Hasta la fecha, dadas las restricciones a la movilidad, no se habían dado muchos casos, pero con el verano, las vacaciones y la extensión de la quinta ola han comenzado a aflorar. Se trata de personas que se han contagiado de covid fuera de su comunidad autónoma y que se sorprenden al ver que los sistemas de salud de sus lugares de origen no registran automáticamente que han sufrido la enfermedad. El contagio sí figura como un nuevo positivo en la localidad en la que se produjo, pero no pasa directamente a formar parte del historial clínico del paciente. 

En el caso de Aragón sucede, sobre todo, en relación a las comunidades limítrofes y en los lugares donde las segundas residencias son más habituales: la Costa Dorada, algunos términos de Soria, otros de Navarra… Desde el área de Sanidad del Gobierno de Aragón confirman que las comunidades autónomas no comparten una base de datos común en lo referente a la covid y muchos usuarios consideran que lo deseable sería que el Ministerio de Sanidad articulara un sistema para poder compartir y gestionar esta información. La DGA aclara que lo que deben hacer estos pacientes es reunir los documentos que acrediten que se han contagiado en otra comunidad y, una vez pasada la obligada cuarentena, acudir a su médico habitual (el de cabecera de su centro de salud) con el justificante para que el facultativo lo incorpore a su historial clínico. 

Así, los pacientes tienen que ser proactivos e ir motu proprio a informar a su centro de salud para que su caso quede registrado también en su comunidad de origen. Solo de esta manera se podrán seguir los protocolos habituales y, por ejemplo, se les suministrará solo una dosis de la vacuna para poder acceder al pasaporte covid. Este caso no figuraría como un nuevo contagio en la comunidad de origen (dado que ya se contabilizó en el lugar de vacaciones) pero sí quedaría registrado para evaluar su desarrollo.

Esta falta de comunicación entre administraciones ha sido muy criticada por algunos consejeros y se ha puesto sobre la mesa en más de una reunión del Consejo Interterritorial de Salud para buscar una solución a nivel nacional. Se trató, sin ir más lejos, a comienzos de verano cuando se planteó también la posibilidad de vacunar a quienes estuvieran de vacaciones en otras regiones. Una de las claves es lo que los expertos llaman la ‘interoperabilidad’ de los distintos sistemas sanitario que, por ejemplo, permite a los usuarios aragoneses que recojan sus recetas electrónicas en farmacias catalanas o riojanas, pero en lo relativo a la pandemia las comunidades no han compartido datos y, de hecho, cada cual ha registrado los casos y los contagios según su propia metodología como mejor ha considerado. 

El Ministerio de Sanidad debería haber quedado encargado de articular una implementación informática para unificar información y criterios, pero a día de hoy aún no existe una base de datos común, a pesar de que el Centro Nacional del Epidemiología y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias cuentan entre sus misiones con la de coordinar la gestión de la información de manera integrada y homogénea.

Dado que la gran mayoría de la población adulta para el pasado mes de julio ya tenía la pauta completa, las situaciones más frecuentes de estos casos se está dando entre adolescentes que, por ejemplo, han ido a pasar unos días al pueblo, ubicado en alguna comunidad vecina. Desde las instituciones reconocen que en verano esta casuística se ha incrementado exponencialmente e instan a que, también por responsabilidad social, los propios pacientes contagiados informen en su centro de salud de que han pasado la enfermedad. Esta polémica se ha azuzado de nuevo de la mano de las bondades del pasaporte covid y los requisitos para obtenerlo. También, dada la pretensión -hasta que la tumbó los tribunales- de algunas comunidades como Galicia o Canarias de tener este certificado para poder acceder a restaurantes y lugares de ocio.

Las clínicas privadas

Otra derivada de la gestión de los datos es la de las mutuas privadas que están obligadas a poner en conocimiento de la sanidad pública los resultados de sus test cuando se detecta un positivo. Según fuentes del Gobierno de Aragón, estos datos sí se están recibiendo y únicamente podría dar “algún caso puntual” de mutualistas -sobre todo de laboratorios privados más que de clínicas-, cuya información no haya sido compartida. Por este motivo y por muchas otras causas, en la fila de espera de las vacunas los facultativos preguntan uno por uno a quienes van a pincharse si han pasado o no la covid, para contrastar los datos y saber si deben recibir una o las dos dosis.

Más común que todas las anteriores es la situación que se da entre los positivos detectados con un test de antígenos (y no por PCR) y que no han podido vacunarse completamente ni obtener por tanto un certificado covid. Se calcula que en Aragón son unas 13.000 personas las que se hallan en este limbo, calificado por los afectados de “discriminatorio” puesto que les priva de viajar (sin sobrecostes) o participar en algunas actividades. Aunque es la Unión Europea la responsable del pasaporte covid y la que obliga entres sus requisitos a que el diagnóstico sea mediante PCR, el Gobierno de Aragón ha habilitado lo que han dado en llamar 'certificado de recuperación' para aquellas personas que se encuentran en los 180 días posteriores a haber sido confirmados como positivo a través de un test de antígenos.