El conflicto por la propiedad de los juzgados de la plaza del Pilar vuelve a los tribunales
El Ayuntamiento retoma el proceso judicial al no recibir una oferta de usos compartidos de la DGA. El Gobierno de Aragón achaca a la pandemia que no se haya podido alcanzar un acuerdo.
Pese a que parecía que el acuerdo estaba cerca después de la cumbre bilateral del pasado mes de marzo, el conflicto que mantienen el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA por la propiedad del edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar volverá a los tribunales. El Consistorio de la capital acaba de alzar la suspensión del pleito una vez superados los plazos legales y tras no haber recibido una propuesta del Gobierno de Aragón para alcanzar una solución extrajudicial que posibilite los usos compartidos del inmueble.
Esta era la intención de las dos partes cuando el pasado 4 de marzo, en el marco del primer consejo bilateral celebrado entre las dos administraciones, se acordó instar la suspensión del procedimiento judicial para "explorar una solución consensuada a la cuestión controvertida a través del uso conjunto del inmueble".
Pocos días después de la cumbre, con la declaración del estado de alarma y el confinamiento general, los juzgados cerraron y este acuerdo quedó en el aire. No fue hasta el 2 de junio, dos días antes de la recuperación de la actividad en los tribunales, cuando el Ayuntamiento, tal y como se había acordado, instó la suspensión temporal del procedimiento por un plazo de 60 días hábiles. Es el máximo que fija la ley de enjuiciamiento civil. A finales de agosto, el Consistorio se volvió a dirigir a la DGA para tratar de resolver esta cuestión, dado que el plazo estaba a punto de finalizar. No hubo respuesta y el 14 de septiembre se levantó la suspensión.
Fuentes autonómicas achacaron a la pandemia la falta de avances en esta cuestión. Explicaron que durante todo este tiempo el Gobierno de Aragón estuvo centrado en la gestión de la covid y en la puesta en marcha de los presupuestos de la reconstrucción. Y responsabilizaron al Ayuntamiento de Zaragoza tanto la fijación de un plazo como la decisión de levantarlo, aunque fuentes municipales insistieron en que son los tiempos que marca la ley.
Salvo que las partes alcancen un acuerdo extrajudicial in extremis antes de la sentencia, algo que ni la DGA ni el Ayuntamiento descartan, será el juez la que decida de quién es el suelo y en el caso de que avale la reversión puede suponer una indemnización en favor del Consistorio que como mínimo estaría cerca de los cinco millones de euros.
¿Pero cuál es el origen de este conflicto? Tras el traspaso de las competencias de Justicia, el Gobierno de Aragón asumió todos inmuebles, incluidos los juzgados de la plaza del Pilar. No obstante, en 2013 se estrenó la Ciudad de la Justicia en Ranillas y el edificio dejó de tener actividad.
En su origen, los juzgados se construyeron sobre terrenos municipales. En 1956 la ciudad cedió el suelo y el vuelo de una finca de 1.966 metros cuadrados colindante a la plaza del Pilar. En 1986 se entregaron otras dos parcelas, de 905 y 125 metros cuadrados, correspondientes a las calles de Las Danzas y Convertidos. El Ayuntamiento sostiene que se cedieron durante 30 años y siempre que tuvieran uso judicial, por lo que tras el cierre de los juzgados solo cabía la reversión.
Preacuerdo en 2017
En febrero de 2016, con ZEC en el gobierno municipal, se hizo el primer requerimiento para la reversión, pero posteriormente las dos administraciones iniciaron un proceso de negociación para pactar un uso compartido del espacio. De hecho se alcanzó un preacuerdo: el Ayuntamiento podría utilizar el 55% del edificio principal (el 22% del total): 4.768 metros de techo, además de otros 1.145 metros cuadrados en planta baja del edificio de ampliación de los juzgados. Mientras esto pasaba, la DGA iniciaba obras para ubicar en el edificio la sede de la dirección provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que se inauguraron en marzo de 2019.
Tras varios pasos adelante y atrás, en un clima de malas relaciones entre las dos administraciones, el acuerdo no se llegó a firmar. En abril de 2019 hubo otro requerimiento de reversión y el 7 de junio de 2019 se interpuso recurso contencioso administrativo. En septiembre de 2019, ya con PP-Cs, se formalizó la demanda. El cambio de gobierno local y la cumbre bilateral permitió atisbar el acuerdo, sobre todo porque ya había una fórmula de usos compartidos que solo había que concretar. Pero al final no ha sido posible.
