El registro obligatorio del ADN apenas logra muestras del 9% de los perros de Zaragoza en siete meses

El registro obligatorio de ADN ha logrado 4.800 muestras de perros de Zaragoza desde que la nueva ordenanza, aprobada en mayo, impuso este trámite. Son apenas el 9% de los 55.000 canes que se estima que viven en la ciudad, cifras que se alejan del objetivo de lograr el control genético de la mayoría de ellos tras el primer año de funcionamiento. La medida busca frenar el maltrato animal y el número de abandonos, pero el Ayuntamiento no subvenciona el coste económico para los propietarios –entre 40 y 50 euros según el veterinario elegido–, lo que está limitando su eficacia.

La ordenanza de protección animal que entró en vigor el pasado mes de mayo contemplaba, entre otras novedades, la obligación de registrar el ADN de todos los perros de la capital aragonesa. Se busca con ello actuar contra los 700 abandonos que hay cada año en la ciudad y evitar el maltrato, después de que el microchip se haya demostrado ineficaz para estos cometidos, ya que muchos desalmados terminaban arrancándolo.

Ahora los propietarios deben acudir al veterinario para que le extraiga una muestra de sangre al animal, normalmente, aprovechando la visita anual para el suministro de la vacuna de la rabia. El año pasado, de los 55.000 perros que se calcula que hay en Zaragoza, 43.535 fueron vacunados.

A la hora de registrar el ADN, los profesionales dan por perdidos esos casi 12.000 perros de diferencia que de forma habitual no cumplen con las exigencias legales, pero preocupa la baja concienciación entre el resto. «Hay propietarios que te dicen que están encantados con la medida, pero otros se muestran en contra y se rebelan contra esta obligación», explica Luis Javier Yus, gerente del Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza.

Pese a que el anterior equipo de gobierno de ZEC, impulsor de la ordenanza, cifró inicialmente el coste económico de llevar a cabo la prueba en 15 euros como máximo, lo cierto es que el gasto real que deben afrontar los propietarios oscila entre los 40 y los 50 euros según el centro veterinario elegido. Esta parece ser una de las barreras que se están encontrando los profesionales. «Nosotros no somos policías, les informamos de la obligación del registro, pero no vamos a forzar a nadie a cumplir la legislación», explica Yus, que deriva dicha responsabilidad al Ayuntamiento.

Censo animal

Las muestras de sangre para el control del ADN, tras ser enviadas al laboratorio, se incorporan al Registro de Identificación de Animales de Compañía de Aragón (Riaca). El control del número preciso de mascotas es muy importante tanto para las administraciones como para los profesionales del sector, que reclaman mejorar el censo. Por ejemplo, según los datos actuales, en Zaragoza hay 77.342 perros, pero en 2018 solo se vacunaron 43.535. La estimación es que, en realidad, hay 55.000 perros en la ciudad. Por lo tanto, más de 22.000 o habrían muerto o se habrían trasladado a otra comunidad autónoma sin cumplir con la obligación de notificar dichos cambios.

Para evitar estos desfases, el gerente del Colegio de Veterinarios apuesta por crear una tasa por tenencia de animales domésticos. «No es lo más popular pero sí sería eficaz. Si se muere una mascota y te siguen pasando el recibo anual, te preocuparás de notificar su baja», explica. En cualquier caso, el ámbito urbano suele presentar un mayo control que el rural, donde según los profesionales, los propietarios son más reacios a acudir al veterinario.

"La extracción de sangre es indolora y se hace en un minuto"

Desde que el pasado mes de mayo entrara en vigor la obligación de registrar el ADN de los perros de Zaragoza, los veterinarios de la ciudad se han convertido en la punta de lanza del programa, ya que son los encargados de hacer la extracción de sangre que luego se remite al laboratorio. Además, estos profesionales tienen que hacer una importante labor pedagógica y de concienciación, ya que la mayoría de los propietarios desconoce la nueva normativa o la rechaza.

«Tenemos carteles y explicamos a los clientes cuando vienen que es un proceso obligatorio, cómo funciona y cuál es el objetivo», señala Carlota Segura, veterinaria de la clínica Kivet, en el barrio del Actur. Sin embargo, reconoce que en estos primeros meses de aplicación, la medida está encontrando cierto rechazo, fundamentalmente por el coste económico, que no está subvencionado por el Ayuntamiento. «Hay quien piensa que no será efectivo y que es un gasto que no quieren asumir», comenta.

En cualquier caso, y al margen del coste, el procedimiento en sí es muy sencillo. «La extracción de sangre es indolora para el perro y se hace en un minuto», detalla su compañero Pedro Lara.

La muestra se remite entonces al laboratorio, que tarda unos 20 días en analizarla. Desde el Colegio de Veterinarios revelan que apenas el 2% se devuelven por mal estado o cantidad insuficiente.