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La comisión bilateral entre el Ayuntamiento y la DGA cumple un año con escasos avances

El proceso de recepción de las urbanizaciones de Plaza y PTR complica la negociación institucional. El convenio de financiación, los usos de los juzgados o el sellado del vertedero siguen en el aire.

Javier Lambán y Jorge Azcón, tras la celebración del consejo bilateral de marzo.
Javier Lambán y Jorge Azcón, tras la celebración del consejo bilateral de marzo.
José Miguel Marco

Fue la primera y la última. El consejo bilateral de capitalidad, integrado por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, se reunió el 4 de marzo de 2020 con la sensación de cita histórica, un punto y final a las desavenencias de las dos instituciones más importantes de Aragón. Se enunciaron un buen número de acuerdos, tanto en materia de financiación como urbanística, y se fijaron los mecanismos para garantizar unas relaciones fluidas y fructíferas. Pero un año después, el balance está lejos de lo esperado, sobre todo en materia de financiación, y durante los últimos meses han surgido nuevos frentes que amenazan aún más la consecución de acuerdos.

Diez días después de aquella cumbre, España se precipitó a la catástrofe de la covid-19. Las prioridades se volcaron en lo sanitario y la bilateral quedó en el limbo. Ese es el argumento que ha dado la DGA durante estos meses para justificar los escasos avances, especialmente en el asunto más importante: la celebración de un segundo consejo en el que el alcalde, Jorge Azcón, y el presidente, Javier Lambán, firmaran el convenio bilateral de financiación para el periodo 2021-2024, no solo para normalizar los recursos que debe recibir Zaragoza de la administración autonómica, sino para cumplir lo establecido en la ley de capitalidad aprobada en 2017.

La financiación

Con una financiación consolidada en 2020 de 16,5 millones, el acuerdo permitiría elevar esa cifra a 18 en 2021, que subiría a un ritmo de un millón y medio hasta 2024. Se tendría que haber firmado el año pasado, para entrar en vigor este, pero nada de esto ha ocurrido. Y eso que ya hay un borrador que la DGA propuso cuando el alcalde era Pedro Santisteve (ZEC) y que el gobierno actual está dispuesto a aceptar.

Esta situación ha generando cierto sentimiento de agravio en la plaza del Pilar, más aún porque el Ayuntamiento facilitó la tramitación de la novena modificación del proyecto supramunicipal de la Plataforma Logística, así como diversas licencias vinculadas a la plataforma. El pasado diciembre, el Consistorio remitió a la DGA un requerimiento en el que instaba al Ejecutivo a incluir en el presupuesto autonómico los 18 millones de este año y a firmar el acuerdo, además de avisar de un posible procedimiento judicial.

¿Por qué no se firma entonces? La DGA ha venido transmitiendo extraoficialmente desde hace meses que no solo se puede cerrar el acuerdo de financiación, sino que es preciso un acuerdo global y que hay asuntos de interés autonómico que deben resolverse en paralelo. Uno de ellos es la recepción de las urbanizaciones de Plaza y Parque Tecnológico del Reciclado (PTR), una cuestión del máximo interés del Ejecutivo.

El Ayuntamiento se resiste. La negativa de la DGA a ceder en su origen el 10% de los aprovechamientos en los proyectos supramunicipales (una cuestión que ha suscitado tensiones entre las dos administraciones desde hace casi dos décadas), es una causa. Pero además los problemas y deficiencias que arrastran estas urbanizaciones, con procesos judiciales de por medio, hacen presuponer al Consistorio unos costes multimillonarios. De momento, no hay una propuesta firme para resolver la cuestión. Solo el mantenimiento del parque lineal de Plaza, que está en muy mal estado, puede suponer un dineral.

No son estos los únicos asuntos que han quedado pendientes desde que hace un año se reuniera la comisión bilateral. Uno era el de los usos compartidos del juzgado de la plaza del Pilar. El Ayuntamiento pidió a los tribunales la reversión, dado que los terrenos eran municipales en su origen, pero la DGA, tras el traspaso de las competencias de Justicia, ubicó allí las instalaciones del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). La solución parecía sencilla, pero ya no queda mucho espacio para otros usos y la opción de arreglar el problema con una permuta no ha prosperado. El proceso judicial sigue suspendido, para favorecer el acuerdo, pero crece la sensación de que este asunto lo zanjará un juez.

Más grave es el olvido de la segunda fase del sellado del vertedero, por los problemas medioambientales que puede generar. La financiación de la obra correspondería a la DGA y en la bilateral de hace un año se dijo que el proyecto se retomaría de forma «inmediata», pero nada se ha hecho.

El urbanismo

Por otro lado, el Gobierno de Aragón sigue a la espera de que el Consistorio desatasque algunas cuestiones urbanísticas, que pueden suponer ingresos para las arcas autonómicas: el deslinde los suelos del entorno de la capilla de Torre Ramona, el solar de la calle del Embarcadero o el antiguo Tutelar de Menores, pendiente de una modificación del PGOU. Estos suelos han estado sobre la mesa de posibles compensaciones en la negociación, pero fuentes consultadas sostienen que las conversaciones "están atascadas".

¿Ha habido algún acuerdo? El Ayuntamiento desbloqueó la ampliación de Plaza y la DGA actualizó el fondo de capitalidad (332.958 euros). El Ejecutivo también tramitó el fondo social covid (2,5 millones) que puso en marcha el Estado. Y se ha procedido a la cesión gratuita al Ayuntamiento de Zaragoza de los suelos del antiguo Instituto de Formación Empresarial y Técnica (IFET), del Picarral. Pero en cualquier caso, el balance es magro.

Pese a los problemas, las dos partes insisten en que las relaciones son buenas y en que se está trabajando para lograr una nueva bilateral en uno o dos meses, aunque sea para cerrar alguna de las cuestiones que se anunciaron hace un año. Y mientras se habla, crecen los problemas: en el horizonte está la millonaria sentencia sobre la financiación del tranvía, que si es confirmada por el Supremo, le puede suponer 25 millones al Ejecutivo. Una complicación más a la hora de pactar.

1

Convenio de financiación.

Pese a que la ley de capitalidad establece que debería estar firmado, todavía no hay acuerdo. Supondría que el Ayuntamiento llegará a los 18 millones en este año y financiación estable y creciente para la ciudad hasta 2024. La DGA se resiste a firmar mientras no se resuelvan otras cuestiones, como la recepción por parte del Ayuntamiento de la urbanización de Plaza y PTR.

2

Urbanización de Plaza y PTR.

La DGA quiere que el Ayuntamiento recepcione las obras de urbanización, pero la ciudad se niega por sus elevados costes. El hecho de que el Ejecutivo no cediera el 10% del aprovechamiento urbanístico ni compensara de ningún modo por estos proyectos es un motivo. Los conflictos (jurídicos y de ejecución de las obras) que afectan a estas plataformas dificultan el acuerdo.

3

Sellado del vertedero

Sigue pendiente la segunda fase de las obras, presupuestaras en más de 11 millones de euros y que, si se respeta un convenio de 2014, debería abonar la DGA. En marzo de 2020 se prometió una solución inmediata pero no hay avances.

4

Usos compartidos en los juzgados

Mientras permanece suspendido en los tribunales el proceso de reversión impulsado por el Ayuntamiento de los suelos de los juzgados de la plaza del Pilar, las dos administraciones buscan un pacto. No es sencillo el acuerdo de repartirse el edificio, porque la DGA lo ha ocupado casi en su totalidad.

5

Proyectos urbanísticos pendientes

Aunque están en proceso, no acaban de resolverse los trámites urbanísticos que zanjen problemas enquistados desde hace tiempo y que la DGA quiere desbloquear dado que puede obtener aprovechamientos: el antiguo Tutelar de Menores, el desarrollo de los suelos de Torre Ramona o el solar de la calle del Embarcadero.

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