La DGA ultima la propuesta de Juegos que remitirá al COE
El Ejecutivo aragonés apura las opciones para conseguir un reparto de las pruebas equilibrado.
Comienza una semana clave para saber si el sueño olímpico sigue vivo. El Gobierno aragonés ultima la propuesta con un reparto equilibrado de pruebas entre Aragón y Cataluña que remitirá al Comité Olímpico Español (COE) con el objetivo de que la candidatura a organizar los Juegos de Invierno de 2030 se desarrolle, de verdad, «en pie de igualdad».
Será el consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno aragonés, Felipe Faci, el encargado de entregar en mano la propuesta al presidente del COE, Alejandro Blanco. Acudirá a la misma sede en la que el COE y la Generalitat validaron, junto al Gobierno central, el documento que elaboró la comisión técnica y que sitúa seis disciplinas en cinco espacios del Pirineo catalán y solo dos en el valle del Aragón, en Candanchú.
Aragón exigirá que también se desarrollen pruebas en Cerler y Formigal, para que los tres valles se puedan benefician de los Juegos. En los dos hay tradición de realizar este tipo de pruebas, tienen pistas acondicionadas y las inversiones realizadas en los últimos años, 23 millones en las dos últimas temporadas, las sitúan entre las más modernas de España.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha cuestionado que el reparto de disciplinas responda a condiciones técnicas. Tanto Formigal como Cerler disponen de capacidad técnicas y organizativa para acoger pruebas como el esquí alpino, la joya de la corona de los Juegos que se adjudicó a La Molina-Masella, y el snowboard o el freestyle, que se concedió a Baqueira.
No quiere tocar ni una coma la Generalitat de una propuesta que le satisface, pues garantiza pruebas en tres de sus valles y las modalidades con mayor proyección.
Está previsto que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, firme hoy el decreto de impulso de la convocatoria de la consulta sobre la candidatura para albergar en los Pirineos los Juegos Olímpicos de Invierno 2030. Después la firma, la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, y la de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Victòria Alsina, explicarán la logística. Con la firma de Aragonès, se aprobará la iniciativa institucional para convocar una consulta popular no refrendaria, que comprenderá como mínimo las comarcas catalanas de Alto Pirineo y Arán.
A continuación, habrá un plazo máximo de 90 días para firmar un segundo decreto, en este caso para convocar ya formalmente la consulta, un decreto que deberá publicarse entre 30 y 60 días antes de la celebración y en el que sí deberá constar también la pregunta concreta, el censo y la fecha.
Parece un tiempo más que suficiente, si el COE quiere, para analizar la propuesta aragonesa, que la DGA tiene previsto entregar esta semana.
