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Crece la alarma en Cadrete y María de Huerva por el aumento de okupación de casas y chalés

Los vecinos piden un cambio legal para poder actuar contra los ‘profesionales’ de la usurpación. Exigen también la implicación de la Sareb, los bancos propietarios, las eléctricas y los servicios sociales 

Okupas
Una de las fincas okupadas/ Noelia, una afectada/ El concejal de Cs, Alberto Martínez
José Miguel Marco

Las localidades de Cadrete y María de Huerva están registrando un incremento de la ocupación ilegal de casas que preocupa de tal manera a los vecinos que han decidido organizarse para evitar que siga creciendo. El pasado domingo 150 cadretinos se concentraron ante uno de los chalés (en este caso propiedad de la Sareb) ocupado en su pueblo. Casi al mismo tiempo, en María de Huerva, la Policía Local del municipio lograba, con la previa colaboración ciudadana, que una pareja desalojara la casa en la que se había metido unas horas antes aprovechando que su propietaria se había ido unos días al Pirineo.

Unos y otros exigen más seguridad, pero reconocen que la usurpación de viviendas es un problema que requiere soluciones que van más allá de la intervención policial o judicial, aunque estas sean las primeras que reclaman quienes la sufren por la inseguridad que se crea.

En las últimas semanas se han ocupado de manera ilegal 5 viviendas unifamiliares en Cadrete. El municipio se ha movilizado para evitar esta situación que ha creado inseguridad y ha hecho que más de un vecino no quiera salir de vacaciones por miedo a que ocupen su casa. Heraldo TV ha hablado con uno de estos 'okupas'.

Marga, una cadretina que hace poco vio cómo sus actuales vecinos okupas saltaban a su jardín y lo utilizaban como vía de escape para huir de la Guardia Civil, lo tiene claro: "Hemos pedido la instalación de cámaras y la creación de un cuerpo de Policía Local, pero también exigimos la corresponsabilidad de los bancos, los grandes tenedores de bienes inmuebles y de las compañías eléctricas en la solución del problema", afirma.

El chalé contiguo al suyo es uno de los que se quedó la Sareb por una ejecución hipotecaria y se puso a la venta por300.000 euros. Pero, tras varias okupaciones y un evidente deterioro no paliado por la dejadez del propietario, probablemente valga mucho menos, aunque el precio no se ha rebajado. Ahora tiene nuevos inquilinos y, a pesar de que intentan pasar desapercibidos, la sensación de inseguridad permanece.

Alberto Martínez, uno de los organizadores de la protesta del domingo y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento por Cs, dice que creen que están realquilados y que probablemente paguen un dinero a la persona que ocupó la vivienda. Los afectados sospechan que hay una mafia o grupo organizado que se está dedicando a localizar propiedades susceptibles de ser okupadas, revientan la puerta y la ‘ceden’ a los nuevos inquilinos a cambio de 600 euros. Eligen preferentemente las que son de bancos o fondos, pero en Cadrete hay una finca de 4.000 metros cuadrados, chalé de tres plantas, dos piscinas y una pista de tenis propiedad de una persona física que está luchando por recuperarla.

"Los okupas dicen que se han metido para proteger a sus hijos de lacovid y porque no tienen trabajo, pero eso le pasa a mucha gente y no va apropiándose de casas ajenas", resalta.

El uso de niños es una nota que se repite. "Conocen la ley y la utilizan a conveniencia", coinciden Alberto y Marga. De la misma opinión es María Ángeles Campillo, alcaldesa de Cadrete (PP). Por esa razón, consideran fundamental un cambio legislativo.

Actos que quedan impunes

"Es un fenómeno que se está produciendo en toda España y hay que atajarlo. Saben que sus actos no tienen consecuencias y quedan impunes, con lo cual salen de una vivienda y se meten en otra", señala Campillo. En algunos casos, apunta Marga, cuando llega el momento del desalojo entregan la llave a cambio de que se retire el procedimiento judicial. Después buscan otra casa y vuelta a empezar.

Así lo están haciendo los inquilinos de un bloque de pisos del casco histórico de Cadrete en el cual solo hay tres ocupados legalmente por propietarios que invirtieron ahí sus ahorros y ahora viven un infierno. "Los okupas utilizan las zonas comunes como quieren, llenan la piscina cuando les da la gana porque no pagan el agua, tienen perros peligrosos, apesta a marihuana y vertidos, no sabemos a qué se dedican y los vecinos se sienten intimidados. Llegaron hace ocho años y cuando viene la Guardia Civil a lanzarlos ya se han ido de ese piso y se han metido en el de al lado", cuenta la alcaldesa. Todos esperan que la Delegación del Gobierno en Aragón autorice instalar cámaras e incremente la presencia de la Guardia Civil, mermada de efectivos y que ahora tiene cerrado el cuartel de Casablanca por la tarde.

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