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Zaragoza

El Ayuntamiento y la DGA buscarán un acuerdo para los juzgados mientras preparan otra bilateral

El Consistorio acepta suspender otra vez el pleito por las dependencias del IASS de la plaza del Pilar. Las dos instituciones retoman las negociaciones con el objetivo de celebrar una cumbre en diciembre.

Javier Lambán y Jorge Azcón, tras la celebración del consejo bilateral de marzo.
Javier Lambán y Jorge Azcón, tras la celebración del consejo bilateral de marzo.
José Miguel Marco

Tras varias semanas de tiranteces, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón reactivaron este jueves sus relaciones con el objetivo de concretar en los próximos dos meses el paquete de acuerdos alcanzado en el primer consejo bilateral, celebrado en marzo, y que había quedado en el aire por la pandemia. Y lo hicieron con un gesto del Consistorio, que va a retirar de nuevo la reclamación judicial por la propiedad de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar para alcanzar una solución que permita los usos compartidos del edificio. La decisión engrasa las relaciones de cara a los trabajos preparatorios de una nueva cumbre entre las dos instituciones que se celebrará, si no hay cambios, en diciembre.

El anuncio se produjo después de una reunión de la comisión de seguimiento del consejo bilateral, que trató de dejar atrás seis meses de parálisis política. Hay que tener en cuenta que desde el 4 de marzo, día en que se constituyó el consejo bilateral, ni siquiera se habían formado los grupos de trabajo para desarrollar los acuerdos alcanzados. La DGA ha achacado la falta de progresos a la pandemia, aunque crecía el malestar en el Ayuntamiento ante lo que se consideraba falta de voluntad política.

Momento de tensión

El punto de mayor tensión se produjo cuando el 14 de septiembre el Consistorio decidió levantar la suspensión del pleito de los antiguos juzgados, dado que había pasado el plazo legal de 60 días sin que el Gobierno de Aragón hubiera hecho una propuesta de usos conjuntos de las dependencias, en la actualidad ocupadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Esa cuestión suscitó el enfado de la DGA y enrareció las relaciones.

Pero ayer las dos administraciones se dieron una nueva oportunidad. De hecho, destacaron el "buen clima" que hubo en el encuentro. El Ayuntamiento volverá a solicitar a los tribunales que se suspenda el proceso, que solo está a espera de sentencia, "para avanzar en la resolución del conflicto". Es una cuestión relevante, dado que si finalmente los tribunales dieran la razón a la ciudad y se ordenara la reversión de esos suelos, obligaría a la DGA a abonar una cuantía millonaria a las arcas municipales. El plazo de la suspensión será de nuevo de 60 días, por lo que expirará cuando se celebre el consejo bilateral.

Y mientras se cierra un pacto extrajudicial con este asunto, las dos administraciones activarán la próxima semana dos grupos de trabajo en materia de Hacienda y Urbanismo para preparar este segundo consejo bilateral, que se celebrará a principios de diciembre. Estos grupos estarán compuestos por cuadros técnicos, para agilizar la consecución de los acuerdos.

Sobre la mesa estará, además de la cuestión de los juzgados, la concreción de los acuerdos de financiación del Ayuntamiento de Zaragoza. En primer lugar, hay que actualizar el fondo de capitalidad, que tendrá que sumar 332.958 euros a los 8 millones previstos por la ley.

Además hay que dar luz verde al convenio bilateral de financiación hasta 2023, que en 2020 tendría que llegar a los 16,5 millones de euros. Son 1,5 millones más de los previstos en los presupuestos de la Comunidad y debían servir para licitar la segunda fase del sellado del vertedero. Esta obra se suma a la participación de Zaragoza en el fondo covid, que puede reportar 2 millones al Consistorio. La DGA y el Ayuntamiento también tendrán que cerrar la financiación del convenio de acción social.

El Gobierno de Aragón ha incluido, de cara a la cumbre de diciembre, una serie de asuntos que dependen de la tramitación municipal. Entre ellos figuran algunos de los conflictos eternos, como varias modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU): la relativa a Torre Ramona, donde se quiere preservar una capilla sin afectar a los aprovechamientos urbanísticos que tiene la DGA en la zona, o a los suelos del antiguo tribunal tutelar de menores de la calle de Lagasca, que está pendiente de pasar a tener un uso residencial. Además, el Ejecutivo autonómico reclama "la regularización y recepción de la urbanización de los proyectos supramunicipales de Plaza y el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR)".

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