Gobierno de Aragón, agricultores, ganaderos, afectados por las riadas y ecologistas han presentado alegaciones contra el plan hidrológico del Ebro para el periodo 2021-2027, que avala Yesa, Mularroya, Santolea y Almudévar, pero aparca 36 obras y veta la construcción de nuevos embalses.

El Ejecutivo aragonés considera imprescindible defender la reserva estatutaria de 6.550 hectómetros cúbicos que reconoce el Plan Hidrológico Nacional, impulsar las obras hidráulicas más allá del 2027 y ampliar la superficie de regadío, petición que comparte con la Federación de Regantes del Ebro y que contrasta con las aspiraciones de colectivos como la red de organizaciones en defensa de la cuenca del Ebro Cuenca Azul, que recuerda en el documento enviado al Ministerio para la Transición Ecológica que los regadíos, junto al resto de actividades agropecuarias, constituyen la principal fuente de contaminación difusa.

Para el Ejecutivo aragonés, la planificación "realista" hasta 2027 del Ejecutivo central no debería cerrar la posibilidad de ejecutar nuevos embalses en los próximos ciclos de planificación, de ahí que haya propuesto un cambio de redacción "de forma que no se excluya la construcción de otras obras de regulación en el futuro".

Respecto a los nuevos regadíos, incide en la necesidad de incorporar ocho proyectos más de los que contempla el Ministerio, que supondrían la transformación de secano a regadío de 20.337 hectáreas y cuya tramitación está ya muy avanzada. Entre ellos estarían el anteproyecto de transformación en regadío de los riegos sociales de La Litera Alta, en Huesca, el de Sobrarbe o el que se ejecutaría en los términos municipales de Fraga y Torrente de Cinca, entre otros.

En materia de limpiezas, la DGA pide que se flexibilice el marco de autorización para pequeñas actuaciones, apostando por la declaración responsable y solicitando una remisión a lo que disponga para estos casos la legislación aplicable a los espacios protegidos. En esta línea, la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro, Asafre, urge a limpiar y adecuar el cauce del Ebro y eliminar las islas de grava con dragados puntuales. El objetivo último sería que el río volviese al estado que presentaba en 1980, con una capacidad de 3.000 metros cúbicos por segundo que minimizaría las consecuencias de las riadas ordinarias y extraordinarias.

Para UAGA, debe priorizarse el regadío para hacer frente a la escasez de precipitaciones por el cambio climático. Agricultores y ganaderos creen que, en este contexto, "será fundamental". Defienden, asimismo, la agricultura de ribera "ante la propuesta de extender el dominio público hidráulico, imponiendo limitaciones a los cultivos y plantaciones", así como una "clara prioridad" del agua para los usos ganaderos "en casos de escasez" debido a su "mayor utilidad pública y sostenibilidad ambiental".

Seguridad hídrica

Por su parte, la Federación de Regantes del Ebro incide en "tomar cuantas medidas resulten necesarias" para alcanzar la seguridad hídrica de la actividad socioeconómica que se realiza en el campo. En sus alegaciones, muestra su apoyo a las medidas que buscan economizar el uso del agua, pero rechaza "frontalmente" que se reduzcan las dotaciones actuales "bajo la excusa de una afección por llegar del cambio climático o de estudios agronómicos de cultivos que no sean los que se produzcan en 10 o 15 años".

Para el colectivo, no corresponde a la planificación hidrológica "congelar las prácticas agrarias" de determinadas zonas regables. Y con respecto a las infraestructuras, insiste en incorporar al programa de medidas "la construcción del embalse de Biscarrués" –anulado por el Tribunal Supremo– y otras obras previstas inicialmente en el plan 2016-2021.

Para Cuenca Azul, sin embargo, las demandas de regadío "benefician a un sector muy reducido de la población que aporta generalmente un limitado valor añadido". Pese a tener ventajas desde el punto de vista productivo, considera que "entre ellas no figura la disminución del consumo de agua". "Las modernizaciones se presentan como la bala de plata que, sin mayor justificación, reducirá a la vez el consumo de agua y la contaminación difusa", argumenta.

Cuestiona, además, el recrecimiento de Yesa, respaldado por el Ministerio en el plan. A este respecto, critica que el Ejecutivo central haya actuado en los últimos años "unas veces ocultando la realidad y otras, infravalorando lo que podría ocurrir". Dice, asimismo, que el proyecto "no es necesario para satisfacer unas demandas razonables, presentes y futuras, de regadío". "Es una solución inadecuada o incluso contraproducente dentro de las estrategias de adaptación al cambio climático", agrega.

Para los ecologistas, cada una de las medidas del plan que tenga un importe relevante debería someterse a un estudio de recuperación de costes específico.

Depuración y contaminación

Entre otros asuntos recogidos en las alegaciones del Gobierno de Aragón, regantes y afectados por las riadas aparece la depuración. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente insta a establecer expresamente criterios para los tratamientos de depuración de los pequeños núcleos de población, que suponen "un reto importante de recursos económicos no solo para su construcción, sino para su adecuada explotación".

En cuanto a la contaminación difusa, los regantes defienden que la modernización y una mayor tecnificación "permite una mejor gestión", mientras que desde Cuenca Azul se cree imprescindible establecer "medidas básicas apropiadas" que vayan más allá de los códigos de buenas prácticas.