El Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA vuelven a empezar tras 6 meses de olvido

Dicen los que los conocen, que el presidente Lambán y el alcalde Azcón se llevan bien. Se llaman a menudo, evitan criticarse y resuelven las tensiones que se generan en los segundos niveles. Este ‘feeling’ permitió desbloquear el primer consejo bilateral celebrado el 4 de marzo y articular unos acuerdos que, en teoría, iban a suturar la brecha que históricamente había separado a las dos instituciones.

Ese día, en la sala de la Corona del edificio Pignatelli, se notaba el "buen rollo", como diría Azcón. Pero la sintonía personal no siempre lo resuelve todo en política. Las inercias empujan y más si están adosadas a un desequilibrio que guía las relaciones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA: la primera administración pide y la segunda, se supone, tiene que dar. La financiación fue la base que sustentó la ley de capitalidad, que más allá del asunto competencial, trataba de resolver cómo pagaba sus servicios una ciudad donde vive la mitad de la población de Aragón.

Si esta cuestión ha sido espinosa siempre, más ahora en un contexto de pandemia, con un abultado desplome de ingresos de las dos administraciones :el Ayuntamiento urge la llegada de fondos y la DGA se resiste aún más a facilitarlos. Desde aquel día de marzo, cuando la covid ya asomaba el hocico, los históricos acuerdos bilaterales se diluyeron en la curva.

La DGA justifica que la pandemia era lo urgente. Pero en el Consistorio, que en pleno mayo había facilitado seis licencias necesarias para ampliar Plaza, cundía la sensación de que además faltaba voluntad. La decisión de proseguir con el pleito judicial por los juzgados de la plaza del Pilar fue el aviso que encendió las alarmas de una nueva quiebra, otra más, entre Zaragoza y Aragón. Este jueves las dos administraciones quisieron volver a empezar. Ahora está por ver si Lambán y Azcón logran continuar lo iniciado.