El Ayuntamiento de Zaragoza avisa a quienes no registren el ADN de sus perros de que se exponen a sanciones

Tras un año de periodo de gracia y tres meses de prórroga por la pandemia, ya es obligatorio que los todos los perros de la ciudad tengan registrado su ADN. De momento, los propietarios de 15.570 mascotas han cumplido con este nuevo requerimiento. Sin embargo, esta elevada cifra todavía está lejos de la población total de canes, que en Zaragoza se estima en más de 40.000. Por ello, el Ayuntamiento de la capital ha empezado a remitir una carta a los incumplidores para que tengan en cuenta que se exponen a sanciones económicas.

La ordenanza de protección animal que entró en vigor en mayo del año pasado contemplaba, entre otras novedades, la obligación de registrar el ADN de todos los perros. Se busca con ello actuar contra los 700 abandonos que hay cada año en la ciudad y evitar el maltrato, después de que el microchip se haya demostrado ineficaz, ya que muchos desalmados terminaban arrancándolo.

Extracción de sangre

Ahora los propietarios deben acudir al veterinario para que le extraiga una muestra de sangre al animal, normalmente, aprovechando la visita anual para el suministro de la vacuna de la rabia. En Zaragoza, según los registros de vacunación, existen unos 40.000 perros, por lo que todavía quedaría por registrar el 60% de la población canina de la ciudad.

En cualquier caso, los profesionales valoran positivamente la respuesta, en especial en los últimos tres meses, ya que de los 15.570 registros, un total de 6.269 se han formalizado desde mayo. "Hace un año no esperábamos una cifra tan elevada, pero los propietarios son cada vez más conscientes y responsables", señala Luis Javier Yus, gerente del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza.

Este colectivo está siendo fundamental para la concienciación de los ciudadanos, ya que muchos desconocen la nueva normativa o la rechaza. Hay que tener en cuenta que el proceso conlleva un coste de entre 40 y 50 euros que no está subvencionado.

Periodo estival

Tras la aprobación de la ordenanza, el Ayuntamiento concedió un año para que los propietarios regularizaran la situación de sus perros. El plazo expiró en plena crisis sanitaria, por lo que se decidió prolongarlo hasta un mes después de que concluyera el estado de alarma. Es decir, desde el pasado 21 de julio ya deberían estar todos registrados.

A partir de ahora, los propietarios se exponen a multas de entre 50 y 250 euros, aunque desde el Consistorio explican que, dada la actual situación y el periodo estival, se va a llevar a cabo una "fase de adaptación" en la que no se pondrán en marcha campañas específicas de control para sancionar a todo aquel que no haya cumplido con la ordenanza.

El objetivo es que aquellos ciudadanos que aún no lo hayan hecho registren el ADN de sus perros a lo largo del verano, ya que en septiembre sí se prevé un control policial más férreo. De ahí que el Consistorio haya apostado por advertir por carta a los propietarios que, según el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Aragón (Riaca), todavía no han cumplido con sus obligaciones.