real en el que nos vamos a situar en los próximos dos años.

La superación de la pandemia, que parece consolidarse en nuestro país, y la llegada de los fondos europeos van a ser las bases para mejorar el descalabro mayúsculo sufrido en 2020, pero la crisis de falta de componentes esenciales, la crisis energética, los problemas de suministro, la tensión inflacionista y las decisiones desacertadas del Gobierno PSOE-Podemos van a seguir lastrando el tejido productivo y el mercado laboral y van a ralentizar la mejora de la situación socioeconómica.

De acuerdo a todos los informes de las instituciones económicas más reputadas, ese es el estado real de las cosas y las perspectivas a dos años en el conjunto de nuestra Nación. Sería un error plantear cualquier debate o análisis sobre el Estado de la Ciudad y su futuro inmediato sin abordar ese marco general. Por lo que respecta al ámbito municipal, a éste y a todos los ayuntamientos, se añaden tres dificultades más directamente relacionadas con la gestión del Ejecutivo Nacional.

En una de ellas quiero ser optimista, al menos en parte. Me refiero al problemón generado por la sentencia del Constitucional que impide tramitar el impuesto de plusvalía. La plusvalía es un impuesto que debería desaparecer progresivamente de nuestro marco fiscal. De hecho, nuestro Gobierno ha tomado las medidas reductoras más importantes sobre ese gravamen que se han adoptado en nuestro país.

Pero la extinción de la plusvalía únicamente es posible dentro de una modificación de los sistemas globales de financiación local y autonómica en la que se prevean mecanismos de compensación. Lo que no es soportable de ninguna manera es que desaparezca de un plumazo como fuente de ingresos de un año para otro. Eso es un drama inaudito para todos los ayuntamientos de España.

En nuestro caso hablamos del segundo impuesto que más recursos deja en las arcas públicas, con una previsión para el presupuesto de 2020 de 45 millones de euros, un 5% de los ingresos.

El Gobierno de España, dados los precedentes judiciales que había, debería haber tenido prevista una alternativa inmediata y un fondo de compensación por las mermas que nos podemos encontrar, como ya está pasando por las sentencias previas que negaban el cobro del impuesto sin ganancias reales de valor en las transmisiones.

Por esos motivos, porque nos afecta a todos los municipios haciendo inviable una financiación ajustada a las muchas necesidades que afrontamos, y porque el Gobierno sabe perfectamente que se ha equivocado al no tener previsto este problema mayúsculo, estoy convencido de que rectificará pronto y habrá una nueva fórmula legal para poder volver a tramitar la plusvalía de una manera legal. No obstante, quedará por resolver la cuestión de las posibles mermas ante el nuevo cálculo y la devolución de las plusvalías tramitadas.

Estamos en un momento de máxima incertidumbre en el que sería imprescindible visualizar al menos la disposición del Estado a crear ese fondo nacional de compensación si acabamos teniendo una bajada tributaria insostenible. En eso me gustaría ser también optimista, pero los antecedentes del Gobierno en su relación con los municipios no son precisamente halagüeños.

Y aquí me refiero a las otras dos dificultades a las que nos enfrentamos: el fondo de ayuda contra los efectos del covid y el reparto de fondos europeos.

Todos los ayuntamientos de España hemos reclamado desde el principio de la pandemia por activa y por pasiva, con el voto unánime de los partidos representados en el FEMP, un fondo incondicionado de entre 3.000 y 4.000 millones a repartir entre los municipios atendiendo a su población y a su situación financiera. El Gobierno de Pedro Sánchez, el más antimunicipalista de la historia, se ha negado en redondo. Ni en 2020, ni en 2021, ni nunca. No tiene la más mínima intención de concedernos ese fondo, a pesar de que todos los grandes países de la Unión han establecido este tipo de recursos anti Covid para sus municipios.

La única ayuda que hemos recibido por parte de Moncloa en estos 20 meses ha sido el fondo para paliar el déficit creado por el virus en 2020 en el transporte público por la bajada de usuarios.

A Zaragoza nos llegaron 23 millones año y medio más tarde de lo previsto y que no cubren todo ese déficit, pero fueron bienvenidos como lo que han sido, la única aportación del Ejecutivo nacional a los ayuntamientos ante la crisis del covid. El problema, además de la negativa absoluta a crear el fondo incondicionado, es que en este 2021 el déficit en el transporte público continúa. En Zaragoza no será menor de 17 millones de euros.

De hecho, esa necesidad nos ha llevado a los alcaldes de los seis municipios más poblados de España –Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga-, de todos los colores políticos, a solicitar conjuntamente a los ministerios de Hacienda y Transportes un nuevo fondo de compensación, especialmente trascendente ahora ante la incertidumbre generada por la sentencia sobre la plusvalía.

Y luego está la tercera dificultad añadida: el reparto de los fondos europeos. De estos fondos dependemos en extremo todos los municipios españoles para poder acometer una serie de inversiones en los próximos años que nos saquen cuanto antes de la crisis y nos permitan aumentar los recursos para mejorar los servicios públicos a nuestros vecinos y modernizar nuestra ciudad. El problema es que los ayuntamientos accedemos a los fondos indirectamente, a través de las convocatorias que vayan lanzando los ministerios, las comunidades autónomas y algunos entes y fundaciones relacionados con los ministerios.

De partida, hay una mala noticia: los Presupuestos Generales del Estado conceden a los ayuntamientos la gestión de solo el 7% de esos fondos europeos, cuando desde la FEMP, también por unanimidad, hemos pedido que fueran el 15%, puesto que ese el porcentaje del gasto público nacional total que representamos las entidades locales. Y luego está esa imposibilidad de acceder directamente a los fondos. Nos tienen que ser concedidos por esas tres vías que he comentado.

Nosotros estamos haciendo el trabajo. Tenemos ya presentadas solicitudes para este mismo año por valor de 63,7 millones de euros para una serie de proyectos muy importantes y otro paquete de 8,5 millones más para presentar antes de fin de año. De esas cantidades, hasta ahora hemos obtenido 1,1 millones para rehabilitación energética en vivienda pública y reformas en la Casa Amparo.

Del resto, 49,1 millones están solicitados desde Servicios Públicos y Movilidad, para financiar, entre otras cuestiones, la compra de autobuses eléctricos y tranvías. 10,5 millones han sido solicitados para distintas líneas de ayudas en materia de Comercio. 2,7 millones corresponden a distintos programas de Cultura y Turismo. Y hay otros 300.000 euros para varias acciones de Agenda Urbana.

Estamos hablando de mucho dinero destinado a cuestiones especialmente relevantes en un momento crítico para reimpulsar la actividad y la economía. Pero para que esos millones nos lleguen nos los tienen que conceder. Es imprescindible que haya un reparto ecuánime desde las administraciones central y autonómica.

Ahora mismo hay un serio problema de información. Por un lado, seguimos a la espera de demasiadas convocatorias de fondos que se han ido anunciando para este año, pero que aún no han salido adelante. Y por otro lado, existe mucha incertidumbre respecto a los ingresos finales que logremos. De hecho, el presupuesto municipal va a recoger exclusivamente la parte de nuestras peticiones que estamos seguros que nos corresponden por reparto poblacional para evitar una expectativa desmesurada que luego se vea truncada.

En todo caso, espero que en el reparto haya responsabilidad; un trato justo e igualitario entre todos los municipios donde se valore correctamente el excelente trabajo que se ha hecho en esta materia en las diferentes áreas del Ayuntamiento. Nos jugamos todos mucho en esa cuestión. No solo las ciudades.

Los efectos de los fondos europeos van a tener un alcance global y, en el caso de Zaragoza, por sus características demográficas y socioeconómicas, es crucial para el desarrollo de toda la Comunidad Autónoma que nos lleguen los fondos que hemos solicitado. Pero lo cierto es que en esta cuestión sustancial dependemos en buena medida de las decisiones de otros. Insisto en que nosotros hemos hecho los deberes a tiempo y con eficacia. Ahora lo que necesitamos es que los fondos lleguen a la ciudad y podamos acometer más y mejores inversiones.

Pero bien, aun con todas las dificultades previstas que he expuesto, quiero subrayar que Zaragoza está capacitada para situarse en la vanguardia de las ciudades que dentro de España superen antes esta crisis. Lo demostramos siendo un ejemplo a la hora de adoptar medidas en la lucha contra el covid y lo vamos a volver a demostrar. Nuestra ciudad cuenta con fortalezas estratégicas suficientes para ello. Y sobre todo cuenta con el talento, la voluntad y el dinamismo de sus vecinos y sus empresas.

Por nuestra parte, desde el Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, vamos a continuar desarrollando las mismas políticas de protección social, estímulo económico, renovación urbana y descenso de la presión fiscal para seguir apoyando esas capacidades de Zaragoza y los zaragozanos, impulsando una ciudad activa y en crecimiento, que atraiga inversiones y genere oportunidades y calidad de vida para sus habitantes.

Una Zaragoza que además es profundamente solidaria y que debe seguir extremando el cuidado de las personas más vulnerables. Lo hemos hecho durante la pandemia y toca seguir haciéndolo en el largo camino que va a ser la salida de la crisis. Porque somos fieles a nuestros principios. Seguimos creyendo que lo primero y más importante son las personas y trabajar para resolver sus problemas. Y no hay problema más acuciante que debamos atender que cubrir las necesidades básicas de quienes no tienen garantizada la comida, la electricidad o la vivienda en medio de esta compleja situación económica.

La consejería de Acción Social se ha volcado en esa tarea imprescindible que supone un esfuerzo presupuestario récord. Hay que recordar que este Gobierno ya impulsó el presupuesto del área antes de la llegada del covid a España. En concreto, con un incremento superior al 8% en 2020 para reforzar las políticas de acción social y las destinadas a personas mayores. La irrupción del coronavirus hizo necesario aumentar posteriormente todavía más esas partidas. Y en este 2021 estamos desarrollando el mayor presupuesto municipal en Acción Social en la historia de la Democracia.

En los dos años de mandato hemos hecho crecer los recursos para las políticas sociales en un 20% y nuestra previsión para 2022 es volver a batir el récord histórico con una partida global que por primera vez se situará en torno a 100 millones de euros. Es un crecimiento en recursos para las políticas sociales que porcentualmente no tiene precedentes ni en Zaragoza ni en ninguna de las grandes ciudades de España.

El año que viene, por vez primera en este Ayuntamiento, prácticamente uno de cada ocho euros del presupuesto se destinará a medidas e iniciativas de acción social, a ayudar a quienes más lo necesitan. Las ayudas de urgente necesidad seguirán siendo uno de los servicios prioritarios. Basta recordar en este sentido que de los 9,3 millones de 2019 hemos pasado a prever un gasto de 15,4 millones en el ejercicio actual.

Es importante destacar la buena noticia de que en este 2021, desde el mes de abril, estamos registrando alrededor de un 15% menos de solicitudes de ayudas de urgente necesidad respecto a 2020, que fue un año dramático, especialmente en ayudas de alimentación. Sin embargo, esa tendencia positiva global de las ayudas puede sufrir un cambio ante el crecimiento de las demandas para poder pagar el alquiler y el precio desorbitado de la electricidad. Mientras las peticiones de ayudas para comida están descendiendo en aproximadamente un 30%, las de electricidad crecen a un ritmo del 90% y las de alquiler lo hacen en un 150%. Nuestro compromiso es seguir atendiendo esas necesidades básicas con la mayor rapidez y capacidad posible.

El plazo medio de tramitación de las ayudas de urgente necesidad en 2018 era de 5,8 días. En estos dos años lo hemos reducido casi a la mitad para que las personas que las solicitan puedan percibirlas en el plazo medio de 3,4 días. Y eso que mientras la media de recursos destinados por las entidades locales españolas a estas ayudas es de 4 euros por habitante, en Zaragoza hemos elevado esa cifra este año hasta los 21,6 euros por habitante. Concedemos más ayudas que nunca y el doble de rápido de lo que se hacía con el gobierno anterior.

Los servicios sociales de nuestra ciudad acumulan una trayectoria de décadas que los convierten en un ejemplo de eficacia frente a otros proyectos, como el ingreso mínimo vital del Gobierno central, que está dejando mucho que desear en su aplicación.

El propio ministro de Seguridad Social ha reconocido que 7 de cada diez solicitudes del Ingreso Mínimo Vital se rechazan en España. En Aragón esa tasa de rechazo es aproximadamente del 60%, con más de 23.400 solicitudes rechazadas. Frente a eso, este Ayuntamiento aprueba el 95% de las ayudas urgentes que solicitan sus vecinos. Lo cierto sobre el Ingreso Mínimo Vital es que actualmente en Aragón, después de año y medio de su puesta en marcha, sólo hay 8.605 perceptores de ese subsidio. Zaragoza, en solo ocho meses de 2021, ha concedido más de 26.000 ayudas a 11.248 familias. En 2020 fueron casi 45.000 ayudas destinadas a 17.746 familias. Donde no llegan las ayudas de otras administraciones, el Ayuntamiento llega siempre y llega con más rapidez para responder a las necesidades de la gente.

Lo dije en el anterior debate de ciudad y lo reitero: Nadie en Zaragoza se quedará nunca sin una ayuda de alimentación. A esa voluntad de volcar todo nuestro esfuerzo para que nadie pase hambre en nuestra ciudad debemos sumar ahora un plus de responsabilidad para que nadie pase frío ni pierda el techo por no poder pagar la electricidad, el gas o el alquiler. El Ayuntamiento de Zaragoza seguirá siendo, en este mandato con partidas presupuestarias como nunca se habían visto, la primera puerta a la solidaridad. El primer y mejor refugio de quienes más ayuda necesitan en medio de esta complicadísima situación de crisis concatenadas.

Vamos a seguir haciendo un esfuerzo muy especial en el sostenimiento y aumento de los servicios sociales, cuya importancia es vital en momentos como los que atravesamos. La pandemia nos ha obligado a un esfuerzo extra y a implementar medidas novedosas que han demostrado una gran eficacia.

Entre ellas destaca el Centro de Atención Telefónica de Servicios Sociales, la llamada línea 900, que se puso en marcha para centralizar el acceso a los servicios sociales ante la obligación de cerrar centros municipales por prevención sanitaria. Desde su implantación, ha superado el millón de llamadas atendidas. Las cifras hablan por sí solas de la necesidad de mantener un servicio con tanta demanda incluso una vez que los centros presenciales funcionan con normalidad y con mejor organización a través del sistema de cita previa que proporciona esta línea 900.

El pasado mes de septiembre se aprobaron los pliegos de la nueva contrata, con un coste aproximado de 350.000 euros y una duración de tres años prorrogables. Hablamos de un servicio gratuito operativo 24 horas los siete días de la semana cuyo contrato está reservado, de acuerdo con los objetivos ODS, para centros especiales de empleo que forman a personas discapacitadas.

El servicio centralizará el acceso a los centros municipales de servicios sociales de toda la ciudad y también a la Casa de las Culturas, la Oficina Técnica del Mayor y la Unidad de Atención a la Ciudadanía y Buenas Prácticas.

Además de la atención a las necesidades básicas de la población vulnerable con las ayudas de urgencia, es preciso destacar cuatro grandes líneas que caracterizan la actuación de la consejería de Acción Social: Atención a personas mayores, protección de las personas sin hogar, apoyo a las entidades del Tercer Sector y la ordenanza de accesibilidad.

En la atención a nuestros mayores hemos renovado la contrata del servicio de ayuda a domicilio, que estaba caducada desde 2016.

Por cierto, a diferencia de lo que ocurre en otros servicios sociales de ámbito autonómico y nacional, hemos acabado con la lista de espera que nos encontramos, que en 2019 era de 570 personas. Todas las personas mayores que han solicitado este servicio están atendidas en sus domicilios.

El nuevo contrato de ayuda a domicilio, con un presupuesto de 20 millones de euros anuales, ha sido adjudicado a tres empresas para llegar a todos los distritos y barrios de la ciudad. Ofrece una prestación de 995.000 horas de servicio anuales, actualmente a más de 7.500 usuarios, y aporta mejoras en limpiezas y materiales como camas articuladas, sillas de ruedas y de baño, andadores y grúas.

Además, las tres empresas adjudicatarias incrementarán en un 15% los empleos de inserción. El contrato de Teleasistencia se encuentra actualmente en proceso de licitación por un importe de 2,8 millones de euros anuales y la duración de tres años prorrogables.

El nuevo contrato supone un incremento presupuestario del 21%, aumenta en 400 personas el número de nuevos usuarios hasta llegar a los 11.700, amplía la prestación del servicio a 3.300 convivientes de personas usuarias e introduce el móvil de teleasistencia y la accesibilidad al servicio a personas con discapacidad mediante dispositivos adaptados.

Por último, el servicio de Comida a Domicilio alcanza ya a 952 beneficiarios, un 58% más que antes de la pandemia. Hay que recordar el esfuerzo ingente que supuso durante la pandemia triplicar ampliamente este servicio hasta superar los 1.800 usuarios en un tiempo récord. Actualmente hemos incrementado en un 9% el presupuesto del convenio con la Fundación La Caridad pasando de los 775.000 euros de 2020 a los 845.000 actuales.

Respecto a la protección a personas sin hogar, la consejería está realizando un trabajo excelente generando en estos dos años nuevos recursos que multiplican los que había para llevar a cabo un Plan Social de Primera Oportunidad para facilitar la inserción social de estas personas.

Se trata de un ambicioso e innovador plan de carácter integral, que consta de tres ejes de actuación: vivienda, formación ocupacional y laboral, y cuidado de la salud y que se desarrolla en un momento especialmente necesario, porque la pandemia ha aumentado el número de personas afectadas por la falta de hogar.

Gracias a las cesiones de Zaragoza Vivienda al Área de Acción Social y Familia, hemos aumentado hasta 59 las viviendas disponibles para este plan, lo que se traduce en 96 habitaciones para acoger hasta 140 personas sin hogar. En el mandato anterior, el Área sólo tenía 10 viviendas de este tipo.

En dos años hemos multiplicado por seis este recurso habitacional imprescindible para ayudar a reintegrar a la sociedad a las personas sin hogar, posiblemente las más vulnerables entre los vulnerables. Esto quiere decir que sin necesidad de hacer obra alguna, hemos duplicado la capacidad del albergue municipal, lo que nos ha permitido ofrecer vivienda y atención específica a un centenar más de personas sin hogar de lo que se hacía en 2018. De estas 59 viviendas, 14 son alquiladas y gestionadas por entidades en colaboración con el Ayuntamiento, mientras que el resto se gestionan desde el excelente equipo con que contamos al frente del albergue municipal.

Además, acabamos de presentar en colaboración con la Obra Social de la parroquia del Carmen la Casa Abierta para Mujeres. Este es un programa piloto, único es España, que se vuelca en atender a las mujeres, que son el colectivo más vulnerable de quienes carecen de hogar y quienes están expuestas a más agresiones.

La Casa Abierta habilita seis plazas destinadas específicamente a mujeres que viven en la calle en situaciones cronificadas, con mayor degradación de sus condiciones vitales, con discapacidades añadidas y con mayores riesgos en su salud y seguridad.

Zaragoza tiene que estar especialmente orgullosa de tener en marcha un programa tan especial y pionero cuyo objetivo es proteger a las mujeres más vulnerables de la ciudad.

Todo este esfuerzo en la ayuda a las personas sin hogar ha permitido sacar de la intemperie y el desamparo a ese centenar de personas que he comentado y reducir el chabolismo en nuestra ciudad en un 30% respecto a 2018.

El apoyo al Tercer Sector, cuyas entidades son imprescindibles para multiplicar la acción social pública, se materializa en un incremento de las subvenciones del 11,69 % respecto al presupuesto dedicado en 2019.

Insisto en esta idea central: sin la entidades del Tercer Sector no sería posible de ningún modo llevar a cabo el conjunto de políticas sociales que desarrollamos en Zaragoza y que nos convierten en una ciudad ejemplar en este campo tan sensible y preciso.

La situación de pandemia ha hecho que se incrementen especialmente los convenios con las nueve entidades sociales que trabajan directamente con personas sin hogar y con ayudas urgentes como la alimentación.

Por poner un ejemplo, una entidad tan importante como el Banco de Alimentos, que es el gran suministrador del resto de entidades, ha pasado de recibir 10.000 euros en 2018 con el Gobierno anterior a 90.000 en este mismo año. Le dedicamos nueve veces más recursos.

Además de por esta enorme labor, el área de Acción Social debe ser reconocida por el brillante trabajo que está llevando a cabo para que Zaragoza tenga el próximo año la ordenanza de accesibilidad más avanzada y completa de España.

En esta y en otras cuestiones, debemos tener memoria: Esta era una cuestión urgente, porque la ordenanza actual data de 2001 y llevaba veinte años sin ser modernizada. Después de 20 años sin hacer nada, es este gobierno el que va a resolver el problema.

La nueva ordenanza, que estará en vigor en el primer semestre del año próximo, ha contado con la participación de todas las entidades del sector de la discapacidad durante un año de trabajos conjuntos y abarcará todos los ámbitos municipales, desde el urbanismo, las infraestructuras y la edificación hasta el transporte, la información, el ocio, la cultura, el turismo, o también el empleo.

Quiero detenerme también en los servicios de Igualdad, Juventud, Deportes, Mayores y Educación, servicios esenciales para dotar a Zaragoza de una estructura que fomente el cuidado de las personas.

En Igualdad quiero destacar que este Gobierno no sólo sigue ejerciendo todas las medidas que ya había para combatir la lacra de la violencia de género y ayudar a las víctimas, sino que está dedicando más recursos para nuevas iniciativas en prevención, educación, colaboración y en apoyo a la mujer maltratada, al mismo tiempo que creamos instrumentos para combatir la violencia doméstica, que también genera víctimas que necesitan ayuda entre la población infantil y entre los mayores. Combatir estas violencias es una cuestión esencial en la búsqueda de la igualdad de derechos y la protección de las libertades individuales. Defendemos la tolerancia cero con las actitudes machistas y la violencia contra las mujeres. Y mantenemos la misma actitud contra la violencia que sufren los niños y los mayores.

Hay un dato estremecedor que revela la necesidad de seguir profundizando en las ayudas contra la violencia contra la mujer: entre enero y agosto de este año, nuestros servicios sociales han atendido a 541 mujeres como casos nuevos de violencia de género. Mujeres que junto a sus hijos necesitan nuestra atención integral para superar ese infierno al que se ven injustamente abocadas.

Una parte importante de nuestra ayuda, además de la atención social, psicológica y educativa, es ofrecer vivienda temporal a las víctimas que no pueden permanecer en su vivienda habitual. Con esa finalidad, a través de convenio con Zaragoza Vivienda, disponemos de la casa de acogida, pisos tutelados y acceso extraordinario a pisos de alquiler social. Pero el servicio de Igualdad ha detectado que no es suficiente y este año hemos incorporado otras dos líneas de ayuda para las mujeres víctimas de violencia de género. Una de ellas está destinada a mujeres que sí pueden mantenerse en su vivienda habitual, pero que precisan de ayuda económica al perder ingresos por la ruptura con su maltratador. Para este tipo de casos hemos creado estas ayudas específicas para mantenimiento en la propia vivienda, por valor de 150.000 euros, que ya han solicitado 42 mujeres.

Además, la segunda nueva iniciativa ha sido añadir un piso más de acogida con cuatro plazas dedicado específicamente a las mujeres víctimas de violencia que sufren además situaciones de extrema vulnerabilidad.

Como pueden comprobar, estamos aumentando notablemente los recursos que nos encontramos en 2018 para ayudar a la mujer maltratada y sus hijos a la vez que mantenemos las acciones destinadas a sensibilización, educación y prevención.

Además, y esto es algo esencial, el Ayuntamiento de Zaragoza va a materializar el año próximo uno de los empeños de este Gobierno al crear una unidad policial específica contra la violencia de género que participará en el sistema estatal de protección Viogén. Esta es una medida histórica en la lucha contra la violencia de género.

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos ya reclamamos entrar en Viogén estando en la oposición, pero los grupos de la izquierda, entonces en el Gobierno, se negaron. Actualmente, supongo que afortunadamente conscientes de su grave error, solicitan lo mismo. Partido Popular y Ciudadanos, en coherencia con nuestro planteamiento en oposición, incluimos en nuestros respectivos programas electorales la participación de la Policía Local en Viogén, e hicimos lo mismo dentro de los 50 puntos del acuerdo de Gobierno. Ahora materializamos esa promesa.

Ayer mismo firme la carta que hemos remitido a la Delegación del Gobierno solicitando la celebración de la Junta Local de Seguridad que debe iniciar el trámite de incorporación a este sistema de protección nacional a mujeres víctimas de violencia de género.

Y también ayer nos pusimos en contacto con el Ministerio de Interior para solicitar que se acorten en todo lo posible los plazos para que esta nueva unidad de la policía local esté operativa cuanto antes. Nosotros estamos listos y preparados a la espera de la aprobación ministerial.

En 2022 nuestra Policía Local, que ya ayuda de facto en este tipo de situaciones, dará un paso decisivo en esta batalla contra la violencia machista en la que es preciso que todos demos lo mejor de nosotros para erradicarla de nuestra sociedad.

Hay que hacer memoria, es importante: quiero recordarles que Viogén se creó en 2007. Después de catorce años y tres gobiernos de izquierdas que no hicieron nada, será el nuestro, el de Partido Popular y Ciudadanos, el que incorpore por fin a Zaragoza a este programa esencial para proteger a las mujeres de la peor violencia machista.

Por otra parte, hemos ampliado el Plan de Formación de la Casa de la Mujer, un programa esencial para combatir la desigualdad mejorando la empleabilidad femenina. En estos dos años el plan de formación ha crecido en un 48% más de cursos ofertados, hasta los 116, y en un 13% en alumnas, alcanzando la cifra récord de 1.279 plazas.

Sobre Juventud debo resaltar el fuerte impulso que se está proporcionando a las ayudas a la emancipación y al ocio alternativo y la prevención de adicciones. El Plan de Emancipación Joven duplica este año su consignación hasta los 740.000 euros y prevé conceder ayudas al alquiler a unos 500 jóvenes de Zaragoza.

Por su parte, el Programa de Ocio Alternativo Joven diseñado por los servicios municipales prevé captar para este año por su calidad y cantidad más de 627.000 euros de ayudas del Plan Nacional contra las Drogas, lo que supone un incremento del 60% respecto a la dotación obtenida en 2020.

A ello hay que sumar el Plan Z-16, que subvenciona hasta 115 actividades para los jóvenes que cumplen 16 años.

El programa quedó paralizado por la covid hasta el pasado mes de junio y desde entonces son ya 4.422 los jóvenes que se han inscrito en el mismo.

Igualmente importante es la aprobación en 2022 del nuevo Plan de Adicciones, que lleva sin renovar desde 2007 y que va a poner especial hincapié en dos graves problemas para los jóvenes: la ludopatía y las nuevas adicciones en el ámbito digital.

El deporte es cada día más un aspecto crucial para el desarrollo de nuestra juventud y nuestra infancia y el mantenimiento saludable de la población en general. Hemos apostado por incentivar esta actividad desde los más pequeños hasta los más mayores priorizando 4 ejes fundamentales: deporte y salud, digitalización del servicio, inversiones en instalaciones municipales, apuesta por el deporte base y deporte femenino.

En colaboración con la Universidad de Zaragoza se ha creado la nueva app 'Andanda', una app gratuita y de manejo sencillo, que pretende fomentar el ejercicio físico a través de una acción tan cotidiana y saludable como es caminar. Una herramienta destinada a nuestros mayores y al fomento de la actividad física.

También se ha reactivado el programa de ‘Quedadas Activas’ para mayores de 55 años con el objetivo de promover el ejercicio físico y la socialización en este colectivo de forma segura.

Uno de los objetivos prioritarios del mandato, que ya es una realidad, es la digitalización del servicio de instalaciones deportivas con el objetivo de facilitar el acceso a nuestras instalaciones por parte de los usuarios.

Desde esta app y desde la web municipal ya es posible reservar espacios, conocer el aforo real de nuestras piscinas y pagar desde el teléfono móvil las entradas o abonos.

El deporte, además de ser imprescindible para el desarrollo físico y mental de niños y adolescentes, constituye un difusor esencial de conductas educativas, socializadoras y saludables para nuestros jóvenes.

En consonancia con los muchos beneficios que nos reporta, este año hemos ampliado nuestro apoyo presupuestario con un 20% más de recursos para las entidades deportivas de base, con ayudas por valor de 600.000 euros, y un 25% más para el apoyo del deporte escolar, hasta llegar a los 100.000 euros.

Además, nace ‘Deporte para todos’, una nueva línea de subvenciones que responde a la necesidad de cubrir la demanda de aquellos menores, que por razones de carácter social o económico no puedan acceder a la práctica deportiva con normalidad.

Financiamos 13 proyectos, con unos 80.000 euros repartidos en nuestros barrios con la finalidad de fomentar hábitos deportivos y saludables entre la población vulnerable.

Las ayudas al deporte de élite suben también un 14%, hasta los 750.000 euros, con otro 14% extra destinado a los equipos de deporte femenino.

Del mismo modo, en 2022 vamos a continuar renovando el césped artificial de los campos de fútbol municipales, unos de los equipamientos más utilizados por los niños, los jóvenes y las familias de Zaragoza.

En concreto, vamos a destinar 3,7 millones de euros en un leasing para los próximos cinco años para instalar césped artificial en los campos de Movera y Montañana y para renovar los terrenos de juego de las instalaciones de Santa Isabel, La Azucarera, El Rabal, Torrero, Ranillas, Delicias, José Luis Violeta y Nueva Camisera.

En total, se reformarán 11 campos, tres de ellos de fútbol 7. A lo largo de 2021, además, se han invertido 2,7 millones de euros para mejorar las instalaciones deportivas de nuestros barrios.

Durante este año se han inaugurado los vestuarios en los campos municipales de fútbol de Santa Isabel, Fleta y San José; el nuevo espacio de skate en Arcosur, las pistas de tenis de césped artificial en el CDM Gran Vía, la primera instalación de parkour en el Actur o el acondicionamiento del pump track de Parque Goya.

El objetivo es fomentar la práctica deportiva y el ocio saludable en los distritos y barrios rurales, con equipamientos de calidad abiertos a todos los públicos.

El levantamiento de las restricciones sanitarias nos ha permitido retomar los programas de Atención a nuestros Mayores, destinados especialmente al envejecimiento activo y a combatir la soledad no deseada.

A partir de mayo se han reanudado los talleres de apoyo y acompañamiento, con actividades físicas, de respaldo emocional y culturales. A partir de enero, vamos a ofrecer 813 talleres y actividades con casi 16.000 plazas.

De ellas, casi 6.000 plazas corresponden al programa de envejecimiento activo, que se va a regularizar mediante un convenio de 318.000 euros con la Fundación Ozanam. También hemos podido retomar presencialmente el programa “Nos Gusta Hablar”. El programa arrancó hace años en tres centros de mayores -Santa Isabel, Salvador Allende y Terminillo-. En 2019 se amplió a La Almozara y nuestra intención es extenderlo en este mandato a los centros de La Jota, Oliver, Goya y Laín Entralgo.

En la misma línea, a partir de junio hemos reabierto los comedores municipales para personas mayores en los centros de Laín Entralgo, La Jota, Almozara, Delicias, San José y Actur Rey Fernando. En breve lo hará también el de la Casa Amparo.

El servicio de comedor, que mantuvimos durante la pandemia como servicio a domicilio, es una demanda creciente que ayuda muchísimo a crear redes vecinales de apoyo para las personas mayores. Hemos introducido mejoras muy bien acogidas, como la ampliación del servicio en los fines de semana y en festivos.

En 2022 habrá dos novedades: se inaugurará este servicio de comedor en un nuevo barrio, en Torrero, y los comedores de La Jota y el Laín Entralgo prestarán servicio también durante el mes de agosto.

Zaragoza tiene dos deudas pendientes desde hace mucho con los equipamientos para nuestros mayores: los distritos de Universidad y Casco Histórico carecen de centros de convivencia específicos para ellos. Ha llegado el momento de saldar esa deuda.

El año próximo comenzaremos el proyecto para instalar el centro de mayores de Universidad en una zona de las dependencias municipales del antiguo cuartel Palafox, al lado del actual centro cívico.

Una vez más, hay que hacer memoria: fue el año 2006, con un gobierno del PSOE, cuando se anunció el proyecto para hacer un nuevo centro de mayores en Universidad. De eso hace 15 años y será ahora cuando lo convirtamos en una realidad.

Por lo que respecta al distrito del Casco Histórico, como ya hemos señalado en varias ocasiones, el antiguo instituto Luis Buñuel es el lugar adecuado para ubicar tanto el centro cívico como el centro de convivencia de mayores del distrito.

Y así lo haremos en cuanto la Justicia declare en sentencia firme la nulidad del convenio de cesión, absolutamente irregular, que firmó Zaragoza en Común para entregar el edificio a una asociación afín.

En cuanto el Tribunal Supremo se pronuncie, haremos cumplir la ley y el Luis Buñuel será lo que debe ser: un equipamiento público al servicio de todos los vecinos del Casco Histórico.

En Educación destaca el cumplimiento de otra promesa electoral que viene a acabar con una injusticia: la implantación del programa de ayudas para que los alumnos en situación o riesgo de exclusión social de centros escolares concertados puedan acceder a actividades extraescolares. Digo injusticia porque el ayuntamiento de Zaragoza lleva mucho tiempo excluyendo a la concertada en sus programas de financiación de las actividades extraescolares para la escuela pública.

Sin duda, un gran acierto de programa, que supone una inversión de 1,4 millones anuales, pero que discrimina gravemente a los alumnos más vulnerables de la escuela concertada, que se quedaban fuera.

Por ese motivo hemos destinado 570.000 euros a una línea de ayudas para extraescolares a esos alumnos excluidos de las ayudas.

En concreto alumnos de familias que, si son de dos personas, tengan ingresos que no superen dos veces el valor del Iprem, es decir, 1.300 euros mensuales, o 2,5 veces si son familias formadas por tres personas o tres veces el iprem si son más de tres personas.

Al cierre de la presentación de solicitudes, ha habido 1.670 peticiones de estas ayudas, que pueden ir de 150 a 500 euros, lo que supone agotar la partida prevista.

Sin embargo, a día de hoy no sabemos si podremos conceder esas ayudas porque los grupos de la izquierda, sorprendentemente, han decidido judicializar un programa destinado a una parte de los escolares de Zaragoza menos favorecidos y que están discriminados respecto a escolares en la misma situación de la escuela pública.

Es evidente que detrás de esos recursos judiciales está un objetivo profundamente erróneo de enfrentar la escuela pública con la concertada.

La escuela concertada presenta una realidad mucho más plural del estereotipo que difunde la izquierda y atiende a un alumnado tan diverso como los centros gestionados por la administración pública. Animo a los concejales de PSOE, ZEC y Podemos a ver esa realidad con sus propios ojos.

A visitar los colegios concertados que prestan servicio en los barrios de Zaragoza, algunos con presencia preponderante de población inmigrante y en situación de riesgo de exclusión social.

Y luego expliquen a esas miles de familias que han pedido al ayuntamiento ayudas para que sus hijos puedan tener actividades extraescolares, familias de condición muy humilde, que ustedes, la izquierda, no quieren que las tengan por la única razón de que han elegido un colegio concertado para que sus hijos accedan al sistema público de enseñanza.

Por nuestra parte, tengan la certeza de que vamos a seguir trabajando por la igualdad de oportunidades de todas las familias de la ciudad, independientemente del modelo escolar que prefieran para sus hijos dentro del sistema educativo sostenido con fondos públicos, que incluye tanto a los centros públicos como a los concertados.

Cierro este gran apartado dedicado a la Acción Social con el anuncio de una nueva medida de gran alcance para las familias de Zaragoza que dará cumplimiento a uno de los puntos centrales del acuerdo de Gobierno firmado por el Partido Popular y Ciudadanos.

El próximo año se pondrá en marcha un Cheque Familia, destinado a que los padres y madres de la ciudad puedan disponer de recursos suficientes para conciliar y proporcionar cuidados y atención a sus hijos en las edades más tempranas.

En concreto, este cheque familia irá destinado a financiar la factura de escolarización y guardería de los niños de entre 0 y 3 años, con ayudas anuales de 350, 500 y 700 euros anuales por hijo según sea la renta familiar, lo que representa una ayuda de entre el 18 y el 35% del coste medio de los centros infantiles de pago.

El año próximo comenzaremos este programa con los niños nacidos en 2021 y que estén escolarizados en 2022 para ir implementándolo progresivamente en años sucesivos hasta los tres primeros años de vida.

La escolarización de los niños es uno de los principales costes para las familias, lo que se une a la insuficiencia de las plazas públicas para atender toda la demanda de 0 a 3 años. En concreto, la oferta pública no llega a absorber el 35% de los niños escolarizados de 0 a 3 años.

El objetivo de este cheque familia es precisamente ayudar a quienes no tienen acceso a esas plazas públicas a costear con más facilidad los centros de educación infantil que complementan en muchas zonas de Zaragoza la oferta educativa y facilitarles la conciliación.

Considero esencial que las administraciones públicas colaboremos decisivamente en el apoyo a las familias e impulsemos medidas de conciliación que ayuden a mejorar el índice de natalidad de nuestro país, el segundo más bajo de Europa, sólo por delante de Malta, lo que se ha convertido en un problema estructural que no deja de crecer desde finales de los años setenta.

Ese invierno demográfico nos afecta gravemente con repercusiones muy perjudiciales en nuestro sistema socioeconómico, hasta el punto de poner en jaque pilares básicos como las pensiones de jubilación.

Zaragoza no es una excepción. Sufrimos igualmente este problema de caída de la natalidad y envejecimiento poblacional.

En 1982, en nuestra ciudad se registraban 6.639 nacimientos por 4.095 defunciones. Ese año había 2.544 nacidos más que personas muertas. El año pasado las cifras eran claramente inversas: 4.706 nacidos por 7.665 fallecidos. Los muertos superaron en 2.959 personas a los nacidos. Es cierto que fue el año del covid, pero hace ya mucho que las cifras presentan esa tendencia negativa de menos alumbramientos y más decesos. En 2019 ya fueron 5.145 nacimientos por 6.363 muertes. 1.218 fallecidos más que nacidos.

Por eso es fundamental que desde las administraciones hagamos lo posible por incentivar la natalidad con ayudas de conciliación e intentar revertir una situación que acarrea serios riesgos a nuestra sociedad.

Medidas de ayuda y fomento que, al igual que las políticas sociales y las inversiones en servicios e infraestructuras, únicamente son posibles sin hipotecar el futuro de las próximas generaciones en la medida que las instituciones públicas tengan unas cuentas saneadas y se gestionen desde el sentido común y con criterios presupuestarios sensatos y razonables.

En ese sentido, pero muy al contrario, el actual Gobierno se encontró con un Ayuntamiento en una situación financiera deplorable.

En junio de 2019, fecha de la toma de posesión, la deuda municipal era de 830 millones de euros, con un coeficiente de endeudamiento del 116% sobre los ingresos.

La rigurosa gestión del Área de Hacienda ha hecho que esa cifra, causada en su inmensa mayoría por la mala gestión de los 12 años de gobiernos socialistas anteriores a 2015, disminuya en 145 millones para situarse actualmente en 685 gracias al plan de amortización, la negociación para rebajar la deuda imputable del tranvía y la refinanciación de Zaragoza Alta Velocidad.

A pesar de encontrarnos al inicio del mandato un agujero oculto de 103 millones de euros en pagos pendientes del anterior gobierno, que ya ha sido absorbido en más del 80%, a pesar de haber tenido que asumir en la contabilidad municipal la deuda de la sociedad Zaragoza Vivienda, y a pesar de afrontar veinte meses de gastos extraordinarios por la pandemia, hemos conseguido reducir la deuda del Ayuntamiento un 17,4% gestionando mejor. Y no sólo eso.

Esa reducción de la deuda la hemos hecho aumentado la inversión y rebajando al mismo tiempo la presión fiscal de manera generalizada; no todo lo que nos hubiera gustado por culpa de la crisis, pero sí todo lo que hemos podido en estas circunstancias.

Hemos vuelto a demostrar con hechos que la bajada de la presión fiscal es la mejor política posible.

Ayuda directamente a las familias y a las empresas dotándolas de más recursos para comprar e invertir, colaborando al incremento de la actividad económica, lo que termina generando no sólo más empleo y riqueza, sino también más ingresos públicos y, por lo tanto, unas cuentas municipales más saneadas con las que afrontar mayores gastos para políticas sociales, servicios públicos e infraestructuras y equipamientos.

Es un círculo virtuoso perfectamente tangible a la vista de los resultados durante estos dos años de mandato y que vamos a seguir practicando progresivamente en lo que resta del mismo.

De hecho, es importante recordar que hemos conseguido que Zaragoza sea, de las cinco grandes ciudades de España, la que menos presión fiscal tiene.

A la hora de pagar los cinco principales impuestos: el IBI, el IAE, el de vehículos, el de Construcciones y el impuesto por la plusvalía, Zaragoza es la gran ciudad más barata en pago por habitante con una media de 341 euros.

En Sevilla se pagan 31 euros más por habitante, en Valencia 44, en Barcelona 187 y en Madrid 200.

Nuestro compromiso con la rebaja de la presión fiscal ha sido un eje central desde el primer día de gobierno.

La bajamos en nuestras primeras ordenanzas, las de 2020, con un descenso global del IBI del 0,34 de media, con especial incidencia para las familias numerosas, y con rebajas en el ICIO y el IAE para emprendedores y el comercio minorista, la congelación general de tarifas de agua y basuras y el aumento de bonificaciones en el impuesto de plusvalía mortis causa.

En las de 2021 aplicamos otro descenso global del IBI de un 0,74 y una serie de incentivos fiscales de carácter medioambiental para impulsar el uso de energías renovables y la mejora climática de los edificios.

En las ordenanzas de 2022 vamos a redoblar la apuesta.

El próximo año seguimos bajando el tipo del IBI otro 1,85%, lo que supondrá más de un millón y medio de euros de ahorro a los contribuyentes en general, y aumentamos también la aplicación de los incentivos por implantar energías renovables.

Pero además, el año próximo vamos a dar un salto cualitativo con la implantación del primer Plan Fiscal de Atracción de Inversiones que se ha programado en una gran ciudad española.

Porque cuando hablamos de bajar impuestos hablamos de una cuestión fundamental no sólo para mejorar la capacidad de gasto e inversión de familias, autónomos y empresas sino también para que Zaragoza pueda tener éxito en el campo cada vez más competitivo y decisivo de la atracción de proyectos e inversiones.

Este plan bonificará a empresas de al menos 10 empleados que sean de nueva implantación en la ciudad o que amplíen su actividad incrementando trabajadores con contrato indefinido.

Cada proyecto empresarial que sea declarado de utilidad pública podrá optar a una bonificación de hasta el 95% en el ICIO y durante cinco años en el IBI, y el IAE.

El porcentaje de reducción se incrementa progresivamente en función del volumen inversor y los empleos que se generen de acuerdo a una serie de tramos.

En el caso de que las nuevas empresas se instalen en suelo público se aplicará la máxima bonificación permitida en cada uno de los tramos, lo que incentivará además la venta de suelo municipal para mejorar los ingresos del ayuntamiento.

Les pongo un ejemplo:

Una empresa que decida implantarse en Zaragoza, que cree 20 empleos en una parcela de propiedad particular, construyendo unas instalaciones de 1.000 metros cuadrados con un presupuesto de ejecución de poco más de un millón de euros pagaría ahora más de 54.279 euros. Con el nuevo Plan Fiscal de Atracción de Inversiones pasará a pagar 31.481. Un ahorro de 22.797 euros. Un estímulo más que interesante para decantarse por venir a nuestra ciudad en vez de elegir otro destino.

La captación de empresas es un objetivo prioritario para generar empleo y construir una Zaragoza que esté entre las primeras ciudades de España en calidad de vida.

En este sentido, hay que recordar proyectos extraordinarios que hemos sido capaces de captar, como el hospital de Quirón o la fábrica de Becton Dickinson, cuyas obras comenzarán este 16 de noviembre con la colocación de la primera piedra.

También la próxima llegada de empresas para el aprovechamiento industrial de la ampliación de Mercazaragoza.

Son tres actuaciones que suman inversiones por valor superior a 350 millones y que van a crear más de 1.500 puestos de trabajo estables.

Sí, seguimos bajando los impuestos porque queremos que Zaragoza siga creciendo. Queremos que las empresas se instalen en Zaragoza para crear riqueza y empleo. Por eso les ponemos alfombra roja, les damos todo tipo de facilidades con los suelos, los trámites y las disposiciones fiscales.

Otras administraciones prefieren subir los impuestos a los autónomos y a las empresas. Otras administraciones están planteando restar competitividad cobrando por las autovías o subiendo el precio de los carburantes. Otras administraciones plantean subir impuestos en todas las comunidades planteando armonizaciones al alza para que todos paguemos más.

Este Gobierno municipal defiende una política diametralmente opuesta en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Aquí bajamos los impuestos a las familias y a las empresas, bajamos el IBI y la plusvalía, ayudamos a las familias numerosas y ayudamos a quienes quieren crear empleo.

Porque lo último que se necesita en tiempos de crisis es un aumento de impuestos, que es lo que por desgracia se ha decidido desde el Gobierno de España, el único país de la Unión Europea que ha optado por ese camino equivocado y que, como ya he señalado al principio, sólo sirve para situarnos en el vagón de cola de la recuperación económica.

Nosotros hemos optado por reducir impuestos y, además, por impulsar todo tipo de ayudas fiscales y de dinamización para los sectores más castigados por el covid, como son los autónomos, la hostelería, la restauración, el turismo, la cultura, el ocio nocturno o el taxi.

Sobre ellos ha recaído el mayor sacrificio que conllevan las medidas sanitarias anticovid y es de justicia que les ayudemos lo máximo posible.

Con esa finalidad se han tomado importantes medidas desde las consejerías de Hacienda y Economía que en dos años suman más de 30 millones de euros en deducciones fiscales, ayudas y estímulos de todo tipo.

En 2020 atrasamos y condonamos a estos sectores impuestos por valor de 4 millones. Sólo al suprimir la tasa de veladores, el ayuntamiento dejó de recaudar 1,2 millones.

Ese esfuerzo se ha redoblado en 2021 con un Plan de Rescate Fiscal para esos sectores por valor de 5,4 millones de euros con reducciones del 30% en el IBI y el 50% en la tasa de veladores.

Dentro de esas ayudas, ha sido un éxito el programa de microcréditos a interés cero, con el que inyectamos en tiempo récord diez millones de euros de liquidez a los autónomos y al pequeño comercio de la ciudad.

Microcréditos a los que hemos aplicado 18 meses como plazo de carencia, por lo que no habrá que empezar a devolverlos hasta mayo de 2022.

Además, hemos destinado en los dos ejercicios casi 4,5 millones en ayudas a mercados, emprendedores y comercio local, poniendo especial énfasis en financiar proyectos de innovación, digitalización y promoción; también de economía circular, calidad del aire, inserción laboral y la oficina de segunda oportunidad y asesoramiento para autónomos.

Mención especial merece el programa de fomento del consumo y dinamización del pequeño comercio 'Volveremos', que se ha convertido en un éxito sin precedentes a la hora de movilizar compras en nuestro comercio local gracias a la bonificación de los desembolsos realizados por los ciudadanos con cantidades que se reutilizan en los establecimientos adheridos. En 2020 destinamos 1.250.000 euros a la campaña y en el ejercicio actual serán casi 5 millones.

Lo más importante es que esos casi seis millones de euros que ha aportado el ayuntamiento para bonificar compras se multiplican hasta por siete en las transacciones generadas en los comercios, la hostelería y los servicios adheridos que participan en Volveremos.

Es decir, que esos seis millones en bonificaciones que aportamos con el programa Volveremos supondrán al final más de 40 millones de euros en ventas para nuestro pequeño comercio y la hostelería.

En estos tiempos de crisis no ha habido una medida de mayor éxito para respaldar la actividad de nuestros comerciantes y autónomos, al mismo tiempo que ayudamos a las familias a aumentar su capacidad de gasto.

Nuestra voluntad es mantener este programa de incentivo al consumo en el pequeño comercio hasta final del mandato, porque se ha convertido en una pieza clave para dinamizar una parte esencial de nuestro tejido socioeconómico que ya estaba en crisis antes de la llegada de la pandemia.

Además, la consejería de Economía, Innovación y Empleo está ultimando el Plan Local de Comercio y Hostelería en colaboración con la Cámara de Comercio, que incidirá especialmente en el realce y dignificación de los mercados al aire libre y en el desarrollo de una docena de galerías urbanas comerciales.

De estas últimas, están en redacción los proyectos para embellecimiento urbano, creación de identidad y mejora de ajardinamientos de los dos planes piloto, el del Casco Histórico y el de la calle Delicias.

Quiero destacar también el excelente trabajo que se ha hecho de la mano del colegio de ingenieros industriales y el profesor José Luis Jiménez para estudiar mecanismos de medición de la calidad del aire como una herramienta indispensable contra el Covid-19.

A pesar de cierta incomprensión inicial, ahora Zaragoza recibe elogios por haber sido pionera en este campo de la calidad del aire en locales comerciales y hosteleros, en transporte y en colegios.

He dedicado esta primera parte de mi intervención a explicar todas aquellas medidas que hemos ejecutado, y vamos a seguir desarrollando, desde la planificación que sitúa a las personas y sus necesidades más acuciantes en el corazón de la acción política.

Me centraré a partir de ahora en las iniciativas que hemos adoptado para superar la parálisis a la que nos habían llevado las políticas y los líos de la izquierda, sobre todo en los dos mandatos anteriores al actual.

A pesar de la incidencia del covid, hemos puesto especial empeño en reactivar la ciudad a través de un ambicioso plan de regeneración urbana y en fomentar el desarrollo de nuestros barrios, con el cuidado y la dignificación de sus calles, desde el impulso al respeto medioambiental y la mejora en el ámbito fundamental de la vivienda.

Ahora, aun con las incertidumbres económicas y presupuestarias que he señalado, es el momento de intensificar estas políticas con el objetivo de ofrecer a nuestros vecinos una Zaragoza que funcione mejor. Una Zaragoza que dé respuestas a sus problemas reales y ofrezca mayor calidad de vida.

En ese objetivo nos hemos volcado sobre todo desde las áreas de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos desatascando proyectos históricos, que fueron anunciados en su día por gobiernos anteriores y que es ahora cuando se desbloquean, avanzan y se convierten en realidad.

La consejería de Urbanismo y Equipamientos es un claro exponente de ese cambio al revertir con una gran actividad el estado de práctica inanición en que había caído la ciudad como consecuencia de una visión errónea del anterior equipo de Gobierno sobre la importancia de la inversión privada y su repercusión insustituible en el desarrollo y el progreso de la ciudad.

La colaboración público-privada, siempre necesaria, es en estos momentos determinante para superar la crisis y avanzar cuanto antes en la recuperación.

Fruto de esa intensa actividad de la consejería se han desatascado proyectos del calado de la urbanización de la factoría Averly, Torre Outlet, las viviendas y la ampliación del parque Pignatelli, el cuartel de Pontoneros, el parking y la plaza del Parque Bruil, la urbanización de dos parcelas del barrio del AVE, el soterramiento de la línea de alta tensión en Parque Venecia, la adquisición mediante permuta de la harinera de Casetas, cuyo plan director vamos a licitar en breve, la limpieza y acondicionamiento de la antigua fábrica de Giesa, el avance ordenado en el desarrollo de Arcosur, la prolongación del corredor verde desde Montecanal a Valdespartera o la reforma de las riberas del Canal Imperial que quedaron sin ejecutar en 2008.

A ello hay que añadir las obras de conservación y mejora en los colegios públicos de la ciudad, que el anterior Gobierno no fue capaz de llevar a cabo. En dos años hemos invertido más de 4 millones en 59 centros públicos.

Colegios a los que también hemos destinado otros 1,6 millones en refuerzo de limpieza por las necesidades derivadas del covid-19. Además, el próximo año se llevarán a cabo las obras de la Escuela Infantil municipal de Parque Venecia, con una inversión de 3,5 millones.

En cuanto a grandes proyectos, es importantísimo el desbloqueo de la ampliación de Tenor Fleta, una actuación de ciudad para conectar uno de sus viarios principales con el Tercer Cinturón.

Las obras, por valor superior a tres millones, encaran su recta final a falta de que el ADIF concluya su parte. La previsión es poder abrir al tráfico este nuevo vial en el primer trimestre de 2022.

También aquí es relevante hacer memoria: en 2009 se lanzó el contrato para redactar el proyecto. Han tenido que pasar 11 años desde aquello para que sea este Gobierno quien ejecute la obra después de continuas promesas incumplidas.

En breve se aprobará el Plan especial para la zona de Pignatelli-Zamoray, donde después de décadas de abandono llevamos dos años actuando con medidas urbanísticas, sociales y policiales.

En este tipo de cuestiones, está resultando muy satisfactorio el convenio con el Colegio de Abogados para la asesoría jurídica gratuita a los vecinos y comunidades de propietarios afectados por la ocupación.

Desde su puesta en marcha, en 10 meses se han atendido 173 casos, sobre todo en Casco Histórico, Delicias, Torrero, San José y Las Fuentes. Otros han mirado hacia otro lado con este tipo de cuestiones o incluso las han alentado irresponsablemente.

Nosotros estamos y estaremos siempre trabajando para intentar resolverlas o, por lo menos, aminorarlas.

Remarco otros cuatro proyectos urbanísticos vitales para la ciudad:

Uno, la ampliación de Mercazaragoza en 95.000 metros cuadrados junto a la terminal marítima. Las obras, que supondrán cerca de tres millones de euros, está previsto que finalicen en diciembre, para que en 2022 empiecen a instalarse las empresas que se adjudiquen las parcelas que ya han salido a concurso.

Hablamos de una actuación clave para el desarrollo de nuestra vocación logística, que por fin ve la luz seis años después de haber sido anunciada y que incluye la ampliación de la Terminal Marítima para mantener a Zaragoza como la capital agroalimentaria del valle del Ebro.

Sigamos haciendo memoria: Fue en 2015 cuando se anunció a bombo y platillo esta ampliación y después han pasado años sin mover un papel. Este Gobierno la ha hecho realidad en sólo dos ejercicios.

Dos, la reforma de la plaza Salamero.

Estamos haciendo del inesperado hundimiento del parking una oportunidad para mejorar y actualizar uno de los espacios urbanos más significativos de la ciudad con la implicación activa de vecinos y comerciantes afectados.

Culminadas las obras de reconstrucción de la parte dañada del parking, se ha acometido un novedoso proceso participativo para mejorar el proyecto y darles a los vecinos una nueva plaza acorde a sus necesidades y a los parámetros del urbanismo moderno.

Tres, la inversión de 120 millones y el impulso laboral que va a suponer la construcción de un nuevo hospital en la ciudad.

Una operación que modernizará y aumentará nuestro sistema hospitalario en un momento especialmente necesario y que deja en las arcas municipales 16,2 millones de euros absolutamente necesarios.

16,2 millones de euros que podrían haber ido a manos de cualquier promotor privado y que gracias a la enajenación de suelo público aumentan los recursos disponibles para todos los zaragozanos en un momento de muchas necesidades.

Y cuatro, la llegada de Becton Dickinson al polígono Empresarium.

Una operación que aporta otros 3,1 millones a las arcas municipales y que prevé una inversión inicial de 206 millones y que puede llegar hasta los 500 en los próximos diez años.

Sólo estas tres últimas actuaciones de desarrollo industrial -nuevo hospital de Quirón, Becton Dickinson y ampliación de Mercazaragoza-, en las que ha sido decisiva la implicación municipal para hacerlas realidad, suman una inversión inmediata de más de 350 millones de euros, que con seguridad llegará a ser más del doble durante la próxima década.

Inversiones privadas con apoyo público que desarrollarán a lo largo de esa década miles de puestos de trabajo, muchos de ellos de alta capacitación.

Es la muestra evidente de la importancia radical de que lo público y lo privado colaboren estrechamente para multiplicar los beneficios al conjunto de la sociedad. Son elementos complementarios que se necesitan mutuamente y es absurdo el empeño que ha demostrado en este ayuntamiento la izquierda en demonizar la inversión privada y la colaboración público-privada. El resultado de ese error fue una paralización de la ciudad a la que ahora este Gobierno le ha dado la vuelta en tiempo récord.

Acabo el extenso repaso del Área de Urbanismo con dos ejemplos más de la importancia de la colaboración público-privada.

Gracias a este modelo, la ciudad contará en breve con dos nuevas instalaciones deportivas que llevaban años siendo reclamadas por los vecinos: el CDM Mudéjar y las piscinas de La Almozara.

El CDM Mudéjar será una realidad gracias al convenio firmado con el centro deportivo privado El Olivar, que gestionará durante diez años unas instalaciones que pasaron a propiedad municipal hace más de una década para luego ser abandonadas a su suerte por los anteriores gobiernos municipales.

Ahora, con este convenio, esas instalaciones se van a reformar con una inversión de 1,8 millones por parte de El Olivar y una aportación de casi medio millón anual por parte del Ayuntamiento.

De esta forma, ponemos al servicio de la ciudad un centro de casi 40.000 metros cuadrados que había quedado completamente obsoleto y podremos darle al fútbol femenino por fin el espacio deportivo del nivel que se merece.

En el caso de las piscinas de La Almozara, los vecinos del barrio verán hecha realidad en el verano de 2024 una de sus grandes reivindicaciones históricas.

La Almozara va a contar con unas instalaciones públicas avanzadísimas, con piscina cubierta y otras tres exteriores, gracias a un proyecto de cesión de suelo municipal para que sea la iniciativa privada la que construya y gestione el centro durante 40 años mediante una inversión de más de 15 millones de euros.

Insisto en la importancia de hacer memoria:

En el caso del CDM Mudéjar, el Ayuntamiento lleva desde 2007 dejando en el olvido y el abandono esas instalaciones a las que ahora, catorce años después, hemos dado una solución para que presten servicio a los vecinos.

Respecto a las piscinas de La Almozara, fueron anunciadas en 2011. Es más, se dijo que el agua de la piscina cubierta se calentaría con los servidores informáticos de un centro de documentación que también se iba a construir en el barrio.

Diez años después, el único proyecto conocido que va a hacer realidad esa promesa es el que acaba de poner en marcha este Gobierno. Como se puede comprobar, hablamos de una actividad urbanística frenética después de un gran parón tras la crisis de 2009.

Igualmente intensa está siendo la actividad desarrollada desde la consejería de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en ese plan de renovación de nuestra escena urbana que no tiene precedentes desde las grandes obras de la Expo.

Entre las renovaciones ordinarias del viario, operación asfalto y operación aceras, hemos invertido en dos años más de 20 millones para renovar y reformar las calles de nuestros barrios.

Con la Operación Aceras y en obras de accesibilidad hemos duplicado el presupuesto de la partida anual que nos encontramos para mantenimiento viario hasta llegar a los 5.400.000 euros y nuestra intención es seguir aumentándolo.

Por lo que respecta a la Operación Asfalto, desde junio de 2019 se han invertido 4,1 millones en 200 calles de toda la ciudad. Pero no es suficiente.

En 2022 vamos a multiplicar el esfuerzo con la mayor Operación Asfalto de la historia, que invertirá 4 millones en mejorar las calzadas de la ciudad.

Por contextualizar la cifra, en los cuatro años de la pasada legislatura se destinaron 3,2 millones a la renovación del asfalto. Nosotros en tres años ya sumamos más de ocho millones y acabaremos el mandato superando los 11 millones de inversión.

A pesar de los recursos limitados, hemos revertido la situación de abandono de nuestras calles que nos encontramos.

En actuaciones ordinarias de renovación viaria ya hemos ejecutado: la reforma de la Plaza Santa Engracia, con el memorial a las víctimas del covid, la eliminación de curvas en el camino de la Fuente la Junquera, el cambio a alumbrado LED en los parques Grande, Torre Ramona, Aljafería, de Oriente, Vadorrey y Castillo Palomar, también en las plazas San Francisco y Europa y en 15 calles repartidas por toda la ciudad. La renovación de la tubería arterial en Avenida Navarra y calle Rioja, la calle Santiago Lapuente, que se ha estrenado esta misma semana, la plaza José Lasheras de Casetas, el camino de Pinseque en la Venta del Olivar y las obras de peatonalización en La Cartuja.

Además, hemos comenzado los trabajos en la calle Predicadores y están a punto de iniciarse los trabajos en Osa Mayor y en el camino del Alfaz, en Valdeconsejo.

A principios de 2022 comenzarán en la calle Salitrería de Alfocea y la calle Campamento y el cubrimiento de la acequia de Juslibol. Pero no nos conformamos ni mucho menos con eso.

Tal y como anuncié el año pasado, vamos a proporcionar un nuevo impulso a la renovación y mejora de nuestra escena urbana con una Operación Calles extraordinaria sin precedentes en la ciudad.

Una Operación, desarrollada mediante convenio con la Sociedad Municipal Ecociudad, que está cumpliendo los plazos previstos y que supondrá una inversión extra de 11,4 millones.

Con los proyectos ya redactados y en licitación, las obras de reforma integral de la fase uno de Avenida de Navarra y de las calles Reina Fabiola, Cuarte, San Miguel y Félix Latassa comenzarán en marzo de 2022. Las de las calles Ricla y Sixto Celorrio lo harán en mayo.

Como he comentado, estas obras suponen un enorme avance urbano desde 2008, pero las necesidades de la ciudad son muchas después de tantos años sin reformas integrales de calles.

Por lo tanto nuestro Gobierno, pensando ya en la planificación del próximo mandato, va a lanzar en 2022 una segunda Operación Calles acompañada de una Operación Avenidas y una Operación Plazas que complementen esta actuación global de renovación y embellecimiento de nuestro paisaje urbano.

Dentro de la segunda Operación Calles, con una inversión previsible entre 3 y 4 millones, vamos a incluir las calles Manifestación, López Saz, Ramón Celma, Belchite y, en cuanto resuelva el jurado provincial de expropiación, también la calle Hayedo. Estos viales podrán estar finalizados a lo largo de 2023.

Además, entrarán en ese plan, con la finalidad de tener los proyectos preparados para hacer las obras a partir de junio de 2023, las calles Concepción Arenal, Pilar Lorengar y Gil Morlanes. En total, otras nueve calles de nuestros barrios que serán actualizadas íntegramente.

A ello se une la Operación Avenidas, con tres intervenciones que suman casi 11 millones de euros en grandes viales de Zaragoza: la avenida de Cataluña, la segunda fase de la avenida de Navarra y la avenida de Valencia.

Mañana mismo aprobaremos en Gobierno la salida a información pública del proyecto de reforma integral de la Avenida de Cataluña. Con este paso, a finales del próximo año empezarán las obras entre Ronda de la Hispanidad y la línea de ferrocarril. Respecto a la segunda fase de la Avenida de Navarra y a la Avenida de Valencia, a lo largo del próximo año se va a redactar los proyectos para poder iniciar obras en 2023.

También en estos tres asuntos es el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos el que va a convertir en hechos las promesas lanzadas e incumplidas durante mucho tiempo por otros.

Hagamos también aquí un ejercicio de memoria:

La reforma de la Avenida de Navarra se incluyó en el convenio del barrio del AVE en 2003. Dieciocho años después es ahora cuando vamos a ver comenzar las obras. La Avenida de Valencia es una vieja promesa que se lanzó en 2009. Han pasado 12 años y seremos nosotros quienes la hagamos realidad. Y la avenida Cataluña es otra vieja reivindicación. El Estado anunció su cesión en 2011. Han pasado diez años para que ahora empecemos el proyecto de reforma de verdad.

Por su parte, la Operación Plazas, que se hará en coordinación entre Infraestructuras y Parques y Jardines, completará este programa de renovación urbana con actuaciones de mejora y embellecimiento en estos espacios de la ciudad que son especialmente utilizados por nuestros vecinos y que también representan en muchos casos un escaparate de la ciudad para nuestros visitantes.

Esta Operación empezará el próximo año interviniendo en la plaza Reina Sofía de San José y en la plaza de Santa Cruz. Las plazas de San Pedro Nolasco, La Albada, Lolita Parra, Esperanto y La Madalena entrarán también en esta Operación.

En materia de Vivienda, debemos resaltar la actividad ingente y extremadamente eficaz que está llevando a cabo la sociedad municipal Zaragoza Vivienda en una de las políticas urbanas decisivas para construir una ciudad avanzada.

Nada más comenzar el mandato se culminó la puesta en marcha de las viviendas de alquiler social de la antigua Imprenta Blasco, un proyecto de rehabilitación que venía de la legislatura anterior y que acoge a 26 familias en un iniciativa brillante para la revitalización del Casco Histórico.

Igualmente, desatascamos un gran proyecto constructivo como el edificio de Fray Luis Urbano, en Las Fuentes, cuyas obras van a dotar a Zaragoza el próximo año de 80 nuevas viviendas de alquiler social, en este caso tuteladas.

Hay que hacer memoria también con el edificio de Fray Luis Urbano: El primer proyecto de ejecución de las viviendas tuteladas es del año 2008, cuando se adjudicó el contrato. Han tenido que pasar 13 años para nuestro Gobierno desbloquee esta actuación y la lleve a buen término.

La construcción de vivienda para alquiler social va a dar otro salto importante en 2022 con la finalización de 36 viviendas en La Jota y 20 más en Torrero.

En total, el próximo año, con una inversión de 18,2 millones, ponemos en activo 136 viviendas para personas y familias con ingresos limitados, especialmente jóvenes y mayores. Estas 136 viviendas sociales son, junto a las 26 de la Imprenta Blasco, las primeras que se ponen en marcha en Zaragoza desde 2008.

Hay que destacar el especial desempeño que hace este Ayuntamiento en esta materia clave para dar soluciones a una necesidad básica para las familias más humildes.

Zaragoza Vivienda gestiona 2.605 viviendas sociales y ofrece cada año 1,6 millones en ayudas para pagar el alquiler. Por poner en contexto ese esfuerzo, el Gobierno de Aragón gestiona 281 viviendas, de las cuales 107 están cedidas por Zaragoza Vivienda vía convenio.

Además, en colaboración con el Área de Urbanismo y la Universidad de Zaragoza, hemos conseguido hacer realidad la recuperación del cuartel de Pontoneros para convertirlo en 2023 en una moderna residencia de estudiantes universitarios.

Un proyecto de 26 millones de euros que empieza este año sus obras para poner en valor un patrimonio arquitectónico esencial para revitalizar una de las zonas degradadas de la ciudad.

Este es un caso especial para hacer memoria:

Pontoneros es uno de los proyectos que acumula más años de anuncios fallidos. En concreto desde 1985, cuando se culminó la Operación Cuarteles, los diferentes gobiernos han dicho mucho pero han hecho muy poco. Es nuestro gobierno el que por fin ahora lo va a sacar adelante definitivamente en otra muestra ejemplar de para qué sirve la colaboración público-privada.

Pero es que, además, Zaragoza Vivienda se ha dado un salto de gigante en el apartado de la rehabilitación.

En 2020 lanzamos un Plan Extraordinario de Rehabilitación con una cifra récord de aportación municipal de 6,8 millones de euros que tuvo una recepción espectacular.

Nunca nadie en un año había invertido en Zaragoza tanto en rehabilitación.

Esos 6,8 millones movilizaron un total de 18,6, beneficiando a 2.800 personas y creando cerca de 350 puestos de trabajo. Tampoco nos hemos dado por satisfechos en este asunto, especialmente importante para una ciudad, su sostenibilidad ambiental y su tejido económico. En este año hemos vuelto a batir récord inversor con 7,1 millones para este plan de rehabilitación.

En total, prevemos desarrollar un plan de rehabilitación cuatrienal, con 29,5 millones de inversión pública para movilizar una inversión total de 80,5 millones, rehabilitando casi 9.000 viviendas, creando 1.500 empleos y reduciendo un total de 23.000 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera.

Es un plan de rehabilitación histórico. Con mucha diferencia, la mayor aportación municipal que ha habido nunca para renovar el parque de vivienda privado.

A este esfuerzo sobresaliente hay que sumar otras dos iniciativas:

Los 8,8 millones que destinamos a rehabilitar 361 viviendas públicas de alquiler social de la propia Zaragoza Vivienda en las calles Pankhurst, Maestro Tellería, Cerezo, Armas y Zamoray. Y Balsas Positivo, el plan piloto de rehabilitación integral de grandes zonas urbanas que vamos a desarrollar en el grupo sindical del Arrabal.

Es un plan de una enorme ambición, para actuar en todo un barrio de 1.530 viviendas anticuadas que necesitan importantes actuaciones de mejora. Hablamos de una inversión superior a los 82 millones de euros que dependerá de fondos europeos y que nace con vocación de ser replicado en otras zonas similares de Zaragoza.

Servicios Públicos y Movilidad es otra consejería que está impulsando iniciativas decisivas para la mejora de Zaragoza.

Por un lado, está el cuidado de nuestros parques y zonas verdes. Les recuerdo en este sentido el plan de poda extraordinario y el programa de alcorques vacíos.

Hemos llevado a cabo más de 30.000 actuaciones en labores de poda y tala de los ejemplares con mayor riesgo, lo que en Zaragoza evitó el desastre que ocurrió en otras ciudades con la tormenta Filomena.

Les doy un dato más que ilustrativo de lo acertado que ha sido este plan especial para cuidar nuestro arbolado. También en esto es crucial la memoria reciente:

En 2018, los bomberos de Zaragoza tuvieron que atender 675 intervenciones urgentes por caída de árboles o grandes ramas. El año pasado esa cifra se redujo a 271 intervenciones, un 60% menos.

Por lo que respecta al programa de alcorques, acabaremos el mandato superando los 7.000 árboles repuestos en nuestras aceras.

A todo esto, hay que sumar las actuaciones de mejora en el Parque Grande, con medio millón de inversión este año y otro medio millón el que viene y las obras de reforma de la primera del fase Parque Torre Ramona, con una inversión de un millón de euros.

Mención aparte merece la organización en el Parque Grande de Zaragoza Florece, un evento que fue un éxito rotundo con 175.000 visitantes.

Vamos a consolidar y potenciar este evento como una cita anual de alcance nacional que colabore en la promoción exterior de la ciudad. El próximo año, además, coincidirá con la celebración del Congreso Nacional de Parques, lo que convertirá a nuestra ciudad en la capital española de los parques y jardines.

El compromiso de la consejería con el estado de las calles y la mejora de las zonas verdes de la ciudad queda reflejado en la revisión de la ordenanza de limpieza y en el nuevo contrato de mantenimiento de parques y zonas verdes.

A través de la ordenanza se van a intensificar las medidas contra las acciones incívicas, la negligencia a la hora de dejar la basura en la vía pública y los grafitis.

Por su parte, el nuevo contrato de parques, que se acaba de adjudicar para los próximos cuatro años, supondrá entre otras mejoras un aumento de 67 personas en la plantilla de jardineros y una reducción del ciclo de poda de ocho a cuatro años.

Igualmente, la consejería está desarrollando, junto a la Fundación Ecodés, el mayor proyecto ambiental y de economía circular que se ha hecho nunca en Zaragoza: el Bosque de los zaragozanos.

Para mí este es un proyecto muy especial porque es de esas grandes acciones que se hacen cada muchos años y que se piensan como un legado para las futuras generaciones.

Se lo recuerdo telegráficamente: Plantar 700.000 árboles de especies autóctonas en 1.200 hectáreas de la ciudad y su término municipal en la próxima década con la participación de las empresas y los vecinos de Zaragoza, aprovechando como abono el compost que se produce en el CTRUZ, y desarrollando en paralelo una campaña de implicación y sensibilización con los colegios de la ciudad.

El proyecto es ya una realidad imparable que ha atraído hasta la fecha la colaboración de 42 empresas que han puesto sobre la mesa el mayor patrocinio privado que se recuerda en la ciudad para acometer una acción pública de tanto alcance: 900.000 euros que nos permiten lanzar el bosque dejando recursos libres para otras inversiones muy necesarias.

La semana pasada acabamos de empezar las plantaciones en la zona urbana del Canal Imperial a la altura de Valdefierro y este mes haremos lo propio en los montes de Peñaflor con la primera participación de escolares.

El anterior gobierno abandonó las campañas escolares de plantación, que son una medida educativa ejemplar para sensibilizar a los más jóvenes en la participación y en la sostenibilidad ambiental.

Nosotros las recuperamos con el objetivo de que lleguen a ser 6.000 los niños que participen anualmente en el Bosque de los Zaragozanos. La limpieza y la gestión de residuos es otra parte esencial de los Servicios Públicos.

Nada más acceder al Gobierno reforzamos los servicios de limpieza e implantamos la recogida selectiva de residuos de grandes productores, lo que nos ha permitido cumplir el objetivo europeo de recuperar el 50% de esos residuos, cuando la media española es del 35%.

Pero el gran avance en limpieza y recogida de residuos tiene que venir de la mano de la nueva contrata.

Este Gobierno ha redactado unos pliegos expansivos para ofrecer a la ciudad un servicio de una calidad nunca vista, con una inversión de 743 millones en 10 años, que además han sido negociados con los sindicatos para no perjudicar los intereses de los trabajadores.

Un contrato que prevé el incremento de operarios, un aumento del 35% de diferentes vehículos de limpieza, que además deben ser eléctricos, el cambio de papeleras y contenedores, incorporando nuevas tecnologías como sensores contra incendios, y la implantación en toda la ciudad de la recogida de materia orgánica con la extensión del contenedor marrón.

Hablamos del mejor contrato de limpieza y recogida de basuras que nunca han disfrutado los vecinos de Zaragoza y que revierte todos los recortes que llevó a cabo el Partido Socialista en 2012.

Sin embargo, el Grupo del Partido Socialista ha vuelto a demostrar su irresponsabilidad bloqueando la licitación al llevar los pliegos ante el Tribunal de Contratos.

Es cierto que están legitimados para hacer del obstruccionismo su única política, pero les digo una cosa: tienen que explicarles a los trabajadores que les da igual su reclamación de no dividir en lotes la contrata y tienen que explicarles a los ciudadanos por qué no quieren que disfruten del mejor servicio de limpieza que va a tener esta ciudad en su historia.

Respecto a la Movilidad, lo primero que hay que señalar es que incidencia del covid ha resultado catastrófica, llegando a perderse en los peores días de la pandemia hasta el 95% de usuarios habituales, lo que ha generado un déficit de tarifa brutal, ya que Zaragoza es la ciudad que más porcentaje de flota ha seguido sacando a la calle para aumentar la seguridad a pesar de las restricciones de aforo.

Nuestra principal preocupación es recuperar la confianza del usuario y la ocupación, que está todavía un 30% por debajo de lo que era habitual.

Sin duda, la crisis del covid nos ha hecho mirar con más detenimiento la nueva movilidad y recordar la importancia de la sostenibilidad y la peatonalidad.

Con esos objetivos, entre otras cuestiones, hemos creado 80 kilómetros de ciclocarriles a 30 km/hora, se está regulando las diferentes modalidades de movilidad compartida, impulsamos la pacificación de calles con peatonalizaciones y calzadas elevadas, y se prohíbe el estacionamiento de cualquier vehículo en la acera al mismo tiempo que se amplían las zonas de aparcamiento en la calzada, duplicando los espacios para bicis y motos.

Además, hemos empezado a construir este año nuevos carriles bici para aumentar la red actual en un 15% de aquí al final del mandato y llegar hasta los 150 kilómetros. Y hemos aprobado un nuevo reglamento del taxi de acuerdo con las asociaciones para dar un mejor servicio al ciudadano.

Nunca antes un gobierno municipal había adoptado una política global tan extensa y favorable a la peatonalidad y los sistemas de movilidad alternativos al vehículo privado.

Con una visión integral, que promueve la convivencia entre sistemas de transporte en vez de confrontarlos y que busca facilitar las cosas para que la gente opte libremente por esa nueva movilidad. Con esta filosofía se está trabajando en la elaboración de una ordenanza de movilidad de alcance global que estará lista el próximo año.

La apuesta por la movilidad sostenible se plasma en la decisión rotunda de dejar de comprar los obsoletos autobuses híbridos para ir renovando toda la flota municipal con vehículos 100% eléctricos.

Esta decisión de modificar el contrato supone la mayor inversión en movilidad urbana de la última década, con más de 60 millones entre la compra de vehículos y las nuevas instalaciones que deben construirse en cocheras.

Cierro este apartado recordando también nuestra implicación en la movilidad más avanzada, con proyectos como el Hera Drone Hub, pionero en Europa en el uso de drones en entornos urbanos complejos; la participación en programas como el Perte Artus, que trabaja en desarrollar la movilidad autónoma y conectada; o el servicio MAAS, en el que estamos trabajando para diseñar una app que constituya una plataforma de información y acceso integrado a los diferentes medios de transporte de la ciudad y que al mismo tiempo trabaje en mejorar todo el sistema mediante el uso del Big Data.

Fue una satisfacción que el propio director de la DGT, Peré Navarro, elogiase estos importantes avances de la movilidad en nuestra ciudad hace un par de semanas durante el Encuentro de Ciudades sobre Seguridad Vial, que reconoció como el mejor de cuantos se han celebrado hasta ahora y que congregó en Zaragoza a 250 expertos internacionales de la materia.

El tercero de los grandes ejes sobre el que estamos trabajando se centra en conseguir una Zaragoza más participativa y de la que sentirnos orgullosos. Una ciudad que funcione, que sea segura y con vocación universal, que presuma de su identidad, su cultura y su patrimonio y que proyecte su marca a España y Europa.

Desde el Área de Participación y Relación con los Ciudadanos se ha trabajado, a través de la Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto y en colaboración con la Universidad de Zaragoza, en el rediseño e implementación de mejoras en los procesos participativos.

Fruto de ese trabajo ha sido la puesta en marcha de Idea Zaragoza, una plataforma que nos permite ofrecer propuestas a la ciudadanía para hacerles partícipes del diseño en aquellos proyectos importantes para la ciudad con una metodología única y reutilizable para lanzar todo tipo de retos, con una participación real a través de procesos participativos sencillos y continuos.

El proceso participativo de la reforma de la Plaza Salamero ha supuesto el estreno de Idea Zaragoza. A través de ella, más de 4.000 ciudadanos se han interesado por el proyecto y han lanzado 508 propuestas para mejorarlo.

De manera previa, la consejería ha desarrollado el grupo de trabajo Impulsando Zaragoza frente al covid, donde, con la base de la encuesta ciudadana realizada durante el confinamiento, han participado entidades del Consejo de Ciudad, grupos municipales, agentes sociales, plataformas del tercer sector instituciones y colegios profesionales.

También desde el Área de Participación se ha dado un impulso a las políticas de protección animal con la mejora de la calidad del servicio que supone la puesta en marcha del nuevo Centro de Protección Animal de La Cartuja, que finaliza este año sus obras de adecuación con una inversión de medio millón de euros.

En equipamientos hay que destacar la puesta en marcha del Centro Cívico Distrito Sur después de una inversión en adecuación de un millón y medio de euros. En breve se estrenará la biblioteca, con 80 puestos de lectura.

Del mismo modo, en diciembre van a comenzar su actividad la Casa del Barrio en Arcosur y el Centro Vecinal y Casa del Barrio de Parque Goya, dos equipamientos nuevos que responden a la petición de espacios para dinamizar las actividades vecinales.

Mención especial merece el nuevo convenio de barrios rurales, ratificado este verano para los próximos cuatros años con la institución hermana de la Diputación Provincial.

Al llegar al Gobierno nos encontramos con el actual convenio en un paupérrimo estado de ejecución.

Apenas se había llevado a cabo el 25% de los 9 millones de presupuesto, de los cuales 1,5 millones correspondían a actuaciones no ejecutadas del anterior, y las grandes obras estaban paradas por haber sido mal calculadas y presentar importantes sobrecostes,

En dos años hemos conseguido desbloquear esas obras y hemos elevado la ejecución del convenio al 64% en la actualidad. El convenio actual se finalizará en 2023, incluidas las obras de mayor calado, como la reforma de las piscinas de Casetas y los pabellones de Garrapinillos, Montañana y Monzalbarba.

Pero es que además vamos a empezar a desarrollar en paralelo el nuevo convenio, que aumenta la inversión en nuestros barrios de 7,5 hasta los 12 millones de euros y extiende la colaboración con la DPZ al ámbito de la protección animal, los residuos y el servicio de Bomberos con otros 4 millones adicionales.

Esta nueva dimensión del convenio va a permitir que Zaragoza y los municipios de su entorno de la Comarca Central dispongan de un nuevo parque de Bomberos en La Cartuja, que será el quinto de Zaragoza.

Les recuerdo que al inicio de este mandato inauguramos el parque de Casetas, una infraestructura desarrollada también en colaboración con la DPZ que presta servicio no sólo a la zona oeste de Zaragoza, a Casetas, Monzalbarba, Garrapinilos y Alfocea, sino también a municipios como Utebo, Torres de Berrellén o Sobradiel.

Ahora, gracias al nuevo convenio, incluimos en nuestro programa la construcción de un nuevo parque de Bomberos en terrenos municipales de La Cartuja, con el objetivo de poder ponerlo en marcha en 2023.

Este equipamiento ofrecerá un mejor servicio a la zona este de nuestro término municipal, con los barrios de La Cartuja y Torrecilla y polígonos industriales como Empresarium o el PTR, además de municipios del entorno como El Burgo, Fuentes y Mediana.

En cuanto a la consejería de Cultura y Proyección Exterior, es espectacular el trabajo que está desarrollando para hacer de Zaragoza un referente cultural, turístico y económico de primer orden a pesar de trabajar en varios de los ámbitos más perjudicados por la pandemia.

Con ese objetivo hemos creado la Oficina de Proyección Exterior, para desarrollar e implementar un plan de promoción nacional e internacional que divulgue la imagen de la ciudad y atraiga economía, empleo e inversión.

La innovación urbana, la cultura y el patrimonio, el turismo y el ocio, la educación y la innovación y el desarrollo económico y logístico son los vectores en los que se asentará esa estrategia de promoción.

En ese trabajo de la consejería es destacable también la celebración de los premios Feroz el próximo año, la candidatura para ser capital iberoamericana de la gastronomía sostenible y la intensa actividad para promocionarnos como destino turístico en nuevos mercados internacionales.

Después de un año inédito, sin Fiestas del Pilar de ningún tipo en 2020, la reciente celebración de una semana de eventos culturales en las fechas pilaristas ha demostrado las ganas de la gente de recuperar la normalidad cuanto antes y la capacidad organizativa del Área a pesar de las muchas incertidumbres y premuras que venían impuestas por las circunstancias.

Esta semana del Pilar ha sido la mejor posible dentro de las restricciones y las medidas de prevención obligatorias.

Lo demuestran los casi 350.000 asistentes a la feria de Valdespartera, los 130.000 a la Muestra de Artesanía y Agroalimentaria, las más de 160.000 personas que han participado en alguna de las actividades culturales o lúdicas, los 17.000 oferentes presenciales y las 100.000 visitas a la Ofrenda Virtual.

Y lo más importante: todo esto sin que haya habido ninguna repercusión destacable en la incidencia del coronavirus a pesar de las declaraciones agoreras vertidas desde algunos grupos municipales.

De forma rápida, recuerdo tres planes muy importantes del área para referenciar Zaragoza como ciudad cultural y turística poniendo en valor nuestro potencial:

Por un lado, el proyecto para hacer de Zaragoza la ciudad de Goya y vincular la ciudad con nuestra figura más universal. En segundo término, el lanzamiento de Zaragoza como ciudad de cine, con la constitución de la Zaragoza Film Office y la creación del festival de cine Saraqusta. Y en tercer lugar, la recuperación de la recreación histórica de Los Sitios de Zaragoza, que tuvo un gran éxito en su día como atracción turística de notable impacto económico.

Será además un reencuentro con una seña de identidad por la que somos conocidos internacionalmente y que el anterior gobierno decidió marginar por completo.

Trabajamos por una ciudad orgullosa de su cultura y su propia imagen, lo que implica también una ciudad que ofrezca a sus ciudadanos y visitantes un entorno seguro para realizar sus actividades.

Todos los informes en esta materia revelan que Zaragoza mantiene unos índices de seguridad notables, mucho mejores que otras grandes ciudades.

No obstante, la sucesión de varios incidentes en las últimas semanas con agresiones a fuerzas policiales han puesto de relieve que este Gobierno acertó plenamente al cambiar la política policial de los anteriores con el objetivo de aumentar los recursos humanos y reforzar los medios materiales de nuestra Policía Local.

Policía Local que constituye un cuerpo esencial para el funcionamiento de la ciudad y cuyos miembros son un ejemplo de profesionalidad en toda España que merecen el respeto y el apoyo total del Gobierno de Zaragoza. Fue un tremendo error de ZEC disolver la UAPO. Y lo corregimos de inmediato.

La recuperación de la Unidad de Apoyo Operativo fue una de nuestras primeras medidas, porque sin su concurso sería imposible, por ejemplo, llevar a cabo los refuerzos de seguridad pública como los que se han adoptado a petición vecinal en el Barrio Oliver y la zona de Pignatelli, o haber realizado el control del confinamiento perimetral de la ciudad durante lo peor de la pandemia.

Fue un error garrafal del Partido Socialista y de ZEC dejar a la ciudad sin oposiciones al cuerpo de Polícia Local durante una década. Entre 2008 y 2018 la izquierda dejó de reponer en Zaragoza las plazas de policías que se iban jubilando. Después de ese periodo, en que se perdieron cerca de 400 policías, Zaragoza en Común incorporó en 2019 unas muy escasas 17 plazas.

También a este error mayúsculo de la izquierda con nuestro cuerpo policial le estamos poniendo remedio, a pesar de las dificultades financieras que hemos heredado.

En 2020 incorporamos a la plantilla 43 nuevos agentes, estamos ahora mismo con los exámenes de la siguiente oposición y el proceso de traslados, que supondrán otros 42 policías más en 2022, año en el que vamos a lanzar una nueva convocatoria para otros 71 agentes.

Esta será la oposición a policía local más numerosa en 15 años, desde la convocatoria de 2007. En tres años vamos a dotar a la Policía Local de 156 nuevos agentes.

La Seguridad Pública no es una competencia municipal, pero somos conscientes de que la Policía Local es imprescindible para garantizarla en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, en quienes sí recae directamente esa responsabilidad.

Por nuestra parte, no vamos a cejar en el empeño de contar con una Policía Local dotada con más personal, más medios y mejor formación.

He hecho hasta aquí un repaso extenso al modelo de ciudad que estamos impulsando con el detalle de las principales medidas adoptadas en dos años, el avance de las que tenemos previstas e incluso esbozando una proyección de iniciativas que desbordan el marco del actual mandato.

Es importante que desde los gobiernos de las instituciones tengamos esa capacidad de no fijar la mirada sólo en lo inmediato, que levantamos la vista para planificar sobre cuestiones que nos van a afectar a todos en el medio y largo plazo.

Con esa perspectiva, quiero exponerles antes de cerrar el debate tres asuntos relevantes.

Uno es el de las relaciones con otras instituciones. Zaragoza es mucho más que una ciudad y su progreso es el progreso de toda la Comunidad Autónoma de Aragón.

Como capital y motor socioeconómico de Aragón, resulta esencial que Zaragoza mantenga las mejores relaciones institucionales posibles al margen del color político de quien ocupe en cada momento sus respectivos gobiernos.

Hemos puesto mucho empeño en lo que debe ser un eje estratégico y gracias al diálogo y a la lealtad institucional hemos podido desatascar y avanzar en cuestiones importantes que en mandatos anteriores se habían enquistado por las malas relaciones políticas.

Me he referido ya al convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza. Hemos logrado un sobresaliente avance en ese acuerdo gracias a un perfecto entendimiento con sus responsables políticos.

De la misma manera, en fechas muy próximas espero poder celebrar con el Gobierno de Aragón una nueva reunión bilateral en la que ratifiquemos los acuerdos alcanzados en la de marzo de 2020, que fue un hito al romper demasiados años de desacuerdos entre Ayuntamiento y DGA y en la que por fin se impulsó la Comisión Bilateral.

Como reconocimos en aquel momento, por supuesto que hay asuntos en los que mantenemos discrepancias irresolubles y en los que no queda más remedio que acudir al arbitrio judicial para encontrar un salida.

Ese es el caso de la aportación autonómica a las obras del tranvía y los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar.

Hubiera sido preferible alcanzar un acuerdo, pero no ha sido posible. Lo importante es asumir que los puntos en desacuerdo no deben ser óbice para cerrar pactos haya donde sea posible.

Y afortunadamente sí que hemos podido sacar adelante acuerdos relevantes en el impulso de la Plataforma Logística, en el desbloqueo de cuestiones de desarrollo urbanístico y también en lo que será la firma del primer convenio bilateral económico-financiero para Zaragoza.

Un convenio que va a mejorar la financiación actual de competencias impropias, aunque no colme las expectativas municipales. Va a ser sin duda mejor que la situación existente hasta ahora, pero debemos considerarlo como un punto de arranque que ha de ser implementado progresivamente.

La colaboración entre las instituciones de la ciudad, la provincia y la comunidad autónoma es imprescindible para que todos avancemos y seamos más eficaces a la hora de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos.

Es fundamental que seamos capaces de mantener estable en el largo plazo este ambiente de buena relación institucional, que no está reñido con la legítima disputa política.

En segundo lugar, hay una cuestión trascendental para el futuro no sólo de Zaragoza, sino del planeta entero, que es la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático.

Zaragoza entró con decisión en este ámbito al adherirse al Pacto de Alcaldes de París en 2011, cuyo objetivo principal es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Incluso con antelación a esa fecha en el Ayuntamiento se empezaron a adoptar medidas encaminadas a ese objetivo que han dado resultados.

El último informe de evaluación realizado por Circe revela que entre 2005, cuando empezamos a hacer mediciones de esos gases, y 2019 ha habido una disminución del 25% de emisiones globales de CO2 con un aumento del 9% de la población en el mismo periodo.

Este Gobierno se ha comprometido especialmente en esta lucha contra el cambio climático y nos hemos fijado retos todavía más ambiciosos con el objetivo de que Zaragoza sea una ciudad climáticamente neutra en 2030 acelerando y aumentando la reducción de emisiones.

Con esa finalidad hemos lanzado medidas de mucho alcance, algunas de las cuales ya he ido desgranando en esta intervención.

Les recuerdo:

El plan extraordinario de rehabilitación de vivienda, que va a ahorrar 1.300 toneladas de CO2 al año.

La mejora de la escena urbana con la renovación integral de calles supondrá 14.000 kilos de CO2 menos solo en mejoras lumínicas.

El Bosque de los Zaragozanos y la plantación de nuevos árboles generarán un sumidero de 25.200 toneladas de CO2 a lo largo de diez años.

La renovación de la flota de autobuses conlleva un ahorro de 621.000 toneladas de CO2 a lo largo de la vida útil de los vehículos.

La mejora de la recogida de residuos nos va a permitir superar con rapidez los objetivos de la Unión Europea reciclando más del 55% antes de 2025.

Y las ordenanzas fiscales verdes van a estimular a familias y empresas a evolucionar hacia las energías limpias.

Precisamente la energía, el modo en que la generamos y la utilizamos en las ciudades, que suponemos dos tercios del consumo mundial, es uno de los elementos más decisivos en la lucha contra el cambio climático.

Tiene también, como estamos sufriendo ahora mismo con crudeza, una relevancia capital sobre el coste que tenemos que pagar.

Las familias y empresa lo saben perfectamente y nosotros como Ayuntamiento también, puesto que este año vamos a pagar un sobrecoste de 4 millones de euros por culpa, entre otras cosas, de una mala decisión del gobierno anterior.

Es determinante para nuestro futuro y el de nuestros hijos que seamos capaces de cambiar la generación y el consumo de energía a un modelo más sostenible y más barato, potenciando al máximo el uso de las renovables.

Por ello, estoy especialmente satisfecho de que Zaragoza sea pionera en impulsar, en colaboración público-privada dos de los cuatro tipos de proyectos de comunidades energéticas de autoconsumo colectivo.

Me refiero al Barrio Solar del Actur, que es un modelo que además contiene un perfil solidario destacado, que queremos expandir a otros barrios, y a MercaEnergy, un proyecto en fase de estudio que, al igual que ocurre con el Barrio Solar, permitirá abaratar la factura alrededor de un 25% y que evitará la emisión de 674 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera.

Pero tenemos en cartera proyectos más ambiciosos que se basan en la producción de la propia energía, acudiendo siempre a la colaboración público-privada y utilizando fuentes renovables.

Es el modelo que están empleando las ciudades más avanzadas de Europa y en el que nos debemos fijar para implantarlo en Zaragoza.

Hemos empezado a trabajar en ello con el proyecto del cementerio de Torrero, que no ha podido salir en la primera subasta de energía, pero acabará siendo una realidad que por fuerza ha de ser la primera de otras muchas que aprovechen los equipamientos públicos para generar este tipo de electricidad más sostenible y barata.

En cualquier caso, tal y como propone el Pacto de Amsterdam y la Agenda Urbana Europea, es preciso establecer una planificación estratégica que coordine este tipo de actuaciones y que incluya la gestión de la energía como un elemento principal del desarrollo de la ciudad.

En este sentido, tenemos la obligación de modernizar el Plan General de Ordenación Urbana de acuerdo a estas y otras nuevas realidades que hoy día no contempla.

Insisto en que hablamos de cuestiones estratégicas en las que nos jugamos el futuro de la ciudad y sus generaciones más jóvenes.

En último lugar quiero hablar del estadio municipal de La Romareda.

La reforma del estadio es un compromiso de este Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, que también fue una promesa electoral destacada del Partido Socialista, y que como es bien sabido no hemos tenido más remedio que aplazar ante las necesidades crecientes que impuso el avance de la pandemia.

Como he dicho al principio del discurso, a pesar de las nuevas dificultades en el panorama económico global, la superación sanitaria de la pandemia abre un escenario distinto.

Un escenario que debemos aprovechar con rapidez para retomar el proyecto de reforma de La Romareda. Zaragoza necesita con urgencia un nuevo estadio de fútbol por muchas razones. El campo se ha quedado obsoleto.

Es incómodo para el público y cada año es más difícil superar las medidas de seguridad que imponen los diferentes organismos para la celebración de eventos.

La imagen que ofrece está muy alejada de los estadios modernos, que contribuyen a la proyección exterior de sus ciudades siendo un foco de marketing urbano y atracción turística de primer orden.

La Romareda se ha quedado tan anticuada que no está a la altura de lo que merece la afición del Real Zaragoza ni el prestigio y el nivel de la quinta ciudad de España.

Pero además hay otras dos claves que nos urgen a buscar soluciones: los Juegos Olímpicos de Invierno y el Mundial de Fútbol, dos citas deportivas internacionales de máximo nivel en 2030 a las que España aspira a organizar.

Dos acontecimientos que llevan aparejados gran impacto económico e inversiones que Zaragoza no puede permitirse el lujo de perderse por el hecho de carecer de un estadio de primer nivel.

Si queremos optar a ser sede de esos eventos, hay que tener preparado un proyecto de nuevo estadio con bastante antelación. El reloj corre y es el momento de empezar a trabajar. Pero siempre he insistido en la idea básica del acuerdo político previo.

Y sigo creyendo que es imprescindible para que la nueva Romareda pueda ser una realidad. Los proyectos anteriores lo atestiguan: fracasaron porque no existió ese acuerdo.

Sin un apoyo significativamente amplio del pleno municipal no será posible impulsar la reforma de La Romareda en los plazos necesarios para optar a los Juegos Olímpicos y los Mundiales.

No es esta la única cuestión de futuro que requiere acuerdos políticos lo más extensos posibles.

A la reforma de La Romareda se le unen el diseño de un nuevo modelo energético, la modernización del PGOU, la aplicación de la ordenanza de accesibilidad a todos los ámbitos municipales y una planificación en materia de seguridad que incluya cuestiones como la videovigilancia, la aplicación de nuevas tecnologías o la ampliación progresiva de la plantilla policial en la próxima década suficiente para garantizar el relevo de las jubilaciones y la recuperación de las cifras similares a las de 2008.

Son cinco cuestiones de especial relevancia para nuestra ciudad que precisan de una continuidad en los próximos años para salir adelante sin retrocesos ni interrupciones. Y eso solo se consigue dándoles el respaldo de los acuerdos mayoritarios.

Con esa visión de futuro, les ofrezco a todos los grupos municipales que nos sentemos a dialogar sobre estas cuestiones para intentar alcanzar esos acuerdos.

Creo que hicimos un ejercicio de responsabilidad cuando fuimos capaces de hacer eso mismo para sacar adelante el Pacto por el Futuro de Zaragoza en medio de la pandemia.

No deberíamos dejar pasar la oportunidad de profundizar en esa actitud constructiva de buscar acuerdos una vez que el covid empieza a darnos un respiro.

Creo sinceramente que tenemos derecho a fracasar en el intento, pero que sería imperdonable por parte de nuestros vecinos que renunciásemos de antemano a la posibilidad de andar ese camino.

En cualquier caso, espero su respuesta a esta propuesta en las intervenciones de la tarde.

Señoras y señores, termino aquí mi intervención.

He hecho un repaso exhaustivo por los hitos principales de la acción del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos.

En medio de circunstancias excepcionales, con aciertos y con fallos, lo que en todo momento hemos hecho es trabajar con determinación buscando el mayor beneficio de posible de nuestra ciudad.

He dibujado también una perspectiva clara de futuro que, más allá del marco temporal del actual mandato, pretende asentar las bases del modelo de ciudad que estamos desarrollando.

Una ciudad que cuida de sus vecinos y dedica especial atención a los más vulnerables, que intenta sanear sus cuentas y ofrecer los mejores servicios públicos implantado las nuevas tecnologías, que renueva integralmente sus calles, viviendas y plazas y construye nuevos equipamientos, que pone especial énfasis en atraer empresas, talento e inversiones, que se implica al máximo en la lucha contra el cambio climático y los proyectos de sostenibilidad, que impulsa su patrimonio, su cultura y su turismo.

Una ciudad que se plantea grandes retos de futuro porque mantiene intacta la vocación de ser una urbe decisiva y en vanguardia dentro de España, con un estándar de calidad de vida propio de su entorno europeo.

Para llevar adelante esa ciudad tenemos por delante un camino lleno de dificultades, pero el talento, la capacidad y la tenacidad de los zaragozanos hará posible que lo recorramos.

Muchas gracias por todo.

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