La financiación y Plaza marcan la primera bilateral entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón abren hoy una nueva etapa en sus relaciones después de años de discrepancias. En el edificio Pignatelli, sede de la DGA, y con dos delegaciones encabezadas por el presidente autonómico, Javier Lambán, y el alcalde de la capital, Jorge Azcón, las dos instituciones constituirán la comisión bilateral y empezarán a llegar a acuerdos. Los dos más importantes estarán vinculados al convenio económico financiero y a la ampliación de Plaza, dos cuestiones que habían suscitado diferencias.

El encuentro tiene gran relevancia, dado que abre una línea de acuerdos que la DGA y el Consistorio zaragozano no exploran desde la finalización de la Expo 2008. Los últimos años han estado marcados por enfrentamientos diversos, desde la financiación del tranvía o la gestión del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA).Solo la aprobación de la ley de capitalidad supuso un punto de encuentro, aunque salió adelante en las Cortes de Aragón sin un consenso amplio.

Especialmente críticas fueron las relaciones durante la pasada corporación, entre Lambán y el exalcalde Pedro Santisteve. La relación entre las dos administraciones cambió con el acceso al gobierno de Azcón, que ha aparcado las cuestiones judicializadas, como la deuda del tranvía o la reversión de los juzgados de la plaza del Pilar, para centrarse en las opciones de acuerdo más viables, como todo lo referido a las transferencias económicas de la DGA a las arcas municipales.

La cuestión más importante para el Ayuntamiento de Zaragoza es el convenio de financiación, dado que ni el fondo de capitalidad ni las cuantías para financiar las competencias sociales han tenido ningún tipo de actualización desde que se aprobó la ley que regula el régimen especial de la capital aragonesa, en 2017. Es más, la propia normativa establece que debería tener un carácter trienal, periodo que acaba este año. Por ejemplo, el fondo de capitalidad debería haber llegado ya a los 8,9 millones, pero sigue anclado en los 8 iniciales que previó la ley.

Pero la DGA también tiene mucho interés en la reunión, dado que va a posibilitar que el Ayuntamiento no ponga trabas a la ampliación de Plaza para la captación de nuevas empresas para el complejo logístico. De este modo se resolverán las suspicacias del Ayuntamiento al proyecto autonómico, que se había plasmado en varias alegaciones que había generado inquietud en la administración autonómica.

La segunda fase del sellado del vertedero de Torrecilla, que corresponde a la DGA, será otra de las cuestiones a debate, así como otros asuntos, como la encomienda de gestión del transporte público en los barrios rurales o la protección de la capilla de Torrerramona.

Quedará fuera de la bilateral el proyecto de reforma del campo de La Romareda, aunque ya se están desarrollando reuniones entre representantes de las dos instituciones para lograr un modelo de financiación consensuado.

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