La DGA suma 108,5 millones hasta julio por Sucesiones y ya supera la previsión del ejercicio
Hacienda lo justifica por la moratoria en la liquidación, la aportación de patrimonios altos y la labor de los inspectores. Los ingresos no financieros se disparan en 185,8 millones mientras crecen los créditos y se reduce el ritmo inversor.
Los ingresos del Gobierno de Aragón van como un tiro y al cierre del mes de julio ya se llevaban contabilizados 3.183 millones de euros, 185,8 más que en el mismo periodo de 2020, sin tener en cuenta los créditos solicitados. La recuperación económica ha permitido que crezcan porcentualmente tanto los impuestos directos, indirectos y las tasas como las transferencias, salvo las corrientes. Y el tributo que bate récord es el de Sucesiones y Donaciones, hasta el punto de superar las expectativas del propio cuatripartito. En siete meses, los derechos reconocidos alcanzan los 108,5 millones de euros, una cuantía con la que se supera la presupuestada para todo el ejercicio, fijada en 105,5.
Fuentes oficiales de la Consejería de Hacienda señalaron que los ingresos no financieros han rebasado las previsiones porque las cuentas se elaboraron de forma «prudente» y la recaudación se está recuperando gracias a la positiva evolución económica.
En el caso de Sucesiones, tiene su propia casuística y, como vienen repitiendo desde que se desbocó en el primer trimestre, lo achacan a un conjunto de factores, en el que no incluyen que se presupuestara muy a la baja ni que esté relacionado con una mayor mortalidad por la covid. Su explicación es muy sencilla: semejante crecimiento se justifica fundamentalmente por la acumulación de autoliquidaciones como consecuencia de la moratoria en el pago que se acordó el año pasado ante las restricciones de actividad por la pandemia.
El periodo vigente es de seis meses contados desde el día de fallecimiento o desde que adquiera firmeza la declaración, pero el año pasado no empezaron los plazos a contar hasta el otoño. A este efecto se suma el fallecimiento de personas con patrimonios altos y que sus herederos no hayan podido acogerse a la exención que se amplió en la pasada legislatura, de 150.000 a 500.000 euros entre padres, hijos y cónyuges. Y, por último, también se debe a la labor de inspección del personal de Hacienda, que con dos expedientes lograron once millones.
La mayor actividad económica explica de forma directa que los derechos reconocidos por el impuesto de Transmisiones haya crecido de una forma más que sustancial. Este se liquida cuando se venden bienes, como es el caso de los pisos, cuyo mercado vive un importante crecimiento. La cuantía hasta julio alcanzaba los 82,9 millones, un 86% de lo presupuestado para todo este año, mientras que en el mismo periodo de 2019 no llegaba a 56. Y el hecho de que los locales de juego hayan recuperado la normalidad, tras meses de cierre en 2019, está detrás de que se hayan duplicado con creces los derechos de cobro por la tasa que grava su actividad: de 7 a 16,4 millones.
También se comporta positivamente el Impuesto de Contaminación de las Aguas, dado que los recibos emitidos ascienden a 32,88 millones, el 47% del previsto, cuando en julio del año pasado se limitaba a 25,75 millones
No obstante, las diferencias se diluyen con los impuestos de mayor peso en las cuentas: el IRPF, 920,2 millones; el IVA, con otros 641,49 y los especiales, 300.
La mayor inyección extra a las arcas de la DGA procede de las transferencias corrientes y de capital, con 171 de los 185 millones, hasta llegar a sumar unos derechos reconocidos por ambos conceptos de 928 millones.
Al mismo tiempo que los ingresos no financieros crecen, lo hace el endeudamiento, ya que la DGA ya ha contraído créditos por 934,8 millones, 36,7 más que hace un año. Desde Hacienda indicaron que deben hacer frente a los abultados gastos generados por la pandemia sin los fondos del año pasado y de ahí que el déficit autorizado para este año sea del 1,1%, ligado directamente al crecimiento de la deuda.
Y la ecuación presupuestaria se cierra con las inversiones, con un menor ritmo hasta el momento pese a disponer de muchísimos más fondos (761,3 millones frente a 542,8 en 2019). De hecho, la ejecución ha vuelto a caer y en los siete primeros meses solo se había comprometido el 11,5%, siete puntos menos que en 2019, que a su vez se contrajo en otros dos.
Lo que sigue subiendo es el pago de nóminas (1.401 millones, 61 más) sin que el gasto corriente sufra la misma tendencia (877 millones, 75 menos).
