El Ayuntamiento de Zaragoza sostiene que la DGA ha ocupado casi todo el espacio de los juzgados

El conflicto entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón por la propiedad de los juzgados de la plaza del Pilar se enquista. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, afirmó ayer que el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Ejecutivo autonómico ha ocupado casi "la totalidad" del edificio, pese a que en la bilateral de marzo del año pasado se acordó suspender el proceso judicial con el objetivo de pactar un uso conjunto. Fuentes de la DGA negaron que esté en uso todo el inmueble, aunque no pudieron precisar en qué grado y si hay espacio para dependencias municipales. Indicaron que se están buscando soluciones alternativas a la resolución del caso por la vía judicial.

Precisamente por este asunto preguntó el portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, que se interesó por los usos a los que el Ayuntamiento de Zaragoza destinaría su parte del edificio. Fue entonces cuando Serrano dijo que el Gobierno de Aragón "ocupa la totalidad del edificio", aunque después matizó que se refería a casi todo el espacio.

Este conflicto se produce porque los juzgados de la plaza del Pilar se construyeron sobre suelo municipal. En 1956 la ciudad cedió el suelo y el vuelo de una finca de 1.966 metros cuadrados colindante a la plaza del Pilar. En 1986 se entregaron otras dos parcelas, de 905 y 125 metros cuadrados, correspondientes a las calles de Las Danzas y Convertidos. El Ayuntamiento sostiene que se cedieron durante 30 años y siempre que tuvieran uso judicial, por lo que tras el cierre de los juzgados solo cabe la reversión.

Tras la apertura de la Ciudad de la Justicia en Ranillas y el cierre de los juzgados, la DGA ubicó allí las dependencias del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que entró en servicio en 2018, En junio de 2019, con ZEC en el gobierno, el Ayuntamiento pidió la reversión por la vía judicial, decisión que confirmó PP-Cs en septiembre de 2019. Pese a que las partes solicitaron la suspensión del procedimiento para llegar a un acuerdo extrajudicial, apenas hay avances. Y la utilización conjunta del inmueble por parte de las dos administraciones se complica.

Permuta o pago en metálico

De hecho, Serrano no habló expresamente de un uso compartido sino de "una compensación o de otras fórmulas jurídicas". Esto pasaría por una permuta o una contraprestación económica al Ayuntamiento por parte de la DGA. Se han hecho varios planteamientos a los negociadores autonómicos que están en estudio. "La voluntad de ambas administraciones es llegar a un acuerdo", explicó Serrano, que consideró que si este asunto finalmente lo resuelven los tribunales "la totalidad de la razón no caería de un lado ni de otro". También sostuvo que "el Gobierno de Aragón no está muy interesado en desmantelar" sus instalaciones en el juzgado, circunstancias que aleja la opción de un uso compartido del edificio.